Colaboraciones

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El escándalo del CNJ

Imaginemos que el día de mañana se descubre que los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura David Gonzalo Cabezas, Nora Montoya Martínez y Jorge Efraín Campos han estado usando los fondos de la institución para pagar sus cuentas personales. Ya sabemos lo que dirían en su defensa: “Lo que yo he hecho es correcto. En ninguna parte la ley del CNJ dice que los consejeros no pueden robar el dinero de la institución”. Es el mismo argumento que usan para defender su autoinclusión en la lista de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Después de pasar unos días felicitándonos por la madurez democrática demostrada por el pueblo salvadoreño en las recientes elecciones presidenciales, el CNJ viene a volvernos a la realidad con una bofetada. Lo que han hecho los consejeros no solo es ilegal, pese a todas las excusas que den, pues atenta contra los mismos fundamentos de la institución que integran. Es atentatorio contra la institucionalidad democrática del país y totalmente fuera de ética. Es una prolongación de la corrupción y la inmoralidad que hemos visto en la política nacional; los consejeros se merecen los calificativos con que los denigra el gremio de abogados y muchas instituciones respetables.

La composición de la lista del CNJ es significativa y a estas alturas ya no especulamos mucho sobre ella. La inclusión de personas con evidentes vinculaciones partidarias apuntan a una componenda política, pero el resto del listado también demuestra también una segunda intención. Algunos son figuras tan polémicas que indudablemente no serán aceptables para importantes sectores. Entre los restantes hay algunos con méritos académicos y de notoria honradez, pero que han preferido mantener un perfil tan modesto que apenas son conocidos dentro de su gremio, mucho menos lo serán fuera de él. Sin embargo, lo que distingue a la mayoría de los incluidos en la lista es su falta de dotes o méritos relevantes. Es obvia la intención de los consejeros, al escoger a quienes van a competir con ellos por el cargo, que seleccionaron a quienes serían sus más débiles rivales.

Además, debemos señalar que en la ley del CNJ y sus reglamentos hay un procedimiento para la formación de la lista de candidatos a magistrados que exige que los interesados en aparecer en la misma hagan una solicitud al Consejo y presenten documentación del respaldo. Según el calendario elaborado por el CNJ, el término para presentar la solicitud venció el 6 de marzo pasado; la lista de los setenta interesados apareció en un periódico local el día 8. Hay una polémica con respecto a si el CNJ tiene las facultades de incluir a personas que no hagan la solicitud pero que considere que tienen la capacidad de ser magistrados, lo que en nuestra opinión desvirtuaría y haría innecesario el trámite indicado, pero no es esto lo que tratamos ahora. En total nueve de los incluidos en la lista de candidatos del CNJ no presentaron solicitud, incluyendo los tres consejeros en cuestión. Es más, uno de los candidatos nos ha informado que ni siquiera se le preguntó si deseaba ir; se le llamó el día que se dio a conocer la lista para informarle que estaba en ella. Ciertamente que Cabezas, Montoya y Campos tuvieron un trabajo difícil para encontrar alguien con menos méritos que ellos.

Es el momento de decir: “¡Basta ya al oportunismo y la corrupción”! Para los partidos políticos, especialmente para el que constituirá el nuevo gobierno, el caso del CNJ es una prueba de fuego. Es el momento de demostrar que realizará los cambios que prometió en campaña o si la corrupción solo ha cambiado de manos. La Asamblea debe rechazar la lista del CNJ por haber sido hecha en violación a la ley y exigir que los consejeros suplentes, que no participaron en tal desprecio al orden jurídico, elaboren una nueva. Pero hay mas: es el momento llevar a cabo medidas ejemplarizantes que garanticen que lo sucedido no volverá a pasar.

Los consejeros culpables deben ser destituidos de sus cargos por el procedimiento de ley y deben ser sancionados además por el Tribunal de Ética y la Corte Suprema de Justicia por haber demostrado que no tienen las mínimas condiciones éticas para ejercer un cargo público ni una profesión jurídica.

Autor: Este artículo ha sido enviado por uno de los miembros del Centro de Estudios Jurídicos que pidió no ser identificado.