lunes, 28 de septiembre de 2009

Por fin hay fiscal

Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho


La Constitución otorga a la Asamblea Legislativa una serie de atribuciones que por su trascendencia deben ser conferidas a un ente responsable y calificado.


Entre tales funciones, encontramos la elección de funcionarios de segundo grado como magistrados de la Corte Suprema de Justicia, fiscal general y procurador general, entre otros. No obstante, la violación a los deberes constitucionales por parte de la Asamblea se ha convertido en un hábito reiterado, amarrado intrínsecamente a la consecución de intereses partidarios. La mora en el cumplimiento del nombramiento de funcionarios de segundo grado es una práctica desafortunada: curiosamente los funcionarios que dictan las leyes son los primeros en romper el orden jurídico, dando un ejemplo deplorable a toda la población, y lo que es peor, sus acciones y omisiones quedan impunes pues parece que tienen permiso para violar la Constitución.


Resulta penoso que el Órgano Legislativo sea incapaz de lograr por sí solo consensos a favor de la nación, y necesiten de la intervención del presidente de la República para lograr dialogar civilizadamente, situación que aunque raya con la independencia de poderes, se ha vuelto para el mandatario una práctica necesaria ante la pereza inconstitucional del parlamento. Precisamente ha sido este el caso del nombramiento del nuevo fiscal general de la República, que más que un mérito de la Asamblea Legislativa, es un logro de la iniciativa presidencial. No obstante, ha llegado el momento que la comunidad jurídica y los funcionarios competentes como el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos ideen y lleven a cabo iniciativas legales en contra de las omisiones inconstitucionales de la Asamblea, por cuanto no es posible que adoptemos una actitud pasiva ante estas demoras injustificadas que atentan contra la institucionalidad del país, y abonan a la inseguridad jurídica. Sin embargo, el Centro de Estudios Jurídicos no desea adscribirse a una postura pesimista sobre la dinámica política criolla, y por el contrario, se celebra el nombramiento del nuevo fiscal general y considera que los criterios técnicos y de experiencia que al final prevalecieron son los adecuados para evaluar la designación de un funcionario en el cargo. Basta con observar que los candidatos que llegaron al final del proceso de elección, incluyendo el nuevo fiscal, son profesionales que cuentan con una larga carrera dentro del Ministerio Público.


Así, la experiencia en los diferentes roles complejos de la Fiscalía, que incluye la dimensión de la investigación del delito, el ejercicio de la acción penal y la defensa de los intereses del Estado, resultaron ser un elemento invaluable en la designación hecha: un profesional que conoce las fortalezas y debilidades de la institución no necesita de una labor de aprendizaje y carece de esa excusa para implementar planes a corto, mediano y largo plazo (parafraseando las declaraciones del nuevo funcionario). De igual forma, habiendo estado en contacto con los litigios judiciales e investigaciones de actos criminales desarrollados por la institución, el fiscal electo es conocedor de los criterios jurisprudenciales; de los procedimientos en la dirección en la investigación del delito; de los requerimientos presupuestarios de la institución; de las necesidades de sus fiscales auxiliares; etcétera. Por tanto, debe ser motivo de festejo para todo el país, que por fin contemos con un fiscal. Pero también debemos aprender de errores cometidos y reprochar a la Asamblea Legislativa su tardanza en el cumplimiento de sus deberes. Paralelamente, es importante que los distintos actores de la sociedad, entre ellos la empresa privada, el Órgano Ejecutivo y principalmente los que conforman el sistema de justicia, apoyen al fiscal general de la República en el desempeño de sus funciones, esperando con expectativa que cumpla eficazmente su rol constitucional sin influencias de ningún tipo, y con total independencia de partidos políticos y de cualquier otro poder fáctico.

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