Impunidad y desempleo en informes del PNUD

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

En junio de 2007 el PNUD presentó el Informe “Deficiencias policiales, fiscales y judiciales en la investigación y juzgamiento causantes de impunidad”. El informe estuvo basado en el estudio de los homicidios ocurridos en el año 2005 en las ciudades de San Salvador, San Miguel y Santa Ana.

El propósito principal fue identificar las deficiencias que producen impunidad y evidenciar las discrepancias estadísticas entre la Policía (PNC), la Fiscalía (FGR) y el Instituto de Medicina Legal (IML), sobre la cantidad de homicidios cometidos.

Cumpliendo los estándares que caracteriza el organismo internacional, se siguió un riguroso método de investigación consistente en el estudio de cada uno de los expedientes fiscales y judiciales, que reflejaron estos resultados dramáticos: a) que el 85.79% de los casos no fue llevado al juez debido a que la Fiscalía y la Policía no identificaron a ningún sospechoso de los crímenes; es decir, que solo en el 14.21% se presentaron requerimientos fiscales; b) que del total de homicidios apenas el 3.8% fueron esclarecidos y los autores recibieron condenas; a la inversa, que el 96.2% quedó impune; y c) que en el IML se registraron 1,020 homicidios; en la FGR 765 y en la PNC 782, en el período y los lugares citados.

Se identificaron las deficiencias en cada una de las instituciones vinculadas al enjuiciamiento de los criminales y se hicieron propuestas concretas para superar tales deficiencias, entre otras, mejorar la coordinación para investigar, cumplir con la dirección funcional asignada a la Fiscalía, implementar un eficaz control de calidad de las actuaciones y suscribir un pacto que permita superar las confrontaciones institucionales entre fiscales, policías y jueces, para reducir los alarmantes índices de impunidad.

En julio del presente año, el PNUD hizo público el Informe sobre Desarrollo Humano, con especial énfasis en el empleo de los salvadoreños y las salvadoreñas.

Los resultados de la investigación en este campo también son dramáticos: a) que apenas el 20% tiene un “trabajo decente”, aquel que la OIT define como el que provee un salario justo, protección social para el trabajador y su familia, seguridad en el lugar del trabajo y trato igualitario entre hombres y mujeres; b) que el 43% está subempleado, identificando a este sector como aquellos que por falta de oportunidades trabajan en cualquier actividad, aunque se obtenga menos del salario mínimo, trabaje menos horas que una jornada completa, no alcance para mantener a la familia, ni para satisfacer las necesidades básicas y carezca de acceso de las redes de la seguridad social; c) que el 31% aunque tiene ingresos superiores al salario mínimo no alcanza a cubrir los costos de la canasta básica y carece de seguridad social; d) el 7% está desempleado y no encuentra trabajo. Esta última cifra, dice el informe, mueve a engaño, puesto que tal porcentaje podría equipararse a los de naciones avanzadas, pero oculta las condiciones negativas de la subutilización laboral del 74% que tiene que “rebuscarse” (palabra empleada en el informe) trabajando en lo que sea o emigrar a otro país.

Una de las propuestas más destacadas del informe es el Pacto Nacional de Empleo y Cohesión Social, que invita a toda la sociedad a construir el país que queremos, partiendo de la necesidad de cambios de la realidad actual y citando a Einstein afirma: “Es imposible hacer más de lo mismo y creer que con ello se cambiará la realidad”.

Los dos informes del PNUD fueron recibidos por algunos funcionarios de gobierno de manera diferente: el primero, con rechazo impulsivo e irracional; el segundo, con silencio casi absoluto. Pero en ambos casos, es necesario hacer realidad esos eslóganes de “país seguro” y “país de oportunidades”. Es indispensable retomar con humildad los pactos propuestos y superar los graves problemas.