¿Reducen los datos o los homicidios?

Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho

En medio del repunte de crímenes violentos que reportan los diferentes medios de comunicación, las instituciones que registran los homicidios: Instituto de Medicina Legal, Fiscalía General de la República y Policía Nacional Civil, han anunciado una reducción del diez por ciento con respecto a los casos del año pasado.

Cualquier reducción en el número de homicidios es positiva, pero si ese porcentaje es cierto pareciera un pírrico triunfo tomando en cuenta que esa reducción no nos saca del tope de la lista del país más violento de América y de los más violentos del mundo. Los resultados no pueden alegrar ni satisfacer a las propias instituciones que han trazado su estrategia fundamental en el cambio de leyes, aumento de penas y facultades de detención.

Las sensaciones ciudadanas de que hay más delitos que los reportados parece que no ceden. Una de las causas es precisamente la manera en que la información pública y los datos relacionados con el delito se manejan. Estas instituciones no han permitido ser examinadas ni auscultadas para establecer si su forma de recabar los datos o si la organización de la información que hacen es adecuada y si a final de cuentas los datos se apegan a la realidad. Más bien se decidió centralizar la información para evitar que la cantidad de homicidios reportados por la Policía fueran menores que los reportados por otras instituciones. Se dice que cada institución recaba datos sobre homicidios, pero no cómo hacen su trabajo, cuáles son las fuentes de información, si hay seguimiento de lesiones que terminan en muerte, cómo se contabilizan los homicidios en los que el cadáver se encuentra posteriormente a la denuncia, si los casos en los que no aparecen señales iniciales de violencia pero después se comprueba lo contrario son agregados o no a los reportes de homicidio, si se contrasta información alcaldías, medios de comunicación y cementerios privados y municipales, si separan casos de cadáveres identificados y no identificados, etcétera.

En junio de 2007 el PNUD presentó el Informe: “Deficiencias policiales, fiscales y judiciales en la investigación y juzgamiento causantes de impunidad”. El informe estuvo basado en el estudio de los homicidios ocurridos en el año 2005 en las ciudades de San Salvador, San Miguel y Santa Ana. El propósito principal fue identificar las deficiencias que producen impunidad y evidenciar las discrepancias estadísticas entre la Policía (PNC), la Fiscalía (FGR) y el Instituto de Medicina Legal (IML), sobre la cantidad de homicidios cometidos.

En el informe mencionado los casos de homicidios presentaron estas deficiencias en la investigación: ausencia de análisis balísticos y de fluidos corporales, descoordinación entre la Fiscalía y la Policía, ausencia de búsqueda, identificación y localización de testigos por dichas instituciones, ausencia o deficiente inspección en la escena del crimen, ausencia de recolección de huellas, no incorporación de las autopsias en expedientes de la Fiscalía e inexistencia de diligencias para individualizar sospechosos

Pero el estudio no solo exhibió en sus contenidos los problemas de investigación, también plantea la existencia de mayor número de homicidios que el presentado por el Instituto de Medicina Legal a los medios de comunicación. El director de esa institución afirmó que los datos proporcionados por un miembro de su institución y usados en el estudio eran falsos, pero se negó a dar acceso a investigadores académicos y a algunos medios de comunicación para examinar los expedientes y datos.

Ya lo había sugerido la Comisión de Seguridad Ciudadana y Paz Social: es necesario crear una institución que recopile, sistematice y dé información para conocer y enfrentar adecuadamente el delito.

Además es importante mejorar para el ciudadano el acceso a la información pública. El proyecto presentado por FUSADES y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional es una de las propuestas que debe servir de base a una legislación urgente para mejorar la confianza en las instituciones.