Propósitos para 2009

Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho

Ahora que estamos por finalizar el año, invariablemente surgen los propósitos para el siguiente, tanto en el ámbito personal como los deseos para el orden nacional e internacional. Algunos podrían ser realizables, especialmente aquellos que dependen de nosotros mismos, y otros pertenecen a lo inalcanzable porque no vemos que las piezas se muevan.

Por ejemplo, la finalización definitiva de las guerras, invasiones a otros países, la eliminación armamentista y la destrucción de armas capaces de acabar con la humanidad son temas sobre lo que muy poco podemos hacer. La permanente tendencia de los países considerados enemigos en fortalecer y modernizar su arsenal de guerra es una constante preocupación y amenaza para las sociedades. En nuestra región, que Cuba y Venezuela desplacen hasta sus costas naves marítimas empleadas para el ataque y se lleven a cabo entrenamientos militares causa temor. Que Estados Unidos, tradicionalmente dispuesto a las soluciones militares, no dé muestras claras de abandonar esas conductas ni de adherirse a la Corte Penal Internacional para enjuiciar a sus ciudadanos de cualquier nivel o rango, que cometen crímenes de guerra o de lesa humanidad, es motivo para pensar que no existe interés en cambiar de métodos para la convivencia internacional.

Sin embargo, en nuestra sociedad, muchos cambios obedecen a nuestras propias actitudes. Los procesos electorales que se avecinan no debemos contemplarlos dramáticamente como si está en juego la vida o la muerte. Dosifiquemos las pasiones sin desbordarlas por luchas partidarias ni hagamos de los favoritismos ideológicos contiendas sangrientas. Que la vida cotidiana no se detenga a contemplar exclusivamente lo que hacen y dicen los políticos en campaña. Hay, en nuestro alrededor aspectos que no conviene perder más tiempo para corregir: la inseguridad, el desempleo, la alta tasa de criminalidad contra la vida, la destrucción del medio ambiente, la corrupción de los funcionarios, el desorden en el tráfico vehicular y un largo etcétera.

En estos tiempos los políticos prometen arreglar todo en una desesperada búsqueda del voto; mañana, los que triunfen darán excusas y explicaciones porque no pueden cumplir sus promesas. Cuando los funcionarios que llegan a ocupar los cargos importantes para corregir aquellos problemas no son capaces de resolverlos, por falta de idoneidad o por presiones perversas que reciben, es la sociedad civil organizada la única capaz de fiscalizar con transparencia sus actuaciones y reclamar lo prometido. Es ella la que se coloca entre el ciudadano y el Estado para estructurar las voces que individualmente nadie escucha. Son las universidades, los organismos no gubernamentales, las asociaciones profesionales, las gremiales empresariales, los sindicatos, los grupos defensores de derechos y las iglesias, entre otros, que integran la sociedad civil organizada.

Los políticos se organizan y luchan para ostentar el poder. La sociedad civil se organiza para vigilar el correcto cumplimiento de aquellos. El señalamiento, la denuncia, las presiones de la sociedad moldean los comportamientos de los políticos.

Cuando el Estado se convierte en autoritario, fomenta la ilegalidad o no vela por las mayorías populares, es la sociedad civil la llamada al reclamo y la que acude al encauce para la solución de los problemas. Pero también estas organizaciones deben contar con líderes éticamente solventes, respetuosos del orden jurídico —que reconoce incluso el derecho a la desobediencia e insurrección cuando el Estado quebranta el orden Constitucional— y que defienda el interés común.

A las puertas de las elecciones para diputados, alcaldes y presidente de la República, no fijemos la mirada solamente en los colores, sino que también veamos, participemos y fortalezcamos a la sociedad civil organizada, porque ella tiene carácter permanente y por lo general busca el bienestar común a través de la legítima defensa de los derechos.

Constitución, el marco para una sociedad mejor

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

El 20 del presente mes se cumplieron veinticinco años de vigencia de la Constitución de la República y recordamos los emotivos debates parlamentarios previos a su aprobación; las ideas fueron expresadas con libertad por los diferentes grupos políticos allí representados.

Recordamos con nostalgia aquellos diputados con sus brillantes intervenciones, aguerridos en el uso de la palabra y defendiendo con pasión sus principios y valores recogidos en sus fracciones políticas. Intensas horas de trabajo, de negociaciones, de luchas interpartidarias, de creatividad para salir adelante por la expectativa generada en la sociedad. El peso de la responsabilidad era muy fuerte.

En la historia reciente de nuestro país, esos debates han sido lo más cercano que hemos visto en los políticos durante la creación de normas que buscan el respeto a las diferentes posturas ideológicas, la armonía ciudadana y la prevalencia del interés social común sobre los de carácter individual o grupal.

