La justicia y la víctima del delito

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

El interminable debate sobre quién tiene la responsabilidad institucional en el incremento delincuencial y la impunidad nos lleva siempre al punto de partida, sin dar pasos significativos hacia adelante.

Desde el presidente de la República y los funcionarios encargados del área de seguridad, se tiene la visión de que el problema reside en las leyes y los jueces. Mientras que para los jueces vinculados al ámbito penal, las principales causas son las deficiencias en la investigación del delito y la fragilidad probatoria con que se presentan los casos.

Es cierto que ningún país tiene la suficiente eficacia para llevar a juicio a todos los delincuentes, pero la situación nuestra es alarmante: del universo de delitos cometidos, una parte de ellos se denuncia ante la Policía o la Fiscalía, teniendo esta la capacidad de presentar ante el juez no más del 14%. El resto, pasa a engrosar el sitial de las víctimas olvidadas.

Ahora que se discute de nuevo si debe derogarse la Ley de Amnistía, hemos escuchado opiniones expresando que el sistema judicial no está preparado para asumir todas las demandas que presentarían las víctimas del conflicto armado.

Este no es el espacio destinado a dar nuestra posición sobre el tema, pero asegurar que el Estado no tiene la capacidad de asumir la investigación del delito y juzgamiento del delincuente y por ello cerrar las puertas del sistema es sencillamente negar a las víctimas el derecho humano al acceso a la justicia.

La solución no es rechazar las demandas de justicia bajo el argumento que los recursos humanos y materiales del Estado son insuficientes, sino potenciar las instituciones dotándolas de lo necesario para hacer frente al grave problema de impunidad.

Cualquiera que constate las condiciones en que se desempeñan los policías y fiscales advertirá la precariedad en la investigación del delito. No sabemos hasta cuándo entenderán los encargados de la política criminal que se pueden tener leyes y jueces excelentes pero con los mismos resultados, si las investigaciones presentan deficiencias.

Los diputados han sido inestables a la hora de introducir reformas a los códigos Penal y Procesal Penal, casi siempre escuchando únicamente la voz del Órgano Ejecutivo. A finales del año pasado con un extraño hermetismo y sin discusión previa, los titulares del Ministerio de Seguridad Pública y Justicia presentaron ante la Asamblea Legislativa un proyecto de Código Procesal Penal que causó preocupación en la comunidad jurídica.

Las asociaciones de abogados y de jueces, universidades, asociaciones dedicadas a la justicia y los derechos humanos, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y algunas fracciones políticas de forma unánime han rechazado el proyecto porque distorsiona el contenido programático de la Constitución, ya que concede al fiscal amplias facultades en perjuicio de los ciudadanos, tales como intervenir correos electrónicos y decomisar equipos informáticos sin autorización judicial o archivar los casos sin llevarlos ante un juez en detrimento de las víctimas; elimina prácticamente el rol trascendente que tiene el juez de Paz y desmonta la estructura organizativa de los tribunales, ignorando las millonarias inversiones en capacitación a policías, fiscales y jueces en el sistema vigente, bajo el paradójico argumento de encontrar un mecanismo más barato para impartir justicia.

Parece que la Asamblea ha escuchado las críticas al proyecto mencionado y se ha creado un nuevo documento más coherente con la Constitución y conserva la actual estructura de los tribunales, preservando los derechos y las garantías fundamentales de la persona humana.

En todo caso, las leyes son siempre mejorables, pero los problemas de seguridad y justicia que sufrimos seguirán iguales si no mejoran las investigaciones, si no se realiza una evaluación seria sobre el desempeño de los operadores de justicia y si persisten las tensiones entre los órganos Ejecutivo y Judicial.