El veto al decreto sobre insumos agrícolas

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

La época preelectoral es siempre trágica para el estado de derecho y para el pueblo en general, porque saca a la luz algunos de los peores aspectos de la clase política salvadoreña y, en especial, de los diputados. En esta época la Asamblea Legislativa se convierte en un circo en el que las distintas fracciones partidarias pugnan por hacer aprobar el mayor número de leyes que favorezcan a su clientela política o a quienes consideran que puedan ser sus posibles votantes. A los diputados no les importa que lo que aprueban sea inconstitucional, que sea perjudicial para el país, que sea armónico con el resto de las leyes o que se entienda tan siquiera, sino sólo hacer propaganda a sus partidos. El resultado es una infinidad de distorsiones de nuestro sistema legal y leyes perjudiciales o inaplicables. Lo que está pasando en la Asamblea Legislativa en estos momentos es uno de los peores ejemplos de esto.

El 28 de mayo de 2003, la Asamblea Legislativa aprobó un decreto por medio del cual eximía del pago del IVA a la venta de insumos agrícolas, demagógica medida que no beneficia a los productores, porque éstos no podrán pedir el reintegro del impuesto pagado, y tendrá el efecto de encarecer los productos agrícolas de producción nacional, y el presidente de la República lo vetó.

El 11 de febrero pasado, el pleno de la Asamblea reconsideró el decreto, con intenciones de superar el veto presidencial, pero no lo logró porque, aunque hubo votación, una diputada se retiró antes de que se llevara a cabo, faltando un voto para la superación del veto. Algo sin precedentes, se mandó a buscar al suplente de dicha diputada, pero no se le encontró, por tanto, y a pesar de la votación habida que decidía la cuestión, se acordó enviar la propuesta nuevamente a la comisión que la estudia.

El 18 de febrero pasado, como si la cuestión no hubiera sido votada y decidida, la Asamblea la conoce nuevamente y vota, pero se obtiene el número de votos necesarios después de uno de los actos más bufonescos que se hayan visto en una institución tan poco digna como nuestra Asamblea: ante las cámaras de la prensa, un diputado obliga a otro a levantar la mano y sostenerla en alto hasta que termina el recuento.

La polémica sobre la validez de esa votación continúa. Lo más raro es que los diputados que se oponen a la superación del veto presidencial ni siquiera protestan contra las tinterilladas con que se pretende burlar la voluntad acordada del cuerpo parlamentario. Nos llaman especialmente la atención los abogados entre ellos. ¿Acaso al llegar a la Asamblea se olvidan, además de la ética, del derecho que aprendieron en las aulas de estudio?

La Constitución es clara. Si el presidente de la República veta un decreto, éste debe ser reconsiderado por la Asamblea Legislativa y si ésta lo aprobare nuevamente con los dos tercios de votos de los diputados, lo enviará nuevamente al Presidente, quien deberá hacerlo sancionar y publicar. Si no se obtiene la votación necesaria, no se supera el veto y el decreto no puede volver a ser considerado por la Asamblea Legislativa sino hasta seis meses después.

Este desagradable incidente saca a luz la principal razón por la que no puede existir un estado de derecho en nuestro país. Para muchos políticos, la Constitución que juraron cumplir no es una norma de conducta que están obligados a seguir fielmente, sino un papel sin valor, que sacan a relucir cuando conviene a sus intereses, pero que violan cada vez que es un obstáculo para sus fines, si no es directamente, con toda clase de argucias, como las que hemos visto en las últimas semanas en la Asamblea. El pueblo salvadoreño no puede seguir tolerando esta situación.

La época electoral es también una época cuando las opciones políticas inmorales pueden ser rechazadas.