Longitudinal, vivienda y derecho de propiedad

Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho

La carretera Longitudinal del Norte, según su diseño, servirá para el desarrollo de 850 kilómetros de carretera, de los cuales 301 son de vía internacional, y facilitará la intercomunicación de municipios. El proyecto cuenta con tres componentes que se dice transformarían el norte del país: desarrollo humano, desarrollo productivo y conectividad vial. Se financia con la donación de 461 millones de dólares otorgados por el gobierno de los Estados Unidos. El plazo de ejecución es de cinco años a partir de diciembre de 2007. La asistencia brindada es en base al plan establecido en la Cuenta Desafío del Milenio, un programa para el desarrollo económico de los países democráticos en vías de desarrollo que tiene varios indicadores, como: gobierno justo, promoción de la libertad económica e inversión en la gente, etc., indicadores calificados por el Banco Mundial y Transparencia Internacional. Localmente se ha encomendado su manejo al Fondo del Milenio o FOMILENIO.

Con estos datos resaltamos la importancia no solo de la cantidad de la asistencia, sino del compromiso adquirido por el país. En abril de 2009 se firmo el contrato para el primer tramo. Asumimos que todo eso esta bien, pero hay algo preocupante en esa obra se desarrolla en la zona mas vulnerablemente jurídica, pues l a tierra no se encuentra catastrada y buena parte de los habitantes no tienen titulo de propiedad. Generación tras generación han poseído la tierra sin haberla legalizado, y no esta inscrita en los registro de la propiedad, o si lo está se encuentra con problemas como derechos proindivisos no acotados, derechos de herencia no formalizados y una serie de tipologías jurídicas que retardan el reconocimiento de los derechos de los dueños de las tierras.Es importante destacar esto porque para construir la carretera es necesario adquirir de los particulares los llamados derechos de vía, por lo que precisa que los habitantes de la zona legalicen su tierra. Otro punto de atención para las actuales autoridades es que estos pobladores corren el peligro de caer en manos de especualdores de tierras, que las adquieren a bajo precio y la pueden vender a uno comercial, o sencillamente pueden adquirir tierra en la zona esperando la plusvalía. Esto implica que los beneficiados no serán los menos favorecidos, sino los que tengan suficiente dinero para adquirirla; dinero limpio o lavado

La Corte Suprema de Justicia debe revisar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la Ley Especial para la Garantía de la Propiedad o Posesión Regular de Inmuebles, no se que esta, entre otros motivos, tenga los que mencionamos en este artículo.

Sobre lo manifestado por el presidente Funes acerca de construir veinte mil viviendas, no olvidemos que estas deben tener la base sólida no solo de construcción sino de seguridad jurídica. La intención del nuevo gobierno esta basada en un principio de equidad, de dotar a la población con una vivienda digna, pero parece que a todos, incluyendo a la bien intencionada cooperación internacional y organismo no gubernamentales, el aspecto jurídico les parece secundario. Ya es tiempo de que el pañis cuente con proyecto de nación ara la legalización de tierras e inscripción registral,, pues los actuales trámites son engorrosos, costosos y basados en legislación dispersa y contradictoria.

Sobre este punto, es necesario revisar si se justifica la existencia de varias instituciones con la misma función, respecto a la legalización y adquisiciones de tierras, deben unificarse o al menos coordinarse el Centro Nacional de Registros, el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, el Instituto Libertad y Progreso, el Fondo Nacional de la Vivienda Popular y el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano.

La corrupción dentro del Estado

Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho

La divulgación de la existencia de irregularidades dentro de la administración pública no es ninguna novedad. Basta ver desde fuera el desempeño de muchos empleados y funcionarios públicos y municipales para entender el fenómeno. El mal uso de los recursos, la apropiación de los bienes del Estado, el aprovechamiento de los mismos para asuntos personales, la designación de personas no idóneas para el cargo, la desidia del empleado en la prestación del servicio, vienen siendo evidentes desde hace tiempo y en ciertas oficinas podrían continuar cometiéndose arbitrariedades en el nombramiento de personal, otorgamiento de incrementos salariales injustificados o haciendo promociones o ascensos de última hora.

Siempre hemos sostenido que no basta contar con leyes que regulen y sancionen los actos contrarios a la ética de los servidores del Estado ni que existan las instituciones encargadas de la vigilancia en el cumplimiento de los deberes éticos. Es indispensable que haya voluntad de aplicar la ley.

De poco ha servido que nuestro país haya suscrito la Convención Interamericana contra la Corrupción y que tengamos una Ley de Ética Gubernamental con una infraestructura adecuada, si no es capaz de generar confianza de ser la centinela para vigilar el cumplimiento de los deberes éticos.

