Abramos el debate de los magistrados

Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho

El proceso de elección de candidatos a magistrados en el que participan el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) y las diferentes asociaciones de abogados bajo la administración de la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (FEDAES) está en el ecuador.

Cada una de esas instituciones debe proponer quince candidatos. El CNJ los elige con votación de los siete funcionarios públicos que lo componen. La FEDAES realiza una elección entre las asociaciones de abogados que proponen candidatos.

De ellos se elegirán cinco magistrados titulares y cinco suplentes, debiendo elegir asimismo un presidente de la corte entre los primeros y los que ya desempeñan el cargo.

La importancia de la elección es porque terminan su cargo cuatro de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional y deberá renovarse casi por completo la sala encargada de conocer las demandas de inconstitucionalidad de las leyes, los decretos y los reglamentos, los procesos de amparo y habeas corpus, y las controversias entre los órganos Legislativo y Ejecutivo. La Sala de lo Constitucional cuenta con la capacidad de acabar con la existencia jurídica de cualquier ley, decreto o reglamento dictado por los otros órganos. Son los principales custodios de los derechos y las garantías fundamentales.

Como hemos dicho en otra oportunidad: en un Estado democrático y republicano el Órgano Judicial es el llamado a mantener el equilibrio, la sensatez y la objetividad, de la que muchas veces carecen las posturas ideológicas de los principales partidos políticos que tensan las relaciones y perjudican a la población en general.

Sin embargo los partidos políticos no visualizan siempre los beneficios nacionales, pues atienden más a sus intereses. Lo que se discute a puertas cerradas no solo en la propia asamblea sino en cualquier escondite es el reparto de magistrados para cada partido y no la resolución de los grandes problemas de la justicia. Después se preocupan del perfil de obediencia y entrega de los candidatos que los representen y no buscan capacidad, independencia ni principios éticos. Cuando no encuentran respaldo para nombrar esos candidatos o cuando existe calidad ética y profesional de los aspirantes, es cuando se han producido honrosas excepciones, resultando nombrados magistrados decentes y capaces.

Ese es ahora el principal reto de los aspirantes a magistrado: ser capaz de abrirse al diálogo con las diferentes fracciones políticas, pero sin comprometer su identidad profesional y ética, y en caso de ser elegidos magistrados tender puentes respetuosos con los demás órganos del Estado, pero conservar su independencia.

En la actualidad el Órgano Judicial necesita fortalecerse y ser capaz de mejorar su imagen frente a los ciudadanos y frente al mundo. Nuestro país hace ratos que requiere mayor compromiso de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, como tribunal colegiado. Se deben hacer esfuerzos porque tales instituciones estén más acordes con los tiempos actuales y sus necesidades, asumiendo sin temores sus deberes y que estén más cerca de la ciudadanía.

Los partidos políticos tienen también nuevos retos. Así parece que lo han entendido los candidatos presidenciales del FMLN y ARENA, quienes se comprometieron a hacer realidad una elección de magistrados tomando en cuenta las capacidades y trayectoria profesionales, la transparencia y honestidad y no el reparto de magistrados.

Mientras ya se escuchan rumores de acuerdos entre partidos, a escondidas, es el momento de pedirles a los ciudadanos en general, a los profesionales, a los abogados, a las asociaciones profesionales y gremiales, a las organizaciones ciudadanas, a los tanques de pensamiento, a las universidades, a los partidos políticos y a la sociedad organizada que exijamos que el proceso de elección sea público y transparente. Particularmente debemos pedir a los candidatos presidenciales que exijan a sus partidos que el proceso sea a puertas abiertas, para facilitar una elección responsable de magistrados.

Hoja de ruta para la próxima Asamblea

Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho

El presente año amenazado con malos augurios económicos debe ser contrarrestado por la buena voluntad de los partidos políticos de responder a los intereses colectivos, dejando de lado la confrontación permanente que contemplamos hasta en asuntos triviales. Lo más seguro es que ningún partido obtenga la mayoría absoluta, por lo que no habrá tentaciones de monopolizar las ideas y de no escuchar a las minorías; pero habrá que evitar la ingobernabilidad y la práctica de acudir a negociaciones oscuras entre partidos políticos.

En tiempo de crisis es necesario buscar conjuntamente soluciones; pero es urgente llegar a un estado de madurez política para entender que las negociaciones partidarias no deben estar orientadas a cambiar votos por favores personales o reparto de instituciones, en las que se nombra funcionarios carentes de idoneidad, se ocultan delitos y delincuentes y se establecen obediencias a partidos y personas sin buscar el bienestar del país.

No esperamos tampoco que la Asamblea Legislativa pierda o abandone su función deliberativa con acostumbrados y encendidos debates, que en algunos casos resultan inevitables. Desde luego tampoco es una invitación para tomar ejemplo de países asiáticos u otras naciones latinoamericanas, en los que hemos visto que los diputados cuando las palabras no son suficientes recurren a la violencia física dándose de golpes recíprocos. Es un llamado a asumir actitudes superiores para apoyar propuestas ciudadanas o del adversario si son razonables y justas.

