Revisemos nuestra legislación

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

Viendo a los candidatos presidenciales de los principales partidos políticos del país, recordamos el Decreto Legislativo n° 39, de 24 de julio de 1941, publicado en el Diario Oficial n° 174, Tomo 131, de 9 de agosto de 1941, cuyo art. 1 dice así: “Se prohíbe instalar almacenes, droguerías, farmacias, tiendas, pulperías, talleres, fábricas industriales, laboratorios químicos y farmacéuticos, industrias agrícolas o agropecuarias, y en general toda clase de establecimientos comerciales o industriales, que sean de propiedad o que sean regentados por personas que pertenezcan a las razas árabe, palestina, turca, china, libanesa, siria, egipcia, persa, hindú y armenia, cualquiera que sea la nacionalidad que tengan o adquieran. Tampoco podrán dichas personas participar en la explotación de un comercio o industria en calidad de socios”. El decreto continúa con otras disposiciones similares.

Esta vergonzosa muestra de un pasado xenófobo y racista está vigente. Claro que ya no se aplica; además, era inconstitucional cuando fue emitido y lo sigue siendo, aunque nunca ha sido declarado como tal, por lo que algunos no lo incluyen entre las normas positivas, pero nunca ha sido derogado, es formalmente obligatorio y es parte del corpus legislativo del país. ¿Cómo podemos reclamar un trato decente para los inmigrantes salvadoreños y exigir el respeto de sus derechos cuando entre nuestras leyes tenemos normas semejantes?

La pervivencia de este decreto es sólo una pequeña muestra del caos en el sistema legal del país. En 1842, Isidro Menéndez advertía que la legislación salvadoreña “es muy copiosa, por la mayor parte de casos particulares, incoherente y aún contradictoria; y muchas veces nada conforme a los principios establecidos. Se ha legislado hasta el prurito y sin tino ni orden; es, por decirlo de una vez, una legislación miscelánica y en la mayor parte inútil y aun perjudicial”. Este párrafo podría haber sido escrito ayer.

En varias leyes y épocas, la Asamblea Legislativa ha encomendado a algunos organismos la revisión permanente de la ley salvadoreña, con miras a su ordenación: a la Corte Suprema de Justicia, al Ministerio de Justicia, a la Secretaría Particular de la Presidencia de la República. Ninguna ha cumplido verdaderamente esta tarea, por lo que cada vez se acumulan más leyes, y el sistema es cada vez más desordenado, incoherente, contradictorio, obsoleto y absurdo. En estos momentos, nadie sabe cuántas leyes nos rigen y nadie conoce todos sus derechos y obligaciones.

La culpa debe ser compartida por muchas autoridades. La mayoría de las leyes emitidas por la Asamblea Legislativa constituye lo que algunos autores llaman “legislación chatarra” o “legislación basura” (declaratorias de fiestas nacionales sin asueto, concesión de títulos a poblaciones, homenajes a figuras simpáticas a los diputados), que sólo sirve para avergonzarnos. La mayor parte de las leyes con verdadero contenido jurídico se origina a iniciativa del Órgano Ejecutivo, pero la calidad de los proyectos de ley es cada vez peor, sin tomar en cuenta la legislación anterior (las leyes sobre medio ambiente, personas jurídicas y registrales son ejemplos patéticos), resultante indudable de la baja calidad en la formación universitaria de los abogados. En la Asamblea, a pesar de los millones que gasta en salarios de “asesores”, la cuestión empeora, debido al desconocimiento de la ley por los diputados. La calidad formal de la ley salvadoreña nunca ha sido tan baja como ahora.

La seguridad jurídica es uno de los valores que justifican la existencia de nuestro sistema legal, según el art. 2 de la Constitución, pero ningún gobierno reciente la ha procurado. Es tarea fundamental del próximo gobierno, que tiene que comenzar con la concienciación de los partidos, llevar a cabo la ordenación de la ley salvadoreña. Estaremos pendientes de ello.