Problemática en contrataciones del Estado

Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho

Uno de los elementos fundamentales en la gestión del gobierno es la transparencia y eficiencia en el manejo de las adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios. Los bienes del Estado pertenecen a todos pero a nadie en particular, por tanto, los ciudadanos tenemos el derecho de saber cómo se manejan los fondos públicos y de exigir que estos no sean desviados para actividades diferentes al fin colectivo. Es reprochable el manejo irresponsable de estos fondos para fines impropios como compra de bebidas embriagantes, uso de vehículos nacionales en horas y días inhábiles para fines particulares, y celebraciones de fiestas con fondos públicos. También indigna su manejo negligente en la torpe dirección en la construcción de obras públicas como el diseño inadecuado de hospitales y errores de cálculo en los proyectos de carretera, entre otros ejemplos desafortunados.

La solución para solventar esta problemática no requiere de brillantes revelaciones o planteamientos a lejano plazo. Mas bien pasa porque los funcionarios y empleados públicos tengan la buena voluntad de dar un giro de calidad hacia la modernización del Estado, la probidad, la libre competencia y el uso racional de los recursos públicos. Una vez superado lo anterior, será necesario dotar a todas las instituciones gubernamentales de un jefe de unidad de adquisiciones y contrataciones que sea idóneo, honesto y que posea un equipo de trabajo con virtudes similares. Iguales cualidades, pero con un grado de mayor exigencia académica y experiencia, debe tener el jefe de la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública del Ministerio de Hacienda (UNAC), pues tiene a su cargo, en términos muy latos, la coordinación de todas las políticas y los lineamientos en la contratación pública a escala nacional.

Debe estudiarse detenidamente la legislación actual sobre el tema, específicamente la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), la cual en su momento representó un avance normativo en el año 2000, porque pasamos de una total ausencia regulatoria a contar con un cuerpo legislativo especializado. Sin embargo, lastimosamente en la práctica cotidiana se ha convertido en la excusa trillada de los funcionarios para la inoperancia en el manejo de fondos públicos. En tal sentido, eventuales reformas a este cuerpo normativo deben incluir los cambios necesarios que permitan hacer más expeditos los trámites de contratación a la vez que se brinde transparencia a los mismos.

El Centro de Estudios Jurídicos ve con buenos ojos la creación de un Observatorio de Transparencia mediante el cual la población en general pueda vigilar los procesos y las obras realizadas por el Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Vivienda y Desarrollo Urbano, sobre todo porque históricamente esta ha sido una de las carteras de Estado más señaladas por el mal uso de los dineros públicos. Aplaudimos la iniciativa y la intención del nuevo gobierno de transparentar el manejo de fondos. Sin embargo, creemos también que la misma se ha quedado todavía corta en cuanto a que no ha alcanzado a las demás dependencias. Para nadie es un secreto que dentro del Ministerio de Salud también se celebra gran cantidad de contratos de suministros de medicina por altas sumas de dinero. No obstante, esas contrataciones aún no pueden ser vigiladas por el ojo de la sociedad.

Pero esta tarea tampoco puede quedar exclusivamente en el ámbito del Órgano Ejecutivo, y la misma debe permear en todas y cada una de las entidades que forman el aparato estatal: Órgano Legislativo, Judicial, Municipios, Autónomas. Todos los miembros de la Administración Pública deben adquirir un compromiso con la transparencia. Asimismo, la sociedad civil también debe hacer su parte y aprovechar al máximo los canales que se pongan a su disposición para ejercer el control ciudadano.