Longitudinal, vivienda y derecho de propiedad

Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho

La carretera Longitudinal del Norte, según su diseño, servirá para el desarrollo de 850 kilómetros de carretera, de los cuales 301 son de vía internacional, y facilitará la intercomunicación de municipios. El proyecto cuenta con tres componentes que se dice transformarían el norte del país: desarrollo humano, desarrollo productivo y conectividad vial. Se financia con la donación de 461 millones de dólares otorgados por el gobierno de los Estados Unidos. El plazo de ejecución es de cinco años a partir de diciembre de 2007. La asistencia brindada es en base al plan establecido en la Cuenta Desafío del Milenio, un programa para el desarrollo económico de los países democráticos en vías de desarrollo que tiene varios indicadores, como: gobierno justo, promoción de la libertad económica e inversión en la gente, etc., indicadores calificados por el Banco Mundial y Transparencia Internacional. Localmente se ha encomendado su manejo al Fondo del Milenio o FOMILENIO.

Con estos datos resaltamos la importancia no solo de la cantidad de la asistencia, sino del compromiso adquirido por el país. En abril de 2009 se firmo el contrato para el primer tramo. Asumimos que todo eso esta bien, pero hay algo preocupante en esa obra se desarrolla en la zona mas vulnerablemente jurídica, pues l a tierra no se encuentra catastrada y buena parte de los habitantes no tienen titulo de propiedad. Generación tras generación han poseído la tierra sin haberla legalizado, y no esta inscrita en los registro de la propiedad, o si lo está se encuentra con problemas como derechos proindivisos no acotados, derechos de herencia no formalizados y una serie de tipologías jurídicas que retardan el reconocimiento de los derechos de los dueños de las tierras.Es importante destacar esto porque para construir la carretera es necesario adquirir de los particulares los llamados derechos de vía, por lo que precisa que los habitantes de la zona legalicen su tierra. Otro punto de atención para las actuales autoridades es que estos pobladores corren el peligro de caer en manos de especualdores de tierras, que las adquieren a bajo precio y la pueden vender a uno comercial, o sencillamente pueden adquirir tierra en la zona esperando la plusvalía. Esto implica que los beneficiados no serán los menos favorecidos, sino los que tengan suficiente dinero para adquirirla; dinero limpio o lavado

La Corte Suprema de Justicia debe revisar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la Ley Especial para la Garantía de la Propiedad o Posesión Regular de Inmuebles, no se que esta, entre otros motivos, tenga los que mencionamos en este artículo.

Sobre lo manifestado por el presidente Funes acerca de construir veinte mil viviendas, no olvidemos que estas deben tener la base sólida no solo de construcción sino de seguridad jurídica. La intención del nuevo gobierno esta basada en un principio de equidad, de dotar a la población con una vivienda digna, pero parece que a todos, incluyendo a la bien intencionada cooperación internacional y organismo no gubernamentales, el aspecto jurídico les parece secundario. Ya es tiempo de que el pañis cuente con proyecto de nación ara la legalización de tierras e inscripción registral,, pues los actuales trámites son engorrosos, costosos y basados en legislación dispersa y contradictoria.

Sobre este punto, es necesario revisar si se justifica la existencia de varias instituciones con la misma función, respecto a la legalización y adquisiciones de tierras, deben unificarse o al menos coordinarse el Centro Nacional de Registros, el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, el Instituto Libertad y Progreso, el Fondo Nacional de la Vivienda Popular y el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano.