Una reforma constitucional innecesaria

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

En el Diario Oficial n.º 137, Tomo 380, del 22 de julio del corriente año, publicado casi con más de un mes de retraso, encontramos el Acuerdo de Reforma Constitucional n.º 3, de 26 de junio de 2008, por medio del cual se modifica el inciso segundo del art. 56 de la Constitución. Para que dicha reforma llegue a ser efectiva, es necesario que sea ratificada por la próxima Asamblea Legislativa.

El precepto reformado, en su redacción actual, dice: “La educación parvularia, básica y especial será gratuita cuando la imparta el Estado”. El texto que se pretende que llegue a incorporarse a la Constitución, en vez del actual, dice: “La educación parvularia, básica, media y especial será gratuita cuando la imparta el Estado”. Como se ve, lo único nuevo es la adición de la educación media entre los niveles que serán servidos gratuitamente cuando sea impartida por entidades públicas.

Los rimbombantes considerandos del acuerdo de reformas hablan del “desarrollo integral de la persona”, del “bien común”, de “una sociedad más próspera y justa”, pero hemos preguntado a algunos especialistas en derecho constitucional su opinión sobre la reforma y nos responden: ¡Innecesaria! ¡Insustancial! ¡Trivial!

Así es. La reforma es totalmente innecesaria. Si los funcionarios de verdad quisieran que la educación secundaria que brinda fuera gratuita, no se necesita reformar la Constitución. Basta que lo disponga por simple acuerdo ministerial, de la misma manera que ha dispuesto la cuota a pagar en los centros de bachillerato a su cargo. Si quiere dejar el principio asentado en forma permanente, podría reformar la “Ley General de Educación”, que no establece pago obligatorio de la educación media.

En segundo lugar, es una disposición que, por sí misma, no beneficia a nadie. El número de salvadoreños que tendrá acceso a la educación media no aumentará en lo más mínimo por el hecho de que se reforme la Constitución. Para ello, el Gobierno debe aumentar la oferta efectiva de servicios educativos que brinda, crear las condiciones para que esta sea accesible a la mayoría y remover los obstáculos que lo impiden, como la alta deserción escolar en la educación básica, la falta de variedad de oportunidades educativas y la situación que obliga a tantos jóvenes a suspender sus estudios a corta edad y buscar un sustento por sí mismos.

A esto además debe agregarse que la calidad de la educación impartida por el Estado, a todo nivel, debe mejorar considerablemente; la elevada demanda de servicios educativos privados es principalmente una consecuencia de la baja calidad de los estatales.

Lo peor de todo es que la reforma es perjudicial. Los diputados creen que con una reforma que parece hecha a favor de las mayorías ganarán aceptación popular y votos en las elecciones, pero a estas alturas nadie es tan crédulo para creerles. La reforma pone en evidencia que las facultades legislativas que les han sido otorgadas por la ley primaria y el pueblo salvadoreño son utilizadas por los parlamentarios con fines publicitarios, desacreditando la Constitución.

En 25 años han sido emitidos más de 30 acuerdos de reforma constitucional y 48 artículos de la Constitución han sido reformados; y muchas de estas reformas son verdaderamente intrascendentes. Algunos reglamentos han resultado más difíciles de reformar que la Constitución.

La Constitución debe ser y parecer ante los ciudadanos que es la ley máxima de la República, la que señala las reglas fundamentales de convivencia social, con gran permanencia en el tiempo.

Esto no quiere decir que no deba ser reformada si es necesario o conveniente; pero debe ser precedido el cambio de un verdadero respeto hacia ella, que evite el menosprecio hacia el orden jurídico en general. Los diputados y sus partidos deben dar ejemplos positivos al ciudadano.