lunes, 26 de enero de 2009

Abramos el debate de los magistrados

Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho


El proceso de elección de candidatos a magistrados en el que participan el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) y las diferentes asociaciones de abogados bajo la administración de la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (FEDAES) está en el ecuador.


Cada una de esas instituciones debe proponer quince candidatos. El CNJ los elige con votación de los siete funcionarios públicos que lo componen. La FEDAES realiza una elección entre las asociaciones de abogados que proponen candidatos.


De ellos se elegirán cinco magistrados titulares y cinco suplentes, debiendo elegir asimismo un presidente de la corte entre los primeros y los que ya desempeñan el cargo.


La importancia de la elección es porque terminan su cargo cuatro de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional y deberá renovarse casi por completo la sala encargada de conocer las demandas de inconstitucionalidad de las leyes, los decretos y los reglamentos, los procesos de amparo y habeas corpus, y las controversias entre los órganos Legislativo y Ejecutivo. La Sala de lo Constitucional cuenta con la capacidad de acabar con la existencia jurídica de cualquier ley, decreto o reglamento dictado por los otros órganos. Son los principales custodios de los derechos y las garantías fundamentales.


Como hemos dicho en otra oportunidad: en un Estado democrático y republicano el Órgano Judicial es el llamado a mantener el equilibrio, la sensatez y la objetividad, de la que muchas veces carecen las posturas ideológicas de los principales partidos políticos que tensan las relaciones y perjudican a la población en general.


Sin embargo los partidos políticos no visualizan siempre los beneficios nacionales, pues atienden más a sus intereses. Lo que se discute a puertas cerradas no solo en la propia asamblea sino en cualquier escondite es el reparto de magistrados para cada partido y no la resolución de los grandes problemas de la justicia. Después se preocupan del perfil de obediencia y entrega de los candidatos que los representen y no buscan capacidad, independencia ni principios éticos. Cuando no encuentran respaldo para nombrar esos candidatos o cuando existe calidad ética y profesional de los aspirantes, es cuando se han producido honrosas excepciones, resultando nombrados magistrados decentes y capaces.


Ese es ahora el principal reto de los aspirantes a magistrado: ser capaz de abrirse al diálogo con las diferentes fracciones políticas, pero sin comprometer su identidad profesional y ética, y en caso de ser elegidos magistrados tender puentes respetuosos con los demás órganos del Estado, pero conservar su independencia.


En la actualidad el Órgano Judicial necesita fortalecerse y ser capaz de mejorar su imagen frente a los ciudadanos y frente al mundo. Nuestro país hace ratos que requiere mayor compromiso de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, como tribunal colegiado. Se deben hacer esfuerzos porque tales instituciones estén más acordes con los tiempos actuales y sus necesidades, asumiendo sin temores sus deberes y que estén más cerca de la ciudadanía.


Los partidos políticos tienen también nuevos retos. Así parece que lo han entendido los candidatos presidenciales del FMLN y ARENA, quienes se comprometieron a hacer realidad una elección de magistrados tomando en cuenta las capacidades y trayectoria profesionales, la transparencia y honestidad y no el reparto de magistrados.


Mientras ya se escuchan rumores de acuerdos entre partidos, a escondidas, es el momento de pedirles a los ciudadanos en general, a los profesionales, a los abogados, a las asociaciones profesionales y gremiales, a las organizaciones ciudadanas, a los tanques de pensamiento, a las universidades, a los partidos políticos y a la sociedad organizada que exijamos que el proceso de elección sea público y transparente. Particularmente debemos pedir a los candidatos presidenciales que exijan a sus partidos que el proceso sea a puertas abiertas, para facilitar una elección responsable de magistrados.

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