Algunos partidos merecen desaparecer

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

De las elecciones del 21 de marzo pasado ha resultado un candidato ganador que ocupará la Presidencia de la República durante los próximos cinco años. Lo felicitamos. También resulta que los partidos CDU, PDC y PCN (estos dos últimos, los más antiguos del país) deberán desaparecer, por no haber obtenido el número de votos necesarios para continuar su existencia. Se los habíamos advertido.

Hace más de cinco años, el Centro de Estudios Jurídicos publicó el primero de varios artículos comentando el actual sistema electoral y advertíamos sobre su marcado carácter antidemocrático. Está orientado a restringir la participación del pueblo en la vida pública, a impedir una verdadera manifestación de la voluntad ciudadana y a limitar el acceso a puestos públicos a una élite política que, aunque de diversas ideologías, se une en la defensa de intereses comunes.

El art. 85 de la Constitución de 1983 estableció que los partidos políticos son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del gobierno. Es una norma destinada a limitar la participación ciudadana y el acceso a cargos públicos, pues impide la participación de candidatos independientes en elecciones, pero no es excesivamente restrictiva; al fin, los partidos políticos constituyen la más sólida base ideológica y de apoyo para los gobernantes, y además, no prohíbe que haya partidos pequeños, partidos locales o incluso temporales. La disposición ha resultado perjudicial porque ha sido alegada para impedir la organización del pueblo en partidos.

Por ejemplo, durante la “dictadura” militar, para la formación de un partido político se requería la concurrencia de 25 ciudadanos al acto de constitución y la afiliación de 2 mil más. Estos requisitos han sido aumentados considerablemente en el período “democrático”. Actualmente es necesaria la concurrencia de 100 ciudadanos y un número de afiliados equivalente al 3% de los votos emitidos en la última elección y se conceden sólo 90 días para obtener esos afiliados. Dado el número de votantes en la última elección, un nuevo partido tendría que conseguir más de 60,000 afiliados para poder ser inscrito; nadie podrá hacerlo sino llenando sus libros con afiliaciones ficticias. Los verdaderos partidos políticos no son resultado de súbitos movimientos espontáneos de masas, sino que necesitan tiempo, décadas a veces, para crecer y consolidarse.

Otra reliquia de las dictaduras es la norma que obliga a la disolución de partidos que no obtengan un porcentaje de votos determinado. En la época de los gobiernos militares, la cancelación procedía cuando no obtenía el 1% de los votos emitidos en las elecciones nacionales; en la actualidad es el 3% y si existe una coalición se requiere la misma cantidad por cada partido coaligado. Esto no se da en ninguna verdadera democracia, pero en el país la ley lo contempla y la Sala de lo Constitucional lo ha declarado legítimo. La excesiva proliferación de partidos no es deseable, pero la supresión de las opciones populares para acceder al poder es la destrucción de la democracia.

La debacle que enfrentan los partidos que deben desaparecer según la ley es un mal que ellos han provocado. Se les advirtió qué pasaría si se daba una situación de extrema polarización como la que vivimos durante las pasadas elecciones, pero estaban tan interesados en impedir que otros compitieran con ellos por el poder, que no tuvieron la lucidez necesaria para ver lo que era totalmente predecible y no propugnaron las reformas legales necesarias para vivir una verdadera democracia.

Los partidos que desaparecen han merecido esta suerte y sus actuales dirigentes deberían pasar al olvido. Aunque podemos imaginarlos en estos momentos negociando, vendiendo hasta sus mismas almas con objeto de aprovechar hasta la última migaja de poder que les queda. Quién sabe si desaparecerán.

Después del 21 de marzo

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

Al escribir este artículo, no sabíamos sobre los resultados del ejercicio democrático del día de ayer.

Hoy esperamos, ya concluida la euforia, las reflexiones de derrota o la satisfacción de la victoria, es el momento de reflexionar y pensar en lo frágil que es nuestro sistema político, nuestra forma de actuar, el nulo control ciudadano sobre los efectos de la propaganda de insultos y descalificaciones y sobre la actuación del Tribunal Supremo Electoral, configurado en gran parte por militantes de los partidos políticos. Reflexionemos sobre lo que por varios meses hemos vivido, durante la larga campaña electoral; evoquemos, cómo la historia nos relata, cómo fue la conquista del nuevo continente por la corona española, que conllevó la subordinación, o sumisión de nuestros indígenas al Reino de España; mucho fue a cambio de espejos y otras baratijas que brillan, con la promesa de un mundo mejor; hoy día, los espejos se cambiaron por propaganda sin contenido y ahora se dieron gorras, llaveros, camisas, banderas y promesas; se debatió poco y limitado, no se explicó a profundidad, cómo y de dónde se financiaran los planes de gobierno.

