Las herencias de la Sala de lo Constitucional

Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho

En su discurso inaugural el presidente Funes abordó temas positivos, pero también hubo absoluto silencio respecto a otros de mucho interés. Es motivo de esperanzas escuchar que habrá combate a la delincuencia común y la criminalidad organizada, que empezarán a investigar con responsabilidad a los policías involucrados en actividades delictivas y que no habrá privilegios para nadie. Ninguno debe oponerse a estas promesas. Pero lo que estuvo totalmente ausente en el discurso fueron las ofertas de respetar la separación de los órganos de gobierno, en especial, lo relativo a la independencia del Órgano Judicial.

Uno de los grandes problemas con los anteriores gobiernos centrales han sido los niveles de intromisión que han tenido en el Órgano Judicial, en especial, en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Las políticas del Ejecutivo han tenido una resonancia directa en la cúpula del Judicial. Muchas sentencias de la sala mencionada, como la que consideró constitucional una disposición legal de la Ley del Presupuesto General de la Nación que facultaba al Órgano Ejecutivo a realizar transferencias de fondos de una partida a otra en cualesquier rama, sin autorización del Legislativo, ha sido una de las tantas vergüenzas jurisprudenciales, en las que no ha importado la Constitución de la República, sino atender ciegamente las peticiones del gobierno central y por ende, se ocasionó un grave daño al ejercicio responsable de la magistratura. Seguramente esa permisividad de la sentencia de apartar a la Asamblea Legislativa del control financiero del Estado tiene relación directa con la bancarrota que sufre.

Ahora que la izquierda ha llegado al poder, los jueces también deben continuar exigiendo respeto a su independencia y es necesario que este principio ético y deber de los administradores de justicia se ponga de manifiesto en todos los estratos, desde la Corte Suprema hasta el juez de Paz del más remoto lugar. Los jueces que en más de alguna ocasión demostraron férrea oposición a ciertas políticas criminales del Ejecutivo, como en el caso de la Ley Anti Maras, deben ahora continuar con esa exigencia de no permitir intromisiones indebidas del actual gobierno ni de ningún sector.

Otro de los desatinos de la Sala de lo Constitucional fue tolerar que la Asamblea Legislativa no cumpla los plazos constitucionales para el nombramiento de los funcionarios de segundo grado, en especial del fiscal general de la República, quien, como sabemos, todavía no ha sido nombrado a pesar de que el pasado 19 de abril venció el período del anterior titular. Hace más de tres años, la sala, en vez de asumir como verdadero ente contralor de los actos del Legislativo exigiéndole el respeto de los plazos, consintió las peticiones irresponsables de los diputados permitiendo que prolonguen los nombramientos de ciertos funcionarios.

Ahora nos encontramos con la grave incertidumbre si las actuaciones del fiscal adjunto son válidas o no. Cada vez más, muchos jueces y juezas se van sumando a desconocer al referido funcionario. No sabemos a qué se atienen los diputados y preocupa grandemente que no se dimensione el problema. Pero la situación se torna más crítica y no se visualiza el horizonte que conduzca hacia la responsabilidad institucional. Confiamos en que la elección del fiscal general no sea objeto de negociación partidaria, si lo es como podría el presidente cumplir la palabra empeñada en su discurso de combatir la corrupción y el narcotráfico.

La actual Sala de lo Constitucional, complaciente en muchos aspectos a las peticiones de los otros órganos, para bien del país, terminará pronto su período de funciones. Esperamos que los próximos magistrados que asuman esos cargos repudien esa herencia de sumisión y obediencia y que demuestren mayor conciencia y lucidez sobre lo que significa la vigencia de un Estado Constitucional de Derecho.