Hay razón cuando reclaman al presidente Funes que acuda a las instancias correspondientes a interponer formalmente las denuncias y a presentar las pruebas que demuestren la existencia de infracciones administrativas e incluso penales, que permita identificar con nombre y apellido al infractor. Esos son los procedimientos a seguir en una democracia. Estas graves situaciones señaladas no deben quedar en la simple denuncia pública que termina siendo un nuevo debate que se introduce a la palestra política.

Quienes previo el debido proceso, la observancia del derecho de audiencia y defensa, sean encontrados responsables de graves irregularidades o de hechos delictivos vinculados a la corrupción, no deben continuar ejerciendo cargos dentro de la administración ni nombrárseles hasta que demuestren estar rehabilitados; así también serán incluidos dentro del registro con antecedentes negativos que lleva el Tribunal de Ética y que deben ser certificados al Ministerio Público, al Tribunal del Servicio Civil, a la Corte de Cuentas y a la Fiscalía General de la República.

El Estado tiene la obligación constitucional de perseguir a aquellos servidores públicos que indebidamente han sustraído bienes y exigirles la devolución de los mismos. Pero no solo corresponde requerir al beneficiario directo la devolución de dineros o valores apropiados indebidamente, sino también sancionar a quienes por acción u omisión permitieron el apoderamiento de los mismos o realizaron el nombramiento ilegal del “servidor público”.

La prevención de los actos contrarios a la ética gubernamental no solo se alcanza a través de campañas públicas exhortando a la denuncia ciudadana, sino también por medio de los castigos ejemplarizantes a quienes han traicionado el fiel cumplimiento de sus deberes.

El Tribunal de Ética Gubernamental es una institución relativamente joven y en un país como el nuestro hay muchísimo trabajo que realizar en esta materia. Ojalá que dicho tribunal no responda a directrices de quienes los nombraron: el presidente de la República, la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Cuentas y el Ministerio Público. Esperamos no encontrar una defraudación más en la estrepitosa pérdida de valores que ha sufrido el país en los últimos años.

Manos a la obra. La delincuencia salvadoreña no se agota con la visible en las calles, en los autobuses, en los parques; campea también en las oficinas públicas, en los despachos ministeriales y en las altas esferas. Combatirlas tenazmente es un deber de las instituciones creadas para ello y desde este Centro de Estudios apoyamos toda iniciativa orientada a dar un nuevo rostro, transparente y honesto a la administración pública, siempre que se respeten las reglas del juicio previo.

El combo de la Asamblea

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Hace unos días, en un programa televisivo, el diputado Elizardo González Lovo manifestó que esta semana serían electos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general de la República y el procurador general de la República, tal como lo dijera el mismo, en “un combo”, agregando además que esto es producto de una negociación entre partidos, ejemplificando “yo te doy el fiscal, vos me das la Corte, bueno y el procurador quédatelo vos”, como si tratara de cambiar mercaderías según su valor o condición.

Se trata de una elección de segundo grado que hace la Asamblea Legislativa; estos funcionarios deben reunir los requisitos que la Constitución establece, no deben responder en el desempeño de sus deberes y obligaciones a ningún partido político. Aducen los representantes de los partidos que el funcionario nombrado no obedecerá al partido que lo propuso o negoció, sino que obedecerá al pueblo aunque su filiación política sea más que obvia.

Esto no lo podemos creer porque hemos visto cómo estos funcionarios en algunos casos emiten resoluciones tan tendenciosas, atropelladas o sin fundamento que uno se pregunta: bueno, ¿a quién favoreció tal resolución judicial o acto administrativo?

Entonces, cuando ya nadie se explica lo que es evidente, es que el común comenta “aquí hay gato encerrado”.

En estos últimos días hemos visto actuaciones de la Fiscalía, como la detención de Mario Orellana, en el caso Perla, quien gozaba de un inadecuado criterio de oportunidad. Asimismo nos ha sorprendido, pero lo vemos positivamente, que el fiscal en funciones haya hecho del conocimiento público el enorme canon de arrendamiento que esta institución paga en concepto de alquiler, ornato y limpieza; esperamos que no sea para promover su elección, y que el electo por la Asamblea prosiga con el curso de esta investigación. No hemos visto que la Corte de Cuentas se haya pronunciado sobre este aspecto, si los fiscales y policías están mal pagados y no tienen las herramientas y condiciones necesarias para realizar su trabajo, cómo se ha permitido semejante despilfarro sin que se haya conocido observación o reparo de ese organismo Contralor.

