Defensa y ataque al sistema electoral

Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho

Estamos a las puertas de las elecciones de diputados y alcaldes. Es conocido por todos que el proceso presenta una serie de fallas que siempre se han señalado y nunca se resuelven.

Las apologías al sistema electoral y al trabajo del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y las acusaciones de fraude, en mayor o menor medida, han acompañado siempre a nuestros procesos electorales.

Con lo que han hecho y han dejado de hacer los partidos políticos, son los que menos solvencia tienen para alabar o criticar las condiciones de estas elecciones. Son ellos los que se han repartido plazas en el TSE para sus militantes, no han querido reformar el sistema, no quieren mejorar la eficiencia del TSE, separando las funciones administrativas y jurisdiccionales del mismo, el máximo árbitro del proceso electoral no controla ni sanciona los abusos cometidos por los partidos, no desean acercar las urnas a los ciudadanos con el voto residencial, no quieren que se vote por personas en la elección de los diputados a la Asamblea Legislativa sino por banderas de partidos políticos, rechazan el voto de los salvadoreños residentes en el exterior, no quieren que se les dé acceso a todos los partidos al Registro Electoral, cambian permanentemente las reglas de las elecciones en función de los intereses que benefician a los partidos políticos que controlan las instituciones, ponen muchas trabas a los ciudadanos que desean formar nuevos partidos y son los partidos políticos los que siempre son renuentes a mejorar el sistema electoral a favor de los ciudadanos y el país.

Además de lo anterior hay que señalar que el concepto de fraude electoral no se reduce a hacer trampa con las papeletas al momento de votar; el fraude puede propiciarse de muchas maneras, antes, durante y después de las votaciones.

Si revisamos formas de fraude, en el mundo se citan por diversas fuentes los siguientes: suplantación del elector; coacción al elector; robo de paquetes electorales; falsificación de actas; sustitución de documentos electorales; relleno de urnas; caída de los sistemas de cómputo en red para confundir a la opinión pública y manipular los resultados electrónicamente; utilización de recursos ilícitos para el gasto de campaña y obtener ventaja ilegal en la publicidad; complicidad con funcionarios para ocultar las evidencias del fraude electoral; intervención de las instituciones públicas para favorecer a un candidato, partido o propuesta electoral, mediante propaganda maliciosa o ejecución de obras concretas ofrecidas por el candidato o partido al que se quiere favorecer de manera fraudulenta; uso de la fuerza pública contra los inconformes; manipulación de los sistemas de cómputo; soborno de las personas que cuentan los votos, etcétera.

Es cierto que las evidentes elecciones fraudulentas del pasado y que caracterizaban al proceso electoral con relleno de papeletas, muerte, persecución y encierro de opositores y destrucción de votos ya no se dan; pero se realizan una serie de actos que minan la confianza de los electores y participantes y no eliminan los profundos agujeros por donde el fraude puede colarse.

Es probable que las sospechas sean infundadas, pero son comprensibles en la medida en que no se han hecho realidad los esfuerzos que instituciones como MIRE, CONCERTACIÓN DEMOCRÁTICA, FUSADES y otras han señalado.

Para mejorar la transparencia y confianza del proceso electoral, no basta con la presencia de observadores internacionales, pues estos pueden dedicarse a hacer turismo disfrutando de un tour diseñado para distraerles, a ver una parte del proceso y no la totalidad, a mirar y no comprobar y a acceder a lo que les permiten y no a lo que sea procedente.

Hay que reformar en general el sistema electoral para mejorar la transparencia, facilitar el voto a los ciudadanos, la creación de partidos políticos y transformar el Tribunal Supremo Electoral para que verdaderamente ejerza jurisdicción imparcial e independiente.