Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho
Hace unos días, en un programa televisivo, el diputado Elizardo González Lovo manifestó que esta semana serían electos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general de la República y el procurador general de la República, tal como lo dijera el mismo, en “un combo”, agregando además que esto es producto de una negociación entre partidos, ejemplificando “yo te doy el fiscal, vos me das la Corte, bueno y el procurador quédatelo vos”, como si tratara de cambiar mercaderías según su valor o condición.
Se trata de una elección de segundo grado que hace la Asamblea Legislativa; estos funcionarios deben reunir los requisitos que la Constitución establece, no deben responder en el desempeño de sus deberes y obligaciones a ningún partido político. Aducen los representantes de los partidos que el funcionario nombrado no obedecerá al partido que lo propuso o negoció, sino que obedecerá al pueblo aunque su filiación política sea más que obvia.
Esto no lo podemos creer porque hemos visto cómo estos funcionarios en algunos casos emiten resoluciones tan tendenciosas, atropelladas o sin fundamento que uno se pregunta: bueno, ¿a quién favoreció tal resolución judicial o acto administrativo?
Entonces, cuando ya nadie se explica lo que es evidente, es que el común comenta “aquí hay gato encerrado”.
En estos últimos días hemos visto actuaciones de la Fiscalía, como la detención de Mario Orellana, en el caso Perla, quien gozaba de un inadecuado criterio de oportunidad. Asimismo nos ha sorprendido, pero lo vemos positivamente, que el fiscal en funciones haya hecho del conocimiento público el enorme canon de arrendamiento que esta institución paga en concepto de alquiler, ornato y limpieza; esperamos que no sea para promover su elección, y que el electo por la Asamblea prosiga con el curso de esta investigación. No hemos visto que la Corte de Cuentas se haya pronunciado sobre este aspecto, si los fiscales y policías están mal pagados y no tienen las herramientas y condiciones necesarias para realizar su trabajo, cómo se ha permitido semejante despilfarro sin que se haya conocido observación o reparo de ese organismo Contralor.
Por otro lado, el presidente de la Corte declaró que en esta vez sí iban a correr para resolver el recurso de amparo interpuesto por una de los aspirantes a magistrados. Significa que antes no han corrido con los recursos de amparo que duermen en la Corte; pero siguiendo el tema imaginamos que ello abrirá la lista de aspirantes que el Consejo Nacional de la Judicatura remitió a la Asamblea, violando su propio reglamento.
Dentro de este abanico de situaciones ocurre algo bueno: que la sociedad civil presiona un poco más para que la Asamblea cumpla su atribución de nombrar a los funcionarios de segundo grado, pero quisiéramos que estos nombramientos implicaran escoger a los profesionales más capaces y honrados.
Pero la Asamblea no deja de sorprendernos, no sabemos con qué nos saldrá ahora y es que, como posible producto de las supuestas negociaciones y “combos”, se menciona como candidatos a oscuros personajes, algunos notorios por su inmoralidad, por su corrupción, por su historial delictivo del que han salido indemnes gracias a sus contactos políticos.
Esperemos que la sociedad no solo presione por el tiempo perdido por la Asamblea, sino por la calidad de los funcionarios.
lunes, 15 de junio de 2009
El combo de la Asamblea
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