Una nueva era para la justicia

Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho

Para muchos, el acontecimiento más importante del año ha sido la elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que anticipa cambios para el país más importantes aún que los que ha significado el cambio en la cúpula del Órgano Ejecutivo. Ninguna otra institución estatal necesita un cambio tan radical como el Órgano Judicial.

La elección se vio precedida de todo tipo de maniobras, intrigas y componendas políticas, y de argucias jurídicas que no redundan en beneficio del estado de derecho, pero este es un tema que dejamos para después. En estos momentos solo queremos expresar nuestra satisfacción por la selección de los nuevos magistrados de la Corte, especialmente los doctores José Belarmino Jaime y Florentín Meléndez, y los licenciados Rodolfo González Bonilla y Edward Sidney Blanco Reyes. Tres de ellos fueron candidatos del Centro de Estudios Jurídicos en las elecciones gremiales y el cuarto ha sido miembro de nuestra asociación durante décadas. Vayan a ellos nuestras felicitaciones y nos congratulamos de tenerlos como integrantes del tribunal supremo.

La negociación partidaria que condujo a su elección puede ser vista con gran disgusto, pero el resultado de la misma nos produce un gran alivio. Es la primera vez que vemos un cambio real de los políticos con respecto a la integración de la Corte. Ninguno de ellos tiene una vinculación política partidaria evidente. Todos se distinguen por sus amplios conocimientos del Derecho y en especial sobre la materia que juzgarán (nuestros políticos nunca se pondrían en manos de un ortopeda si van a examinarse la vista, pero al tratarse del juzgamiento de sus derechos, especialmente constitucionales, parece que no siguen la misma lógica y eligen para integrar las distintas Salas de la Corte a personas que no son especialistas en la rama que van a juzgar); son notoriamente activos y comprometidos con el cambio en el Órgano Judicial y, sobre todo, son de rectitud y probidad comprobada en décadas de ejercicio profesional. Tenemos excelentes razones para esperar notables cambios en el sector judicial; son tantas las tareas que les esperan que no les pedimos milagros, pero podemos creer que está por terminar la época en la que los salvadoreños tienen que acudir al Órgano Judicial mendigando justicia.

La nefasta presidencia de la Corte del período 2000-2009 ya es cosa del pasado, pero ha dejado un legado que tardará años en superarse. Bajo la dirección de un oportunista, impreparado para desempeñar el cargo, pero ambicioso y un maestro de la intriga, la Corte retrocedió al período anterior a los Acuerdos de Paz, la época en que la Comisión de la Verdad recomendó la destitución de los miembros del tribunal por su falta de profesionalismo. El Órgano Judicial bajó, en las encuestas de opinión, a ser la institución salvadoreña en la que el público tenía menos confianza: el retraso en la administración de justicia, el incumplimiento de la ley, el despilfarro de recursos, los señalamientos de corrupción y tráfico de influencias, la falta de transparencia en el manejo de los asuntos financieros y de todo tipo, los alegados actos de nepotismo y compadrazgo en los nombramientos administrativos, la politización partidaria de las resoluciones en los casos importantes, etc., han sido lo que lo ha caracterizado.

Los textos de historia ya contienen un juicio sobre este período, pero vemos la voluntad de algunos políticos de que se repita en otros sectores, como la Fiscalía General de la República. ¿Será que los culpables de nuestro desastre judicial buscan ocupar otros cargos en la administración pública porque necesitan algún fuero? Las intenciones de sus promotores también son obvias: necesitan alguien que garantice que no cumplirá la función para la cual sea electo. ¿Qué espera a nuestro país con tales maniobras?