La fusión o mestizaje de los nativos de nuestro país y los castellanos, todos antepasados nuestros, produjo la mezcla que José Vasconcelos llamó la “Raza Cósmica” cuya cosmovisión traería una raza de grandes en ideales y acción. Este resultado del mestizaje no se ha dado. Nos preguntamos, ¿por qué? Quizá la respuesta esté, en nuestra crónica deficiencia de educación y de la cultura que por años hemos asimilado.

¿Quién ganó o quién ganará? Sea cual fuere el resultado, tendrá que hacernos pensar a todos el volver a la realidad. Esperamos que sea el triunfo, para que ganemos todos en este país con grandes y permanentes necesidades, cuyo estancamiento, podría comenzar a generar retroceso y convulsión social.

El año pasado, el país fue el de menor crecimiento económico de toda América Central. El tratado de libre comercio con Estados Unidos, quizá se retrase, porque hay elecciones en ese país. El tratado será bueno para la economía del país, pero no será el sueño americano. La reforma política, la ley de acceso a la información de la gestión pública, la reforma integral en la Administración de Justicia, el pacto fiscal, la generación de empleo, salud, educación, vivienda, el combate a la corrupción, el imperio del derecho, son materias pendientes.

El 1º de junio o antes, el presidente electo debe ir al encuentro de los otros partidos políticos, de todos los sectores empresariales, profesionales, académicos y laborales del país, de los más necesitados y vulnerables, para lograr los consensos mínimos; debe ser un encuentro con todos, para lograr un gobierno a favor de todos.

Al presidente que resulte electo, le deseamos la mejor de las suertes, que sea abierto y franco, que sea incluyente y participativo, como dijo Bob Woodroff, sobre el que llega a la cúspide, “no hay límite en lo que un hombre puede alcanzar, en la medida que no le importe quien asuma el crédito.” Sin ninguna duda, una efectiva gestión del nuevo Presidente será buena para todos si se acerca al pueblo, con actitud generosa de amor, con hechos y acción participativa. Así no habrá espacio, para la ingobernabilidad.

Parafraseando al presidente Theodore Roosevelt, el CEJ cree que el mejor presidente será el que tenga la sabiduría para escoger buenos hombres para hacer el trabajo y la capacidad suficiente de abstenerse de intervenir cuando lo hacen.

De la campaña política

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

Está por terminar el plazo de la propaganda política y con ello volverá una relativa calma a los hogares salvadoreños hasta el día de las elecciones presidenciales. Sin embargo, a esta altura, conviene revisar algunos hechos acaecidos.

Lo primero que resulta obvio es la incapacidad demostrada por el Tribunal Supremo Electoral en la fiscalización de la campaña. La división en su interior por causa de la partidización produjo una inacción de la institución y con ello fomentó la violación casi sistemática de la ley por los partidos en contienda, poniendo en grave riesgo el proceso electoral. Por ejemplo, al Tribunal Electoral fueron presentadas más de cincuenta denuncias, de las cuales únicamente fueron resueltas dos. La tecnología computacional que usa, además, es vulnerable. Así las cosas nos preguntamos: ¿qué garantía tendremos de la transparencia de los resultados el día de las elecciones?

Otro aspecto importante es que la campaña ha estado dominada por mensajes de odio, violencia, miedo e intolerancia expresada por las dos principales fuerzas políticas con opción de victoria, sumiendo al electorado en una perturbación angustiosa de su conciencia e inhibiéndolo con ello de hacer una valoración objetiva de las propuestas electorales a fin de tomar una decisión con el cerebro y no con la bilis. Las estadísticas nos muestran el número de seres humanos que perdieron la vida o que sufrieron lesiones corporales irreparables producto de la campaña, no digamos las secuelas psicológicas que quedarán en la población en general.

Gran parte de la responsabilidad está en los dos principales partidos políticos, que continúan utilizando su estrategia de alcanzar el poder vía el ataque furibundo a su adversario, sobre la base del odio y el miedo, preservando y agudizando con ello la polarización y no permitiendo, deliberadamente, el surgimiento de ninguna otra fuerza política. La estrategia ha sido, es, y no sabemos si será, la de no permitir a nuestra población el mínimo de tranquilidad y seguridad para la selección de los mejores candidatos. Las aplanadoras propagandísticas, llenas de afiches, colores, mensajes vacíos de contenido y divorciados de los intereses de la población, son los que imperaron. En la campaña política se siguió pensando y actuando primitivamente, pero conscientemente, apelando a vetustas estrategias políticas como: “el fin justifica los medios”,“divide y vencerás”, es decir, no importa que divida al país si el poder es lo que quiero.