Hay decisiones tan importantes para la nación, como la creación de leyes, nombramientos de Fiscal General, Magistrados para la Corte Suprema de Justicia, Procurador para la Defensa de Derechos Humanos o Presidente para la Corte de Cuentas, entre otros, que son necesarias intensas reflexiones alrededor de los postulados.

Es cierto que conforme a la Constitución los diputados representan al pueblo entero y no a sectores especiales; pero los administrados no concedemos esta representación como un cheque en blanco para que puedan abusar de ella. Los vínculos entre el ciudadano y el diputado no nacen y mueren el día de las elecciones.

El constante diálogo con la comunidad, la efectividad en el desempeño, la capacidad para el entendimiento entre las diferentes fracciones partidarias sobre asuntos básicos de funcionamiento institucional, son los presupuestos indispensables para confiar en nuestros representantes en el poder. Y es que en las democracias avanzadas el ciudadano deja de ser un sujeto pasivo en su relación con el parlamentario, para convertirse en su propio control.

Independientemente de quién tenga la mayoría de diputados, alcaldes o del que triunfe en las próximas elecciones presidenciales, no cabe duda que deberíamos comenzar una nueva era en el escenario político salvadoreño, en la que los esquemas tradicionales de los partidos están agotados y hay mayor creatividad para afrontar los retos.

Estas transformaciones de fondo que la decadencia y las crisis imponen a los políticos pasan por potenciar los valores éticos, promover la transparencia en sus actuaciones y la rendición de cuentas, pero sobre todo, surgen como indispensables las nuevas relaciones y vínculos entre la población y los detentadores del poder; dentro de ese escenario, la sociedad civil organizada, como iglesias, universidades, asociaciones profesionales y empresariales, organismos no gubernamentales, sindicatos, tanques de pensamiento y otros, son los llamados a jugar un papel trascendente a favor del ciudadano.

Ojalá que las leyes aprobadas en la nocturnidad y sin debates, que el desconocimiento o la inconsciencia en las iniciativas que se respaldan, que la falta de transparencia en ciertas actuaciones, los oídos sordos al clamor popular, la negación a la participación ciudadana y la nula rendición de cuentas en asuntos relevantes en el seno de la Asamblea Legislativa, sean cosas del pasado.

Defensa y ataque al sistema electoral

Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho

Estamos a las puertas de las elecciones de diputados y alcaldes. Es conocido por todos que el proceso presenta una serie de fallas que siempre se han señalado y nunca se resuelven.

Las apologías al sistema electoral y al trabajo del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y las acusaciones de fraude, en mayor o menor medida, han acompañado siempre a nuestros procesos electorales.

Con lo que han hecho y han dejado de hacer los partidos políticos, son los que menos solvencia tienen para alabar o criticar las condiciones de estas elecciones. Son ellos los que se han repartido plazas en el TSE para sus militantes, no han querido reformar el sistema, no quieren mejorar la eficiencia del TSE, separando las funciones administrativas y jurisdiccionales del mismo, el máximo árbitro del proceso electoral no controla ni sanciona los abusos cometidos por los partidos, no desean acercar las urnas a los ciudadanos con el voto residencial, no quieren que se vote por personas en la elección de los diputados a la Asamblea Legislativa sino por banderas de partidos políticos, rechazan el voto de los salvadoreños residentes en el exterior, no quieren que se les dé acceso a todos los partidos al Registro Electoral, cambian permanentemente las reglas de las elecciones en función de los intereses que benefician a los partidos políticos que controlan las instituciones, ponen muchas trabas a los ciudadanos que desean formar nuevos partidos y son los partidos políticos los que siempre son renuentes a mejorar el sistema electoral a favor de los ciudadanos y el país.

Además de lo anterior hay que señalar que el concepto de fraude electoral no se reduce a hacer trampa con las papeletas al momento de votar; el fraude puede propiciarse de muchas maneras, antes, durante y después de las votaciones.

Si revisamos formas de fraude, en el mundo se citan por diversas fuentes los siguientes: suplantación del elector; coacción al elector; robo de paquetes electorales; falsificación de actas; sustitución de documentos electorales; relleno de urnas; caída de los sistemas de cómputo en red para confundir a la opinión pública y manipular los resultados electrónicamente; utilización de recursos ilícitos para el gasto de campaña y obtener ventaja ilegal en la publicidad; complicidad con funcionarios para ocultar las evidencias del fraude electoral; intervención de las instituciones públicas para favorecer a un candidato, partido o propuesta electoral, mediante propaganda maliciosa o ejecución de obras concretas ofrecidas por el candidato o partido al que se quiere favorecer de manera fraudulenta; uso de la fuerza pública contra los inconformes; manipulación de los sistemas de cómputo; soborno de las personas que cuentan los votos, etcétera.

