Tiempos de elecciones

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

Viendo las cosas con optimismo, 2009 trae soluciones para muchos problemas, pues se presenta una nueva oportunidad para la mejor conducción del país por otros funcionarios, tanto de los órganos de gobierno como de instituciones importantes.

Además del presidente de la República, diputados y alcaldes, elegidos directamente por el pueblo, también habrá elecciones de segundo grado, entre ellos, cinco magistrados para la Corte Suprema de Justicia y el Fiscal General de la República.

No nos ocuparemos aquí de las elecciones de primer grado porque el mercado publicitario inunda la prensa escrita, televisiva, radial, internet, las calles, paredes, postes, comunicaciones telefónicas, piedras y visitas casa por casa.

La especial importancia de elegir los magistrados a la Corte Suprema es que se integrará una nueva Sala de lo Constitucional, que contará con la capacidad de anular cualquier ley, decreto o reglamento dictado por los otros órganos. Tendrán incidencia en la vida política, económica y social; serán los principales custodios de los derechos y garantías fundamentales. Podrán aprobar o reprobar las políticas de seguridad pública y tendrán la última palabra en el ámbito de la justicia nacional. En un Estado democrático y republicano como el nuestro, el órgano judicial es el llamado a mantener el equilibrio, la sensatez y la objetividad, de la que muchas veces carecen las posturas ideológicas de los principales partidos políticos que tensan las relaciones y perjudican a la población en general.

Para resaltar la importancia, basta recordar el Informe de la Comisión de la Verdad, auspiciada por las Naciones Unidas, que atribuyó a la Corte Suprema de Justicia de la época, por su inacción o actitud de lamentable supeditación a otros poderes, responsabilidad coadyuvante en la tragedia de guerra sangrienta que sufrió el país.

El nombramiento del fiscal general tiene importancia porque es el representante del Estado y de la sociedad; el encargado de dirigir la investigación del delito y sus autores de modo imparcial; lo ideal es que dicho funcionario no se vincule con los poderes políticos y económicos y que devuelva la autonomía que la Constitución le reconoce. Deberá estructurar una adecuada política de persecución criminal acorde a las actuales necesidades y tendrá una fuerte cuota de responsabilidad en la administración de justicia penal.

Nuestro país hace ratos que requiere mayor compromiso de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, como tribunal colegiado y del fiscal general. Se deben hacer esfuerzos porque tales instituciones estén más acordes con los tiempos actuales y sus necesidades, asumiendo sin temores sus deberes y que estén más cerca de la ciudadanía. Si bien deben coadyuvar con los otros órganos del Estado para la solución de los grandes problemas del país, no deben comprometer su independencia y autonomía.

Son también razones para el optimismo las posturas de los candidatos presidenciales del FMLN y ARENA, quienes tras reconocer ante la comunidad universitaria que tradicionalmente para esta clase de elecciones de magistrados y fiscales han prevalecido los compromisos partidarios, se comprometieron a analizar las capacidades y trayectoria profesionales, la transparencia y honestidad de los aspirantes a dichos cargos.

A la hora de señalar los males que padecemos, siempre están presentes la inseguridad física y la incorrecta administración de justicia. Estos aspectos negativos son razones suficientes para afectar nuestras vidas y para quienes sufren directamente sus efectos, como cuando se asesina a un familiar o se despojan los bienes injustamente, la situación se vuelve dramática.

Todos los abogados y abogadas del país tenemos nuestras propias virtudes, capacidades, habilidades y conocimientos para el desempeño en áreas específicas; los magistrados no deben ir a aprender Derecho Constitucional a la principal Sala de la Corte Suprema ni el fiscal general a conocer la teoría jurídica del delito ni los mecanismos para perseguir el crimen hasta que llegue a la institución. El país no está para semejantes lujos.