Fue simbólico el hecho que, por un lado, ese espacio libre permitió la expresión de las diferentes posturas partidarias; por el otro, afuera, el país se desangraba en una guerra fratricida, derivada precisamente de la ausencia de discusión de ideas, de la falta de respeto a la voluntad popular y las condiciones deplorables de vida de la mayor parte de la población.

La Constitución recoge el pluralismo político, eso significa que pueden existir y convivir grupos socialistas, comunistas, izquierdistas, fascistas, derechistas, conservadores o liberales, como quiera llamárseles, toda vez que cumplan los requisitos formales para su configuración y se ajusten a las consideraciones de respeto al orden jurídico.

La primacía del interés social sobre el particular implica que todas las acciones institucionales vayan encaminadas a la búsqueda del bienestar y conveniencia de la mayoría de ciudadanos; sacrificar los intereses y privilegios de personas o pequeños grupos para favorecer a las mayorías es el deber ser de la Carta Magna.

Recordamos especialmente de aquellas jornadas de creación del texto constitucional dos cuestiones que ocuparon largas horas: la eliminación de la pena de muerte para delitos comunes y el orden económico, en especial, la limitación de tenencia de tierra en manos individuales o colectivas.

Los Acuerdos de Paz dieron origen a normas complementarias de la Constitución sobre asuntos pendientes, como el fortalecimiento del sistema judicial, la creación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la Policía Nacional Civil, entre otros relevantes.

Nos consta que los constituyentes de los diferentes partidos políticos entregaron todo de sí para dejar como legado una Constitución moderna y con principios democráticos definidos; también, que la fracción beligerante, que no participó en la discusión del texto, puso más tarde su necesaria contribución para el fortalecimiento institucional.

Nuestro reconocimiento a los hombres y las mujeres que dedicaron tiempo y esfuerzo a la construcción de la obra, en especial a quienes se presentaron como verdaderos protagonistas, entre ellos, Luis Nelson Segovia, Ricardo González Camacho (QEPD), María Julia Castillo, Hugo Carrillo Corleto, Julio Adolfo Rey Prendes, Rafael Morán Castaneda, Guillermo Antonio Guevara Lacayo y Mercedes Gloria Salguero Gross.

Estos artesanos entregaron una obra acabada, mejorada con los Acuerdos de Paz; sin embargo, es difícil aceptar que la norma primaria ha sido respetada y cumplido sus objetivos.

Vivimos la paradoja de contar con una moderna Constitución, acorde a los tiempos, pero la realidad nos demuestra la incongruencia y el caos en los órdenes políticos, sociales y económicos, fomentados muchas veces desde las propias instituciones. Los idealistas constituyentes se sentirán frustrados al ver el desprecio a su obra, especialmente por los funcionarios que juran su cumplimiento al asumir sus cargos. En este aniversario, exhortamos a los funcionarios a supeditarse a la Constitución y con seguridad alcanzaremos una mejor sociedad dibujada por sus redactores.

Indiferentes con las víctimas, complacientes con criminales

Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho

Hemos seguido de cerca el debate que gira alrededor de la sanción del nuevo Código Procesal Penal aprobado recientemente y por unanimidad de las diferentes fracciones políticas representadas en la Asamblea Legislativa y también de las observaciones al texto por parte de la Presidencia de la República. Algunas observaciones presentadas son válidas, otras irrelevantes y otras inaceptables. A este último grupo pertenecen las que niegan o dificultan a las víctimas el derecho de acceso a la justicia y las que impiden al juez controlar las actuaciones del fiscal cuando este pretende favorecer a un delincuente concediéndole un criterio de oportunidad, entre otras.

Seguramente el Órgano Ejecutivo no reparó que las dos observaciones anteriores van en la línea del favorecimiento a la impunidad: una porque limita a las víctimas acceder a la justicia y la otra, porque impide el juzgamiento de todos los criminales.

Con relación al primer aspecto, cuando la víctima denuncia un delito ante la Fiscalía y esta no investiga el hecho o que habiéndolo investigado no lo presenta ante el juez, aquella no puede ir directamente a los tribunales a solicitar que intercedan en su favor —como ha sido—, sino que la queja debe formularse ante la misma oficina del fiscal, donde, si tampoco recibe respuesta, la pobre víctima tendrá que ir directamente al engorroso, lento y burocrático camino de la Sala de lo Constitucional, pidiendo amparo contra el fiscal por violación al derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, proceso que no se libra de las presiones que atentan contra la independencia judicial. Otra vía menos realista es iniciar un antejuicio en la Asamblea Legislativa contra el fiscal general por el delito de omisión de investigación, que nunca prospera porque los partidos políticos representados en ella no examinan el caso, sino que negocian políticamente los resultados.

