Elección de funcionarios: debilidad de políticos

Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho

Independientemente que al momento de aparecer esta publicación se haya elegido o no a los magistrados para la Corte Suprema de Justicia, fiscal general de la República y procurador general de la República, todos habrían sido nombrados extemporáneamente, la Asamblea Legislativa ha exhibido hasta la desesperación su pobre rol, tanto respecto a los plazos constitucionales como en el procedimiento de selección de dichos funcionarios. Estas líneas también resultarán válidas aunque se hayan escogido los mejores candidatos, pues nada justifica mantener ni un día acéfala dichas instituciones.

Es lamentable que los señores diputados vean con tanta desidia el funcionamiento ordenado de las principales instituciones del Estado y con tranquilidad declaren semanalmente en los medios de comunicación que “el único acuerdo al que hemos llegado es en reunirnos la próxima semana”. Cuando lo que deberían anunciar es que se dedicarán a trabajar ininterrumpidamente hasta elegir los funcionarios. Algo grave está pasando en El Salvador y los diputados parecen no percibir la mirada atónita del pueblo.

Esta experiencia obliga a proponer que se regulen, ya sea en la ley o en el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, procedimientos transparentes y participativos de elección de los mencionados funcionarios y del resto que requieren nombramiento por ese órgano de gobierno.

Es cierto que el Reglamento Interior de la Asamblea desarrolla un procedimiento para la elección de funcionarios, pero a la vista de lo que ocurre en la realidad, es totalmente inoperante o los diputados han dado la peor de las interpretaciones a sus propias normas. Allí se contempla que la Comisión Política determinará si los candidatos reúnen los requisitos para el cargo, podrá solicitar los informes que estime convenientes, analizará las hojas de vida y todos sus atestados y si lo considera procedente entrevistará a los candidatos. Luego dicho Reglamento establece que este proceso será público.

Los aspirantes a magistrados ni siquiera fueron llamados por la Asamblea para escuchar sus planteamientos sobre la administración de justicia, independencia judicial, imparcialidad, política criminal o formas para disminuir la delincuencia en el país. ¿Acaso a los diputados no les interesa conocer la visión técnica jurídica de los aspirantes? Tampoco han abierto espacios para que la sociedad civil organizada pueda canalizar opiniones favorables o desfavorables sobre los candidatos. Un procedimiento transparente, participativo y vigilante de la sociedad, entiéndase, es garantía en la búsqueda de los mejores hombres y mujeres para el cargo. Por otro lado, las reuniones, discusiones y sus resultados han transcurrido en absoluto misterio: ¡vaya negación de la información al pueblo por parte de sus representantes!

Tal como están redactadas las disposiciones reglamentarias, unida a la conducta poco responsable de los diputados en materia de elecciones de segundo grado, tenemos el riesgo que los caprichos de los “negociadores” sean capaces de bloquear candidaturas serias, responsables y valiosas; o en su lugar, nombrar funcionarios sumisos al poder político, incapaces, deshonestos y otras cartas de presentación evidenciadas por muchos que ya hemos visto desfilar en cargos importantes. Con esos criterios, nuestro querido país continuará exhibiendo con orgullo el peyorativo calificativo de “tercermundista”.

Las grandes naciones no se caracterizan solo por sus calles limpias y ordenadas, sus parques seguros y los transportistas respetuosos de los pasajeros, ni por el respeto de los derechos de sus ciudadanos, sino también por la prudencia para preservar el orden de las instituciones como la Corte Suprema, la Fiscalía y la Procuraduría General para garantizar que al frente de ellas estén los mejores profesionales.

Así como a los médicos les corresponde vigilar por la salud de los habitantes, los abogados estamos obligados a contribuir dando las mejores interpretaciones a las normas jurídicas y sobre todo, a buscar el fortalecimiento de las instituciones y proponer para cargos relevantes a los profesionales más destacados.