Algo que también hemos podido observar con preocupación es la participación activa de algunos medios de comunicación social tomando partido en la contienda, atacando a ciertos partidos. Estas actuaciones desdicen mucho de su principal misión y deber que es el de informar sobre los hechos en forma imparcial, veraz y objetiva sin sesgos ideológicos. Esto, desde luego, no coadyuva a la opinión pública a revisar los hechos en forma objetiva, sino que contribuye al estado polarizante en que se encuentra nuestra sociedad. Un país como el nuestro, en donde la falta de educación asociada a la pobreza es mayoritaria, inhibe a su pueblo a que tome una conciencia política democrática en defensa de los intereses colectivos, si algunos medios no contribuyen a ello. Debemos ser categóricos, la campaña política que está por finalizar no contribuye a la sanidad del sistema democrático de derecho.

El grueso de nuestra población ha estado demandando de los políticos y de los grupos de poder económicos un entendimiento mínimo, sin el cual no alcanzaremos la unidad como nación y no superaremos el estado de subdesarrollo en que nos encontramos actualmente.

El problema y su desafío está planteado, las elecciones son el 21 de marzo, el próximo presidente y las fuerzas políticas y económicas tienen la palabra en esa nueva etapa que se abre.

Revisemos nuestra legislación

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

Viendo a los candidatos presidenciales de los principales partidos políticos del país, recordamos el Decreto Legislativo n° 39, de 24 de julio de 1941, publicado en el Diario Oficial n° 174, Tomo 131, de 9 de agosto de 1941, cuyo art. 1 dice así: “Se prohíbe instalar almacenes, droguerías, farmacias, tiendas, pulperías, talleres, fábricas industriales, laboratorios químicos y farmacéuticos, industrias agrícolas o agropecuarias, y en general toda clase de establecimientos comerciales o industriales, que sean de propiedad o que sean regentados por personas que pertenezcan a las razas árabe, palestina, turca, china, libanesa, siria, egipcia, persa, hindú y armenia, cualquiera que sea la nacionalidad que tengan o adquieran. Tampoco podrán dichas personas participar en la explotación de un comercio o industria en calidad de socios”. El decreto continúa con otras disposiciones similares.

Esta vergonzosa muestra de un pasado xenófobo y racista está vigente. Claro que ya no se aplica; además, era inconstitucional cuando fue emitido y lo sigue siendo, aunque nunca ha sido declarado como tal, por lo que algunos no lo incluyen entre las normas positivas, pero nunca ha sido derogado, es formalmente obligatorio y es parte del corpus legislativo del país. ¿Cómo podemos reclamar un trato decente para los inmigrantes salvadoreños y exigir el respeto de sus derechos cuando entre nuestras leyes tenemos normas semejantes?

La pervivencia de este decreto es sólo una pequeña muestra del caos en el sistema legal del país. En 1842, Isidro Menéndez advertía que la legislación salvadoreña “es muy copiosa, por la mayor parte de casos particulares, incoherente y aún contradictoria; y muchas veces nada conforme a los principios establecidos. Se ha legislado hasta el prurito y sin tino ni orden; es, por decirlo de una vez, una legislación miscelánica y en la mayor parte inútil y aun perjudicial”. Este párrafo podría haber sido escrito ayer.

En varias leyes y épocas, la Asamblea Legislativa ha encomendado a algunos organismos la revisión permanente de la ley salvadoreña, con miras a su ordenación: a la Corte Suprema de Justicia, al Ministerio de Justicia, a la Secretaría Particular de la Presidencia de la República. Ninguna ha cumplido verdaderamente esta tarea, por lo que cada vez se acumulan más leyes, y el sistema es cada vez más desordenado, incoherente, contradictorio, obsoleto y absurdo. En estos momentos, nadie sabe cuántas leyes nos rigen y nadie conoce todos sus derechos y obligaciones.

