Los retos del nuevo presidente

Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho

Para cuando se publique este artículo es casi seguro que tendremos ya definido al nuevo presidente de la República y que este, en el transcurso del día, estará buscando la mano del adversario, para simbolizar no solo su categoría personal sino la voluntad oficial de respetar las ideas y aspiraciones de la otra parte de la población. Es importante que el nuevo funcionario no vaya simplemente a agregarse a un engranaje como una tuerca más, pues debe ser pieza clave para imponer los rumbos y tiempos de la maquinaria. El país evoluciona, pero necesita agigantar el paso, para no quedarnos rezagados en el mundo y debe ser capaz de que una parte de las piezas no queden desconectadas. Si el nuevo inquilino de Casa Presidencial se dedica a sentarse en la rueda y deja pasar el tiempo sin ser sujeto de liderazgo y transformaciones, las piezas desgastadas no se sustituirán a tiempo y algunos grandes bloques quedarán aislados y funcionando por su cuenta. Es decir, se romperá la unidad que debiera existir en el sistema, necesario para su auto-sostenimiento.

A partir de ahora, el ganador de las elecciones debe trabajar en serio para resolver los múltiples problemas que sufre el país y sus pobladores. El punto de partida para una nueva administración del Estado es trabajar en dos ámbitos: en primer lugar, es urgente fortalecer las instituciones. Esto no pasa necesariamente por inyectar presupuestos o mejorar las infraestructuras, sino en poner al frente de ellas personas que tenga la capacidad, idoneidad y la comprobada voluntad de transformar positivamente el país en general y no para favorecer los pequeños intereses de personas en particular. Si las instituciones son frágiles y sus cabezas no piensan, nada bueno se puede esperar de ellas. En segundo lugar, corresponde modificar las relaciones interinstitucionales y establecer mecanismos de colaboración entre los diferentes órganos de gobierno. El Ejecutivo ya no debe seguir siendo ni pretender ser la única y la última manifestación del poder. Hay órganos de decisión igualmente importantes, como el judicial, la Fiscalía General de la República, la Corte de Cuentas de la República y muchas más, donde no es correcto que el presidente de la República ejerza influencias, porque son precisamente instancias contraloras y fiscalizadoras del poder, que no pueden ser anuladas sin riesgo de convertir la acción de gobierno en una dictadura.

Al sentarse aquellas bases, a mediano plazo estaremos alcanzando mejoras sustanciales, al menos en dos graves problemas nacionales: la seguridad y la justicia. Los niveles de seguridad física y jurídica de las personas desde hace mucho ha alcanzado niveles insoportables y es necesario intentar cambios de rumbo sin prepotencias políticas. La cantidad de homicidios, atentados contra el patrimonio, agresiones sexuales, etc. que se cometen cotidianamente son el fiel reflejo de la situación; a lo que se une la impunidad, porque las instituciones encargadas de la investigación y los juzgamientos son incapaces de afrontar el alto índice delincuencial o de responder adecuadamente cumpliendo debidamente sus funciones. La Policía y la Fiscalía por mandato constitucional deben ajustar sus investigaciones y acciones a decisiones tomadas por la ley y los jueces, y no pretender imponer sus arbitrariedades o debilidades.

En materia de justicia, hay poca confianza y credibilidad en los encargados de administrarla. Los jueces de los diferentes niveles, incluyendo los de la Corte Suprema de Justicia, tienen la enorme deuda de ejercer el cargo con independencia, imparcialidad, honestidad y transparencia. Se exige que los jueces sean más técnicos, más cualificados, orientadores y claros en sus sentencias, pero más conscientes de la realidad. La Sala de lo Constitucional debe dejar de ser objeto de interferencias por los poderes políticos y fácticos, para convertirse en un verdadero garante de la Constitución y de los derechos individuales.