Se produce una revictimización por parte del Estado en la medida que se obstaculiza a los ofendidos del delito el derecho a que un juez resuelva su caso. Basta interesarnos en todo lo que tiene que sufrir la víctima con las deficientes actuaciones del sistema para saber que el sufrimiento por el delito termina siendo inferior al que produce el Estado. Hay una terca tendencia a poner en manos exclusivas del fiscal la facultad de promover la acción penal, a pesar de que dicha institución apenas tiene capacidad para presentar ante el juez menos del 15% de los delitos denunciados.

Con lo anterior pareciera que se piensa más en el control político de las instituciones, que en los ciudadanos. Si el Estado no es capaz de prevenir el delito, al menos debe facilitar a las víctimas el buscar justicia ante los tribunales.

El segundo aspecto va en la misma línea de favorecer la impunidad. Con las observaciones del Ejecutivo se busca por todos los medios anular el control judicial de las actuaciones del fiscal con relación a los criterios de oportunidad. Si el fiscal decide no perseguir a un delincuente, no quieren que esa decisión sea sometida a revisión por un juez, sino que se acepte ciegamente, aunque ello signifique conceder beneficios, la libertad y protección estatal a quien secuestró, asesinó o extorsionó a muchas víctimas.

Debemos ser coherentes. La persecución del delito es una imperiosa necesidad en nuestro país; es hora de hacer a un lado las intolerables concesiones de criterios de oportunidad o por lo menos deben ser sometidos al control de los jueces, fortalecer las técnicas de investigación científica y asegurar la condena de los culpables.

La Asamblea debe revisar las observaciones, pero los dos puntos señalados conviene mantenerlos como fueron aprobados unánimemente.

¿Reducen los datos o los homicidios?

Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho

En medio del repunte de crímenes violentos que reportan los diferentes medios de comunicación, las instituciones que registran los homicidios: Instituto de Medicina Legal, Fiscalía General de la República y Policía Nacional Civil, han anunciado una reducción del diez por ciento con respecto a los casos del año pasado.

Cualquier reducción en el número de homicidios es positiva, pero si ese porcentaje es cierto pareciera un pírrico triunfo tomando en cuenta que esa reducción no nos saca del tope de la lista del país más violento de América y de los más violentos del mundo. Los resultados no pueden alegrar ni satisfacer a las propias instituciones que han trazado su estrategia fundamental en el cambio de leyes, aumento de penas y facultades de detención.

Las sensaciones ciudadanas de que hay más delitos que los reportados parece que no ceden. Una de las causas es precisamente la manera en que la información pública y los datos relacionados con el delito se manejan. Estas instituciones no han permitido ser examinadas ni auscultadas para establecer si su forma de recabar los datos o si la organización de la información que hacen es adecuada y si a final de cuentas los datos se apegan a la realidad. Más bien se decidió centralizar la información para evitar que la cantidad de homicidios reportados por la Policía fueran menores que los reportados por otras instituciones. Se dice que cada institución recaba datos sobre homicidios, pero no cómo hacen su trabajo, cuáles son las fuentes de información, si hay seguimiento de lesiones que terminan en muerte, cómo se contabilizan los homicidios en los que el cadáver se encuentra posteriormente a la denuncia, si los casos en los que no aparecen señales iniciales de violencia pero después se comprueba lo contrario son agregados o no a los reportes de homicidio, si se contrasta información alcaldías, medios de comunicación y cementerios privados y municipales, si separan casos de cadáveres identificados y no identificados, etcétera.

En junio de 2007 el PNUD presentó el Informe: “Deficiencias policiales, fiscales y judiciales en la investigación y juzgamiento causantes de impunidad”. El informe estuvo basado en el estudio de los homicidios ocurridos en el año 2005 en las ciudades de San Salvador, San Miguel y Santa Ana. El propósito principal fue identificar las deficiencias que producen impunidad y evidenciar las discrepancias estadísticas entre la Policía (PNC), la Fiscalía (FGR) y el Instituto de Medicina Legal (IML), sobre la cantidad de homicidios cometidos.

En el informe mencionado los casos de homicidios presentaron estas deficiencias en la investigación: ausencia de análisis balísticos y de fluidos corporales, descoordinación entre la Fiscalía y la Policía, ausencia de búsqueda, identificación y localización de testigos por dichas instituciones, ausencia o deficiente inspección en la escena del crimen, ausencia de recolección de huellas, no incorporación de las autopsias en expedientes de la Fiscalía e inexistencia de diligencias para individualizar sospechosos

Pero el estudio no solo exhibió en sus contenidos los problemas de investigación, también plantea la existencia de mayor número de homicidios que el presentado por el Instituto de Medicina Legal a los medios de comunicación. El director de esa institución afirmó que los datos proporcionados por un miembro de su institución y usados en el estudio eran falsos, pero se negó a dar acceso a investigadores académicos y a algunos medios de comunicación para examinar los expedientes y datos.