Es cierto que las evidentes elecciones fraudulentas del pasado y que caracterizaban al proceso electoral con relleno de papeletas, muerte, persecución y encierro de opositores y destrucción de votos ya no se dan; pero se realizan una serie de actos que minan la confianza de los electores y participantes y no eliminan los profundos agujeros por donde el fraude puede colarse.

Es probable que las sospechas sean infundadas, pero son comprensibles en la medida en que no se han hecho realidad los esfuerzos que instituciones como MIRE, CONCERTACIÓN DEMOCRÁTICA, FUSADES y otras han señalado.

Para mejorar la transparencia y confianza del proceso electoral, no basta con la presencia de observadores internacionales, pues estos pueden dedicarse a hacer turismo disfrutando de un tour diseñado para distraerles, a ver una parte del proceso y no la totalidad, a mirar y no comprobar y a acceder a lo que les permiten y no a lo que sea procedente.

Hay que reformar en general el sistema electoral para mejorar la transparencia, facilitar el voto a los ciudadanos, la creación de partidos políticos y transformar el Tribunal Supremo Electoral para que verdaderamente ejerza jurisdicción imparcial e independiente.

Tiempos de elecciones

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

Viendo las cosas con optimismo, 2009 trae soluciones para muchos problemas, pues se presenta una nueva oportunidad para la mejor conducción del país por otros funcionarios, tanto de los órganos de gobierno como de instituciones importantes.

Además del presidente de la República, diputados y alcaldes, elegidos directamente por el pueblo, también habrá elecciones de segundo grado, entre ellos, cinco magistrados para la Corte Suprema de Justicia y el Fiscal General de la República.

No nos ocuparemos aquí de las elecciones de primer grado porque el mercado publicitario inunda la prensa escrita, televisiva, radial, internet, las calles, paredes, postes, comunicaciones telefónicas, piedras y visitas casa por casa.

La especial importancia de elegir los magistrados a la Corte Suprema es que se integrará una nueva Sala de lo Constitucional, que contará con la capacidad de anular cualquier ley, decreto o reglamento dictado por los otros órganos. Tendrán incidencia en la vida política, económica y social; serán los principales custodios de los derechos y garantías fundamentales. Podrán aprobar o reprobar las políticas de seguridad pública y tendrán la última palabra en el ámbito de la justicia nacional. En un Estado democrático y republicano como el nuestro, el órgano judicial es el llamado a mantener el equilibrio, la sensatez y la objetividad, de la que muchas veces carecen las posturas ideológicas de los principales partidos políticos que tensan las relaciones y perjudican a la población en general.

Para resaltar la importancia, basta recordar el Informe de la Comisión de la Verdad, auspiciada por las Naciones Unidas, que atribuyó a la Corte Suprema de Justicia de la época, por su inacción o actitud de lamentable supeditación a otros poderes, responsabilidad coadyuvante en la tragedia de guerra sangrienta que sufrió el país.

El nombramiento del fiscal general tiene importancia porque es el representante del Estado y de la sociedad; el encargado de dirigir la investigación del delito y sus autores de modo imparcial; lo ideal es que dicho funcionario no se vincule con los poderes políticos y económicos y que devuelva la autonomía que la Constitución le reconoce. Deberá estructurar una adecuada política de persecución criminal acorde a las actuales necesidades y tendrá una fuerte cuota de responsabilidad en la administración de justicia penal.

Nuestro país hace ratos que requiere mayor compromiso de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, como tribunal colegiado y del fiscal general. Se deben hacer esfuerzos porque tales instituciones estén más acordes con los tiempos actuales y sus necesidades, asumiendo sin temores sus deberes y que estén más cerca de la ciudadanía. Si bien deben coadyuvar con los otros órganos del Estado para la solución de los grandes problemas del país, no deben comprometer su independencia y autonomía.

Son también razones para el optimismo las posturas de los candidatos presidenciales del FMLN y ARENA, quienes tras reconocer ante la comunidad universitaria que tradicionalmente para esta clase de elecciones de magistrados y fiscales han prevalecido los compromisos partidarios, se comprometieron a analizar las capacidades y trayectoria profesionales, la transparencia y honestidad de los aspirantes a dichos cargos.

A la hora de señalar los males que padecemos, siempre están presentes la inseguridad física y la incorrecta administración de justicia. Estos aspectos negativos son razones suficientes para afectar nuestras vidas y para quienes sufren directamente sus efectos, como cuando se asesina a un familiar o se despojan los bienes injustamente, la situación se vuelve dramática.

Todos los abogados y abogadas del país tenemos nuestras propias virtudes, capacidades, habilidades y conocimientos para el desempeño en áreas específicas; los magistrados no deben ir a aprender Derecho Constitucional a la principal Sala de la Corte Suprema ni el fiscal general a conocer la teoría jurídica del delito ni los mecanismos para perseguir el crimen hasta que llegue a la institución. El país no está para semejantes lujos.