Corrupción a la salvadoreña

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

Un juzgado de sentencia ha confirmado un secreto a voces que ha circulado durante casi quince años: la condena de un funcionario público por actos de corrupción. Que nosotros sepamos, se trata de la primera condena por hechos semejantes que se da en el país desde 1886. ¡Y el reo se ha escapado!

Aún prevalece en Latinoamérica la viveza criolla, que es la participación en política con la finalidad de apropiación indebida para beneficio propio. Aquí se ha dicho que se debe de actuar con rapidez para componerse, o sea, enriquecerse ilícitamente en el menor tiempo, desde el primer día de trabajo; en ciertos entornos familiares y los nuevos amigos, aconsejan no ser “tonto” sino ser “animala”, no perder la oportunidad. Aún se considerará tonto al honesto, al individuo que no se aprovecha de un puesto público para enriquecerse, al que no tiene intención de robar. Algunos consideran que estar en un cargo público y no robar es algo inconcebible; lo mejor es aprovecharse, eso es ser “vivo”.

El delito no es cometer el crimen, la defraudación, sino dejarse atrapar. En este país, los peces gordos no son condenados, salen libres aún condenados. Es increíble, pero aún persiste cierto culto perverso a estas prácticas. El triunfo de la corrupción, sin embargo, es coyuntural, ya que se ha iniciado una fuerte tendencia a ver esto como malo e inconveniente, aunque hay personas mayores, con nostalgia por el pasado autoritario y corrupto.

Sobre este asunto, habría que preguntarse si seguirán las distintas capas sociales y económicas de nuestra sociedad tolerando la corrupción, consintiéndola, admirando la obtención rápida de dinero mal habido. Esto sólo ha sido posible por falta de moral, de vergüenza, por un concepto mal entendido de la política, como medio para robar. La falta de confianza en los partidos políticos explicaría que comienza el rechazo a la corrupción.

Esperamos que el próximo legítimo gobierno, el que debe surgir por voluntad soberana y producto de una masiva decisión del voto, no permita la llegada de la corrupción, para lo que debe ejercer control y filtro previo de sus integrantes, rechazar potenciales o antiguos corruptos, y exija el estricto cumplimiento de la legislación nacional en materia de corrupción y enriquecimiento ilícito a todos sus miembros.

La edición electrónica del periódico argentino “La Nación”, del 11 de enero pasado, en un artículo sobre la corrupción, decía: “Como no se puede imponer la justicia perfecta y castigar a todos los culpables, por algo se debe empezar. Ojalá que este delito tenga su merecida sanción, lo cual es todavía un interrogante. De poco servirá esta sanción, sin embargo, si luego se vuelve a las andadas. Lo dijo en forma brillante el jurista italiano Cesare Bonessana, marqués de Beccaria, en su obra ‘Dei deliti e delle pene’: No importa la intensidad de una sanción, lo que importa es que siempre, siempre, todo delito tenga sanción. De esa forma se lo previene y desalienta. Pero en la Argentina ocurre lo del burro: caen algunos en desgracia, se los descuartiza, luego las paladas de tierra se sacuden con virtuosismo y la impunidad vuelve a la superficie con sus mejores galas”. ¿Similitud con nuestro país?

En El Salvador se ha comenzado el rechazo a las prácticas de corrupción. Es más, en el país ésta tiene varios rostros humanos que están fijados en la memoria colectiva, aún en la sección de impunidad.

El caso que comentamos al inicio de este artículo debe convertirse en una prueba de la voluntad del gobierno de combatir la corrupción. No sólo el funcionario prófugo debe ser atrapado y obligado a cumplir con la ley. Debe investigarse el caso a mayor profundidad, procesar a sus cómplices y, lo más importante, deducir responsabilidades a los responsables de su fácil y casi banal fuga. Si una de estas acciones falta, lo menos que deberemos deducir es la complicidad del gobierno en la corrupción.