Intervenciones telefónicas

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

La necesidad de contar con recursos humanos, tecnológicos y leyes para perseguir el crimen está fuera de discusión. Nuestra sociedad está desesperada ante la delincuencia y nadie se opone a proporcionar las herramientas y los medios idóneos y suficientes para combatirla; pero estos apoyos no se reducen a la autorización constitucional de las escuchas telefónicas. Hace falta mucho más. En el informe del PNUD sobre “Deficiencias policiales, fiscales y judiciales en la investigación y juzgamiento causantes de impunidad”, los casos de homicidios presentaron estas deficiencias en la investigación: ausencia de análisis balísticos y serológicos, descoordinación entre la Fiscalía y la Policía, ausencia de búsqueda, identificación y localización de testigos por dichas instituciones y muchas más.

Todas las deficiencias contribuyen a que exista el 96% de impunidad en los delitos contra la vida y seguramente pocas o ninguna de ellas se habrían superado con intervenciones telefónicas. Los escasos y precarios recursos de la Policía y de la Fiscalía, la sobrecarga laboral del personal, la falta de capacitaciones sobre técnicas para investigar el delito y la persistente descoordinación siguen siendo los motivos visibles para entender el fracaso en materia de seguridad pública. Permitir las intervenciones de teléfonos, correos electrónicos o cualquier otro mecanismo de comunicación podría contribuir al descubrimiento de la criminalidad organizada y sus autores, frente a una población aterrorizada por los atracos al patrimonio y los homicidios cotidianos en la vía pública, en los autobuses, en las residencias; pero es probable que los delitos quedarían siempre impunes si no se hace algo más.

Apoyamos una reforma constitucional que autorice intervenir cualquier medio de comunicación escrita y telefónica cuando se investiguen delitos graves, de criminalidad organizada, de corrupción de funcionarios a todo nivel, narcotráfico, lavado de dinero y otros, con previa autorización judicial razonada, siempre que la autorización sea temporal, bajo control o participación judicial y con el deber de informar al juez sobre los resultados que se vayan obteniendo.

Debe modernizarse la investigación del delito, creando a corto plazo un sofisticado mecanismo de intervenciones a las comunicaciones de personas sospechosas de cometer delitos graves, pero antes, es indispensable utilizar eficazmente los tradicionales recursos y técnicas de investigación, potenciar la policía científica, dotar de vehículos, computadoras, papelería e impresoras; capacitar a los investigadores, superar las deficiencias y analizar las resoluciones judiciales de los casos; generar conciencia sobre el rol que juegan en la sociedad y lo que espera la víctima de un delito; aumentar el porcentaje de delitos esclarecidos y garantizar la condena de los culpables. Antes de correr, aprendamos a caminar con pasos firmes. No ilusionemos a la población con la varita mágica de las intervenciones telefónicas ni culpemos la prohibición constitucional actual de impedir el esclarecimiento de los grandes crímenes.

Pero más allá de intervenciones telefónicas, agentes encubiertos, informantes y cualquier otra técnica de investigación moderna, es vital la voluntad de perseguir las organizaciones delincuenciales al más alto nivel y por delitos no tradicionales: contra el medio ambiente, la hacienda pública, la administración pública o contra las garantías fundamentales. Hasta hoy, las cárceles están llenas de asaltantes callejeros, pequeños poseedores de drogas, agresores sexuales y homicidas por dinero. Se esperaría entonces que con la autorización para escuchas telefónicas veríamos otra clase de huéspedes en los centros penitenciarios, incluyendo aquellos que indebidamente las utilicen para fines políticos, empresariales o para entrometerse en asuntos privados.