Crisis constitucional y conflictos de intereses

Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho

Los conflictos de intereses que se han producido en el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) y en la Sala de lo Constitucional, con relación a la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, nos han llevado a una crisis constitucional que amenaza convertirse en una grave crisis institucional.

En ambas instituciones se tomaron decisiones de parte de funcionarios, que por la naturaleza independiente de sus cargos y por sus aspiraciones a ser candidatos a magistrados estaban descalificados ética y jurídicamente para participar en su discusión y aprobación. Tales decisiones permitieron incluir indebidamente a miembros del CNJ en la lista de candidatos y ordenar a la Asamblea Legislativa la suspensión de la elección. Decisiones en las que participaron magistrados que son “aspirantes” a candidatos, todo lo cual ha agravado aún más la situación.

Dicha suspensión es improcedente, ya que carece de fundamentación jurídica constitucional y de toda “razonabilidad”. Criterio que constituye un importante parámetro de interpretación de las normas legales y de las atribuciones constitucionales de ciertos funcionarios públicos, tal como lo ha recordado el Dr. Florentín Meléndez, miembro del Centro de Estudios Jurídicos, y candidato a la Corte Suprema de Justicia por la elección de abogados.

Lo anterior ha generado un problema constitucional, un problema de interpretación, y un problema ético y político, sin precedentes en la historia judicial y legislativa del país.

Ante esta grave problemática se debe imponer la cordura y la razón, la voluntad política democrática, el respeto al Estado de Derecho, y la defensa de los derechos fundamentales de la población. Se debe dar paso a una adecuada interpretación constitucional y legal que permita elegir a los magistrados que cumplan los requisitos éticos, de méritos e independencia, aceptando y corrigiendo los errores, y subsanando las omisiones cometidas, tanto por el CNJ como por la Sala de lo Constitucional; abandonando las indebidas pretensiones que tienen los miembros del CNJ y revocando la orden de suspensión de elecciones de magistrados, por ser contraria a la Constitución y a la razón.

Lo importante ahora es garantizar con toda transparencia la elección de magistrados dentro del plazo legal establecido, y contribuir con ello a la normalidad constitucional seriamente alterada por los conflictos de intereses.

En el artículo anterior señalamos la posible paralización de la Sala de lo Constitucional si no se elige magistrados en el tiempo oportuno, y que el nombramiento de un presidente interino de la Corte Suprema de Justicia al estilo del fiscal adjunto que usurpa funciones de fiscal general sería descabellado. Tales violaciones constitucionales podrían convertirse en justificantes de los derechos constitucionales de desobediencia e insurrección, ya que la “clase política” sería la que los provocaría ante el quebrantamiento del orden institucional; por lo que no es prudente jugar con esas circunstancias.

La crisis constitucional nos deja retos que asumir y lecciones que aprender. Hay que revisar el modelo y los procedimientos de elección de magistrados y de las elecciones de segundo grado, a fin de garantizar la legalidad y transparencia en los procedimientos de elección, y la idoneidad técnica y moral de los candidatos. El Órgano Legislativo debe suplir los vacíos y corregir las deficiencias legales, y brindar mayores niveles de seguridad jurídica a la ciudadanía y a los que participan en este tipo de elecciones, para no caer en el uso arbitrario y abusivo del poder, en la interpretación errónea de la ley, en el irrespeto a la Constitución, y en la inobservancia de las normas éticas de la función pública, contribuyendo de esta manera a transformar el sistema judicial que tanto lo necesita.

Llamamos a la Sala de lo Constitucional a no convertirse en causante de crisis y a las diferentes fracciones legislativas para que, poniendo por encima de cualquier interés particular o partidario los altos intereses nacionales, liberen de obstáculos la elección de magistrados y procedan a nombrar a los mejores profesionales como tales.