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El Tribunal Supremo Electoral adelantó la convocatoria de elecciones para los ciudadanos capaces de votar, sin realizar las reformas necesarias para adaptar el sistema electoral a los datos de población surgidas a partir del Censo.
El último Censo de Población y Vivienda se realizó en mayo de 2007 y estableció variaciones en los datos de población en las diferentes circunscripciones territoriales.
El Censo de Población tiene importancia para definir el número de concejales municipales y el número de diputados de cada circunscripción territorial. Precisamente la Constitución establece que la base del sistema electoral es la población y que el territorio de la república se organizará en circunscripciones electorales. De ahí que si la convocatoria se hace sin atender el último censo, las elecciones no se fundamentarían en la realidad poblacional y por tanto no tendrían respaldo constitucional.
El TSE ha dicho que no puede aplicar el censo porque no ha sido publicado en el Diario Oficial. Tal afirmación no parece tener fundamento legal.
El artículo 13 de la Ley Orgánica del Servicio Estadístico establece que los resultados deben ser publicados no más de dos años después de su levantamiento. El artículo 20 expresa que la Dirección General de Estadística y Censos editará las siguientes publicaciones: Anuario General de Estadística, Revista y Boletines periódicos y todas aquellas que sean convenientes para la mejor información pública de las actividades estadísticas del país y para el canje nacional e internacional.
Es decir que la publicación del censo debe hacerse sin mayores requisitos formales, basta hacerlo a través de los medios que especialmente ha dispuesto la Ley Orgánica.
Tampoco es necesario decreto ejecutivo de formalización del censo. La misma ley establece que el Poder Ejecutivo deberá decretar el día del empadronamiento, pero no requiere decreto para los resultados, siendo atribución de la Dirección General de Estadística y Censos su publicación y sin hacer uso de expresiones normativas formales, porque no dispone nada y solamente informa.
Por ello no es aplicable el artículo 6 del Código Civil que establece que la ley, los reglamentos, decretos y demás disposiciones de carácter general, emanados de la autoridad legítima en el ejercicio de sus atribuciones, deben publicarse en el Diario Oficial.
El comportamiento del TSE confirma la necesidad urgente de practicar varias reformas al Sistema Político Electoral. Uno de esos asuntos olvidados y para los que no hay tampoco argumentos convincentes es el del voto de los salvadoreños en el exterior, ya que es inaceptable e injusto que un país como el nuestro dividido casi en dos partes, pues muchos ciudadanos residen en el exterior, principalmente en Estados Unidos y que envían remesas a nuestro país, por un monto aproximado de tres mil millones de dólares anuales, con lo cual contribuyen a nivelar nuestra maltratada economía, no puedan ejercer el sufragio.
Otro aspecto pendiente es el voto residencial o domiciliario que permita al ciudadano votar en la mesa electoral más cercana a su domicilio para facilitar el ejercicio del sufragio.
Hay que recordar también el referéndum como el instrumento democrático por excelencia, el cual está incorporado y se ejerce e incluso en países que se les considera autocráticos.
Es inconcebible cómo las fracciones de algunos partidos políticos logran rápidamente ponerse de acuerdo en la Asamblea Legislativa para aprobar leyes en una sola noche con evidentes vicios de inconstitucionalidad, como la Ley de Integración Monetaria, los fideicomisos, la creación de tribunales especiales, etcétera, y transcurren años sin obtener consensos políticos para aprobar reformas sustanciales al Sistema Político Electoral, que marcarían un avance sustantivo en la conformación de lo que debe ser una democracia participativa en el país.
Definitivamente, el pueblo salvadoreño necesita señales positivas ahora y no promesas. Igualmente más acciones que generen confianza y no dudas.
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