Ley de acceso a la información para El Salvador

Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho

El miércoles pasado, FUSADES y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional hicieron la presentación pública de un proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Unos días antes, el FMLN había anunciado la presentación de su propio proyecto a la Asamblea Legislativa. No cabe duda de que la semana pasada fue una semana histórica para el avance de la democracia en El Salvador.

Ambos proyectos son buenos, aunque el primero mencionado es más completo, sistemático y armonioso con el resto de la legislación salvadoreña; en todo caso, son esfuerzos que no deben perderse y debe exigirse la pronta aprobación de la ley de la materia. Sabemos que todos los políticos decentes de este país le darán su apoyo.

La ley vendría a llenar un vacío importante en nuestro régimen de derechos humanos y traería una institución que democratizaría un bien valioso como es la información en manos del Estado. Los funcionarios públicos quedarían obligados a informar al público, en forma oficiosa, sobre su gestión y el uso de los fondos estatales que les son confiados, pero además deberán entregar a cualquier particular que así lo solicite la información sobre las materias de su competencia que obre en su poder, con las naturales excepciones en aquellos casos en que se puede ver afectadas la intimidad de las personas, la seguridad nacional, investigaciones de delitos en proceso, negociaciones internacionales, etc. Es una herramienta utilísima para investigadores académicos, historiadores, economistas, empresarios, periodistas y demás; es indispensable además para la transparencia de la gestión pública, que hoy todos los políticos dicen perseguir, y para la efectiva vigilancia que el pueblo debe hacer de la gestión administrativa y el empleo de los fondos públicos.

Es natural que sea obligación de los funcionarios públicos poner a disposición del pueblo la información que existe en las oficinas que dirigen. Al igual que los fondos estatales que manejan, y sobre los que deben dar cuentas, la información gubernamental no pertenece a las oficinas públicas ni a sus funcionarios, sino al pueblo, para ser utilizada por este de acuerdo con sus necesidades e intereses, y retenerla en perjuicio de este, es una acción equivalente a robar o retener una propiedad del Estado a cuyo uso tiene derecho el particular.

Algunos países cuentan con leyes de acceso a la información desde hace más de 200 años. Durante el siglo XX la mayoría de los países democráticos aprobaron sus propias normativas. La Asamblea Legislativa de Guatemala aprobó por unanimidad su propia ley el martes pasado, lo que nos convierte en el único país centroamericano sin un esquema legal para acceder a la información estatal. Somos casi el único país del mundo con pretensiones de denominarse “democrático”, que no tiene una ley de la materia. Como tantas veces, nos hemos demorado demasiado, pero debemos recuperar el tiempo perdido.

Es hora de que un fuerte activismo popular impulse la nueva ley y su cumplimiento efectivo porque, lamentablemente, la actitud de algunos funcionarios públicos hacia los proyectos presentados ha sido de extrema condescendencia. No se atreven a decir que no aprueban la nueva ley, pero su falta de entusiasmo o su tono despectivo ponen de manifiesto sus intenciones. Es hora de recordarles que solo se puede estar a favor de la democracia, la transparencia y la probidad o a favor del autoritarismo, la secretividad y la corrupción. No hay término medio. El pueblo debe exigir el reconocimiento a un derecho a lo que ya es suyo y los políticos, especialmente los candidatos a las próximas elecciones, deben responder con acciones, no con promesas.