Actos arbitrarios

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

De un Estado de arbitrariedad, de inseguridad y usurpación, las sociedades modernas han avanzado a un Estado democrático y constitucional de derecho con seguridad jurídica, en donde la soberanía reside efectivamente en el pueblo. Los funcionarios y empleados son representantes del soberano que no pueden tomar decisiones abusivas o sin ley. Cualquier poblador, por lo tanto, puede prever los actos de los funcionarios y las consecuencias, y puede ajustar su conducta a ese conocido futuro.

La Constitución declara que nuestro sistema es democrático, de derecho, con seguridad jurídica y la soberanía reside en el pueblo, siendo los funcionarios únicamente delegados que no pueden tomar más facultades que las que expresamente les da la ley.

La actividad de la administración solo puede fundamentarse en atribuciones regladas o discrecionales concedidas por la ley. Las primeras son aquellas facultades específicamente determinadas. Las segundas aquellas que conceden al funcionario un margen para decidir dentro de ciertos parámetros o límites.

No obstante, en El Salvador muchos funcionarios y empleados, en la práctica, usurpan la soberanía popular y usan los escritorios como trincheras o cuarteles, para combatir el poder del pueblo e imponer su voluntad y no la de la ley, que es voluntad popular. De la soberanía popular que declara nuestra Constitución, se desea mantener o pasar por algunos a la soberanía de los escritorios.

Sucede que muchas gestiones y diligencias que deben hacerse para cumplir con obligaciones legales o para gozar de ciertos derechos se vuelven una batalla titánica contra el capricho y veleidades de algunos empleados y funcionarios.

Por ejemplo en muchas oficinas públicas del Estado o los municipios, los ciudadanos enfrentan cada día situaciones que lejos de facilitar y hacer expeditos los trámites, los hacen muy complicados o con pérdidas de tiempo y dinero.

Hay oficinas que exigen documentos fuera de la ley, por ejemplo fotocopias de NIT y DUI, pues ya están relacionados en el correspondiente documento que se presenta o en algunos casos en los registros que disponen las propias instituciones.

Exigen poderes especiales en trámites que pueden efectuarse mediante poder general. Piden mencionar determinadas palabras, rituales o estilos, como condición para que el hechizo del mágico funcionario tenga éxito: Señora por señor, autorizo en vez de faculto, para declarar, liquidar y pagar en vez de decir: para cumplir las obligaciones tributarias, con tinta negra y no en azul o rojo, la firma al medio y no al final, al final y no al medio, con copia adicional a las de la ley, etc. Exigen escrituras públicas cuando la ley permite hacerlo en cartas o documentos privados autenticados.

En muchas oficinas se niegan a recibir escritos o demandas, fuera de los casos permitidos por la ley, cuando la regla es que de acuerdo con el derecho de petición deben recibirlo y posteriormente contestar por escrito. En otros lugares los funcionarios no se ponen de acuerdo, y según el turno, unos deciden negar el servicio y otros concederlo, o unos piden ciertos documentos y otros no. En algunas alcaldías cuando se solicita solvencia y no hay mora, pero el contribuyente tiene el mismo o parte del nombre de otro ciudadano, debe presentar una declaración jurada ante notario de que no es el mismo y aunque les conste la diferencia de números de DUI y NIT.

En fin, advertimos violaciones a la ley, arbitrariedad, falta de idoneidad, negligencia, leyes difusas y contradictorias, trámites sumamente engorrosos y eternos, que contradicen el sistema constitucional, por lo que hay que tomar medidas urgentes. Existe un olvidado dicho que expresa: “Donde se hace cola, hay corrupción”. Recuerden también que la tramitación complicada disuade la inversión. Se necesitan elaborar manuales de procedimiento, formatos comunes, requisitos, todos con respaldo legal y una ley de eliminación de papeles y trámites burocráticos.