La culpa debe ser compartida por muchas autoridades. La mayoría de las leyes emitidas por la Asamblea Legislativa constituye lo que algunos autores llaman “legislación chatarra” o “legislación basura” (declaratorias de fiestas nacionales sin asueto, concesión de títulos a poblaciones, homenajes a figuras simpáticas a los diputados), que sólo sirve para avergonzarnos. La mayor parte de las leyes con verdadero contenido jurídico se origina a iniciativa del Órgano Ejecutivo, pero la calidad de los proyectos de ley es cada vez peor, sin tomar en cuenta la legislación anterior (las leyes sobre medio ambiente, personas jurídicas y registrales son ejemplos patéticos), resultante indudable de la baja calidad en la formación universitaria de los abogados. En la Asamblea, a pesar de los millones que gasta en salarios de “asesores”, la cuestión empeora, debido al desconocimiento de la ley por los diputados. La calidad formal de la ley salvadoreña nunca ha sido tan baja como ahora.

La seguridad jurídica es uno de los valores que justifican la existencia de nuestro sistema legal, según el art. 2 de la Constitución, pero ningún gobierno reciente la ha procurado. Es tarea fundamental del próximo gobierno, que tiene que comenzar con la concienciación de los partidos, llevar a cabo la ordenación de la ley salvadoreña. Estaremos pendientes de ello.

El veto al decreto sobre insumos agrícolas

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

La época preelectoral es siempre trágica para el estado de derecho y para el pueblo en general, porque saca a la luz algunos de los peores aspectos de la clase política salvadoreña y, en especial, de los diputados. En esta época la Asamblea Legislativa se convierte en un circo en el que las distintas fracciones partidarias pugnan por hacer aprobar el mayor número de leyes que favorezcan a su clientela política o a quienes consideran que puedan ser sus posibles votantes. A los diputados no les importa que lo que aprueban sea inconstitucional, que sea perjudicial para el país, que sea armónico con el resto de las leyes o que se entienda tan siquiera, sino sólo hacer propaganda a sus partidos. El resultado es una infinidad de distorsiones de nuestro sistema legal y leyes perjudiciales o inaplicables. Lo que está pasando en la Asamblea Legislativa en estos momentos es uno de los peores ejemplos de esto.

El 28 de mayo de 2003, la Asamblea Legislativa aprobó un decreto por medio del cual eximía del pago del IVA a la venta de insumos agrícolas, demagógica medida que no beneficia a los productores, porque éstos no podrán pedir el reintegro del impuesto pagado, y tendrá el efecto de encarecer los productos agrícolas de producción nacional, y el presidente de la República lo vetó.

El 11 de febrero pasado, el pleno de la Asamblea reconsideró el decreto, con intenciones de superar el veto presidencial, pero no lo logró porque, aunque hubo votación, una diputada se retiró antes de que se llevara a cabo, faltando un voto para la superación del veto. Algo sin precedentes, se mandó a buscar al suplente de dicha diputada, pero no se le encontró, por tanto, y a pesar de la votación habida que decidía la cuestión, se acordó enviar la propuesta nuevamente a la comisión que la estudia.

El 18 de febrero pasado, como si la cuestión no hubiera sido votada y decidida, la Asamblea la conoce nuevamente y vota, pero se obtiene el número de votos necesarios después de uno de los actos más bufonescos que se hayan visto en una institución tan poco digna como nuestra Asamblea: ante las cámaras de la prensa, un diputado obliga a otro a levantar la mano y sostenerla en alto hasta que termina el recuento.

La polémica sobre la validez de esa votación continúa. Lo más raro es que los diputados que se oponen a la superación del veto presidencial ni siquiera protestan contra las tinterilladas con que se pretende burlar la voluntad acordada del cuerpo parlamentario. Nos llaman especialmente la atención los abogados entre ellos. ¿Acaso al llegar a la Asamblea se olvidan, además de la ética, del derecho que aprendieron en las aulas de estudio?

La Constitución es clara. Si el presidente de la República veta un decreto, éste debe ser reconsiderado por la Asamblea Legislativa y si ésta lo aprobare nuevamente con los dos tercios de votos de los diputados, lo enviará nuevamente al Presidente, quien deberá hacerlo sancionar y publicar. Si no se obtiene la votación necesaria, no se supera el veto y el decreto no puede volver a ser considerado por la Asamblea Legislativa sino hasta seis meses después.

Este desagradable incidente saca a luz la principal razón por la que no puede existir un estado de derecho en nuestro país. Para muchos políticos, la Constitución que juraron cumplir no es una norma de conducta que están obligados a seguir fielmente, sino un papel sin valor, que sacan a relucir cuando conviene a sus intereses, pero que violan cada vez que es un obstáculo para sus fines, si no es directamente, con toda clase de argucias, como las que hemos visto en las últimas semanas en la Asamblea. El pueblo salvadoreño no puede seguir tolerando esta situación.

La época electoral es también una época cuando las opciones políticas inmorales pueden ser rechazadas.