Una estafa anunciada

Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho

En anteriores artículos del Centro de Estudios Jurídicos se ha referido al tema de la legalización o regularización de tierras, también sobre el mismo existen proyectos y estudios elaborados por expertos en la materia y por instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Desde 1992, se hablaba que había más de 500,000 familias asentadas en lotificaciones sin autorización llamadas “piratas”. Tal proliferación entre otras causas más estructurales se debe: 1) los compradores de parcelas lotificadas son generalmente del sector informal, quienes no tienen acceso a crédito bancario y no son cotizantes del Fondo Social para la Vivienda, ni el Fondo Nacional de Vivienda Popular, ni siquiera otros programas gubernamentales, 2) a la agresiva publicidad que tienen las lotificadoras, dueños o intermediarias ofertando a bajo costo y con facilidades de pago, 3) al grado bajo de institucionalidad que permite que se vendan lotes o parcelas que a todas luces no cumplen con los requisitos legales de aprobación, bajo contratos de arrendamiento con promesa de venta, letras de cambio y hasta recibos en papel simple; 4) falta un mecanismo de información que publicite que lotificaciones cumplen con la ley. Consecuencia de lo anterior los usuarios se encuentran en tierras hipotecadas, embargadas o con derechos hereditarios no resueltos u otras causas legales que impiden escriturar e inscribir sus parcelas. A las lotificadoras no les importa la incertidumbre legal, mientras menos costo mayor ganancia; aducen que la regularización legal es cara y los procesos de aprobación del Viceministerio de Desarrollo Urbano, la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), alcaldías municipales, Medio Ambiente y otras, son caros, engorrosos y tardados. Esto es cierto en la mayor parte de los casos y por ello los irresponsables se inclinan al camino fácil, no es justificable bajo ningún punto de vista que este sea motivo para estafar, y es que creemos que en el caso de Jumbo hay más tela que cortar.

Es tiempo que el gobierno dé muestras de modernizar el área de tramitación y legalización por medio de un ordenamiento territorial que tome en cuenta la realidad existente; asimismo las oficinas deben contar con personal capacitado y honesto, pues no es desconocido que algunos obtienen las aprobaciones de proyectos por medio de la consabida “mordida”.

La regularización culmina con la inscripción registral, basada en varias leyes registrales contradictorias entre sí, procesos que juntos se vuelven largos y costosos aunque necesarios para la seguridad jurídica, por lo que sugerimos también la revisión de la legislación que rige el Centro Nacional de Registros (CNR). Con el lanzamiento del plan anticrisis Casa para Todos, el gobierno tiene la oportunidad de comenzar por donde se debe y se interese por los pasos previos a la construcción, pues si se habla de la construcción de 100,000 viviendas se debe estar preparado para la tramitación ordenada y moderna de los permisos, y el Registro debe estar preparado para recibirlos. No quisiéramos ser pesimistas, pero en buena parte de las tierras en que se pretende construir, aún las del Estado necesitan alguna diligencia jurídica que a veces atrasa un proceso bien intencionado. Por ello recomendamos que se atienda esta situación antes o paralelamente a la construcción.

Insistimos nuevamente en resolver los conflictos heredados en el ISTA, los asentamientos en líneas férreas y calles en desuso, los derechos adquiridos por los salvadoreños en los ex bolsones y la propiedad de la tierra en el proyecto de la carretera Longitudinal del Norte que nos referimos en artículos anteriores.

Por último llamamos a la Dirección de Protección al Consumidor y Fiscalía que no esperen denuncias, que se persiga de oficio, se investigue, que se encarcele a los responsables de la causa de sufrimiento a todos los que ingenuamente pagaron por un lote, porque lotificadoras como Jumbo solo es la punta del iceberg.