Por otro lado, el presidente de la Corte declaró que en esta vez sí iban a correr para resolver el recurso de amparo interpuesto por una de los aspirantes a magistrados. Significa que antes no han corrido con los recursos de amparo que duermen en la Corte; pero siguiendo el tema imaginamos que ello abrirá la lista de aspirantes que el Consejo Nacional de la Judicatura remitió a la Asamblea, violando su propio reglamento.

Dentro de este abanico de situaciones ocurre algo bueno: que la sociedad civil presiona un poco más para que la Asamblea cumpla su atribución de nombrar a los funcionarios de segundo grado, pero quisiéramos que estos nombramientos implicaran escoger a los profesionales más capaces y honrados.

Pero la Asamblea no deja de sorprendernos, no sabemos con qué nos saldrá ahora y es que, como posible producto de las supuestas negociaciones y “combos”, se menciona como candidatos a oscuros personajes, algunos notorios por su inmoralidad, por su corrupción, por su historial delictivo del que han salido indemnes gracias a sus contactos políticos.

Esperemos que la sociedad no solo presione por el tiempo perdido por la Asamblea, sino por la calidad de los funcionarios.

Las herencias de la Sala de lo Constitucional

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En su discurso inaugural el presidente Funes abordó temas positivos, pero también hubo absoluto silencio respecto a otros de mucho interés. Es motivo de esperanzas escuchar que habrá combate a la delincuencia común y la criminalidad organizada, que empezarán a investigar con responsabilidad a los policías involucrados en actividades delictivas y que no habrá privilegios para nadie. Ninguno debe oponerse a estas promesas. Pero lo que estuvo totalmente ausente en el discurso fueron las ofertas de respetar la separación de los órganos de gobierno, en especial, lo relativo a la independencia del Órgano Judicial.

Uno de los grandes problemas con los anteriores gobiernos centrales han sido los niveles de intromisión que han tenido en el Órgano Judicial, en especial, en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Las políticas del Ejecutivo han tenido una resonancia directa en la cúpula del Judicial. Muchas sentencias de la sala mencionada, como la que consideró constitucional una disposición legal de la Ley del Presupuesto General de la Nación que facultaba al Órgano Ejecutivo a realizar transferencias de fondos de una partida a otra en cualesquier rama, sin autorización del Legislativo, ha sido una de las tantas vergüenzas jurisprudenciales, en las que no ha importado la Constitución de la República, sino atender ciegamente las peticiones del gobierno central y por ende, se ocasionó un grave daño al ejercicio responsable de la magistratura. Seguramente esa permisividad de la sentencia de apartar a la Asamblea Legislativa del control financiero del Estado tiene relación directa con la bancarrota que sufre.

Ahora que la izquierda ha llegado al poder, los jueces también deben continuar exigiendo respeto a su independencia y es necesario que este principio ético y deber de los administradores de justicia se ponga de manifiesto en todos los estratos, desde la Corte Suprema hasta el juez de Paz del más remoto lugar. Los jueces que en más de alguna ocasión demostraron férrea oposición a ciertas políticas criminales del Ejecutivo, como en el caso de la Ley Anti Maras, deben ahora continuar con esa exigencia de no permitir intromisiones indebidas del actual gobierno ni de ningún sector.

Otro de los desatinos de la Sala de lo Constitucional fue tolerar que la Asamblea Legislativa no cumpla los plazos constitucionales para el nombramiento de los funcionarios de segundo grado, en especial del fiscal general de la República, quien, como sabemos, todavía no ha sido nombrado a pesar de que el pasado 19 de abril venció el período del anterior titular. Hace más de tres años, la sala, en vez de asumir como verdadero ente contralor de los actos del Legislativo exigiéndole el respeto de los plazos, consintió las peticiones irresponsables de los diputados permitiendo que prolonguen los nombramientos de ciertos funcionarios.

Ahora nos encontramos con la grave incertidumbre si las actuaciones del fiscal adjunto son válidas o no. Cada vez más, muchos jueces y juezas se van sumando a desconocer al referido funcionario. No sabemos a qué se atienen los diputados y preocupa grandemente que no se dimensione el problema. Pero la situación se torna más crítica y no se visualiza el horizonte que conduzca hacia la responsabilidad institucional. Confiamos en que la elección del fiscal general no sea objeto de negociación partidaria, si lo es como podría el presidente cumplir la palabra empeñada en su discurso de combatir la corrupción y el narcotráfico.

La actual Sala de lo Constitucional, complaciente en muchos aspectos a las peticiones de los otros órganos, para bien del país, terminará pronto su período de funciones. Esperamos que los próximos magistrados que asuman esos cargos repudien esa herencia de sumisión y obediencia y que demuestren mayor conciencia y lucidez sobre lo que significa la vigencia de un Estado Constitucional de Derecho.