Las grandes deudas de la Asamblea

Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho

Llegó la nueva Asamblea Legislativa y aún no contamos con el fiscal general de la República, ni tampoco con los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Los últimos días de trabajo de la Asamblea Legislativa electa para el período 2006-2009 estuvieron marcados por discusiones estériles y redundantes. Frente a una crisis económica mundial, un déficit fiscal alarmante y elección de funcionarios, los diputados de la Asamblea Legislativa circunscribieron sus esfuerzos a dos puntos: la prohibición de matrimonios entre personas del mismo género y la aprobación de un decreto que permitiría escuchar las conversaciones telefónicas en la investigación de delitos.

No está demás señalar que frente a una crisis económica mundial los puntos discutidos por la Asamblea Legislativa parecen poco importantes. Establecer taxativamente en la Constitución que el matrimonio se produce entre dos personas de géneros distintos es algo que no responde a una crítica y urgente realidad, pues la prohibición está en el Código de Familia y no hay tentativas de alterar esa situación por los funcionarios, notarios o ciudadanos. Es bueno fijar postura en la Constitución al respecto para lo que pueda suceder en el futuro, pero hay que establecer prioridades y correr primero ante lo urgente.

Por otra parte, de nada puede servir aprobar un decreto que permita escuchar las conversaciones telefónicas en la investigación del delito, cuando el funcionario competente –fiscal general de la República– no se encuentra debidamente nombrado.

La nueva Asamblea ahora ha puesto sus prioridades en la condonación de la deuda política de aquellos partidos que recibieron dinero para la campaña y no lo utilizaron, o el pago a plazos y sin intereses, y en el aumento de salarios para directivos y presidentes de comisiones.

Para reforzar este clima de pérdida de orientación, la decisión de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ante el amparo interpuesto por una profesional que no fue considerada por el Consejo Nacional de la Judicatura como candidata a magistrada ha provocado incertidumbre en cuanto paraliza la elección de magistrados por la Asamblea Legislativa y no opta por corregir rápidamente y bajo el principio del menor daño y respeto a los derechos subjetivos públicos de otros, la violación a la legalidad cometida por el Consejo Nacional de la Judicatura. En todo caso, ojalá que la resolución de la sala sea hecha con urgencia y no termine en un tráfico político.

La Asamblea Legislativa debe tener presente las elecciones que realizaron todos los abogados y abogadas el 7 de marzo, en las cuales resultaron electos, por una cantidad significativa de votos, el licenciado Edward Sidney Blanco Reyes en primer lugar; y el doctor Florentín Meléndez en segundo lugar, ambos de reconocida trayectoria profesional y que reúnen sobradamente el perfil para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Igualmente los licenciados Doris Luz Rivas de Galindo y Martín Rogel Zepeda son destacados profesionales que forman parte de la lista y llenan con creces los requisitos para ser magistrados.

Para el caso del fiscal general de la República, la anterior Asamblea Legislativa dejó un listado de tres candidatos, pero las negociaciones no han avanzado, pues en vez de determinar quién de ellos ofrece las mejores condiciones profesionales para ser fiscal, parece que existe la tentativa de algunos diputados de mantener bajo control una institución que debía estar al servicio de los ciudadanos y no permitir que un fiscal independiente sea nombrado en el cargo. Un diputado incluso tuvo la desfachatez de señalar a uno de los candidatos con vinculaciones partidarias solo por haber sido en el pasado acusador contra militares que causaron la muerte de civiles. El argumento no solo demuestra el nivel de reducción mental de la apreciación, sino que revela que hay simpatía para determinados delincuentes en la propia Asamblea Legislativa.