Ya lo había sugerido la Comisión de Seguridad Ciudadana y Paz Social: es necesario crear una institución que recopile, sistematice y dé información para conocer y enfrentar adecuadamente el delito.

Además es importante mejorar para el ciudadano el acceso a la información pública. El proyecto presentado por FUSADES y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional es una de las propuestas que debe servir de base a una legislación urgente para mejorar la confianza en las instituciones.

¿Confiamos en los delincuentes?

Por el Imperio del Derecho/Centro de Estudios Jurídicos

El título puede parecer repugnante, pero tiene su explicación. Según nuestra Constitución, la finalidad de los centros penitenciarios es corregir a los delincuentes, educarlos y formarles hábitos de trabajo, procurando su readaptación y la prevención de los delitos. Ningún objetivo está destinado a imponer sufrimientos o castigos en contra de los detenidos; más bien, el constituyente confía en la posibilidad que los seres humanos somos capaces de ser recuperados a través de la formación de nuevos patrones de comportamiento. Lo que no pudo hacerse por medio de la prevención del delito, debe procurarse a través de la readaptación del delincuente.

Para semejantes finalidades tenemos un sistema penitenciario llamado progresivo. Esto significa que la propia conducta penitenciaria del interno le permitirá paulatinamente ir ascendiendo a diferentes fases hasta obtener su libertad definitiva, pasando por una clasificación ordinaria, de confianza, de semilibertad y libertad condicional.

Aceptamos que la actividad penitenciaria es compleja; se trata de lidiar con hombres y mujeres con personalidades heterogéneas, generalmente conflictivas y muy dadas a realizar conductas reprobadas por la sociedad.

La observación y evaluación constante del condenado permite a los equipos técnicos criminológicos mantener una opinión sobre los avances o retrocesos en el desarrollo de su personalidad. El tiempo en prisión y la buena conducta son indispensables para que puedan alcanzarse algunos derechos reconocidos por la ley, entre ellos los permisos de salida, sobre los que centraremos la atención.

Los permisos de salida tienen muchas ventajas recogidas de las experiencias de otros sistemas que lo ponen en práctica. Para que un condenado los disfrute, debe estar clasificado en la fase de confianza o en la de semilibertad, a las que se llega después de haber cumplido la tercera parte o la mitad de la pena, respectivamente; y en ambos casos, que los especialistas (psicólogos, educadores sociales, médicos, etcétera) emitan un dictamen y pronóstico favorables afirmando que el prisionero tiene capacidad para salir y regresar al establecimiento.

Una de las ventajas de los permisos de salida es que reduce las tensiones propias del aislamiento, fortalece los vínculos familiares, constituye un estímulo por su buena conducta y crea un sentido de responsabilidad, descongestiona las prisiones y produce un ahorro en el costo por recluso. Queremos insistir, no se trata de abrir las puertas de las prisiones a todos los delincuentes, sino exclusivamente aquellos que los especialistas en la conducta humana están seguros de que han superado las tentaciones a reincidir en el delito y no se trate de casos de extrema gravedad.

En nuestra realidad nunca hemos visto a plenitud el sistema progresivo que desarrolla el ordenamiento legal. Las autoridades penitenciarias, desde los titulares hasta el último personal, tradicionalmente están aferradas a un concepto y finalidad diferentes: la custodia de los presos evitando las fugas y a la seguridad del establecimiento penitenciario. El éxito en el desempeño lo miden en el número de internos que se escapan, en la cantidad de motines anuales o en los muertos en riñas violentas. Pero la eficacia del sistema debe descansar en la cantidad de personas que han sido readaptadas a la sociedad y que están en capacidad de vivir sin el delito.

Está comprobado que la atención adecuada a los delincuentes, la flexibilidad, la comprensión, el trabajo, la atención sanitaria, la educación y la intervención profesional aseguran la resocialización. Mientras que el trato inhumano, la disciplina rígida, la negación de derechos humanos y la dureza en la convivencia cotidiana garantizan la reincidencia en el delito.

La mayoría de delincuentes seguramente son personas capaces de adaptar su conducta a parámetros normales dentro de la sociedad; otros son incorregibles. El sistema debe poner énfasis en atender los primeros y mantener todas las medidas de seguridad contra los demás.