Algunos partidos merecen desaparecer

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

De las elecciones del 21 de marzo pasado ha resultado un candidato ganador que ocupará la Presidencia de la República durante los próximos cinco años. Lo felicitamos. También resulta que los partidos CDU, PDC y PCN (estos dos últimos, los más antiguos del país) deberán desaparecer, por no haber obtenido el número de votos necesarios para continuar su existencia. Se los habíamos advertido.

Hace más de cinco años, el Centro de Estudios Jurídicos publicó el primero de varios artículos comentando el actual sistema electoral y advertíamos sobre su marcado carácter antidemocrático. Está orientado a restringir la participación del pueblo en la vida pública, a impedir una verdadera manifestación de la voluntad ciudadana y a limitar el acceso a puestos públicos a una élite política que, aunque de diversas ideologías, se une en la defensa de intereses comunes.

El art. 85 de la Constitución de 1983 estableció que los partidos políticos son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del gobierno. Es una norma destinada a limitar la participación ciudadana y el acceso a cargos públicos, pues impide la participación de candidatos independientes en elecciones, pero no es excesivamente restrictiva; al fin, los partidos políticos constituyen la más sólida base ideológica y de apoyo para los gobernantes, y además, no prohíbe que haya partidos pequeños, partidos locales o incluso temporales. La disposición ha resultado perjudicial porque ha sido alegada para impedir la organización del pueblo en partidos.

Por ejemplo, durante la “dictadura” militar, para la formación de un partido político se requería la concurrencia de 25 ciudadanos al acto de constitución y la afiliación de 2 mil más. Estos requisitos han sido aumentados considerablemente en el período “democrático”. Actualmente es necesaria la concurrencia de 100 ciudadanos y un número de afiliados equivalente al 3% de los votos emitidos en la última elección y se conceden sólo 90 días para obtener esos afiliados. Dado el número de votantes en la última elección, un nuevo partido tendría que conseguir más de 60,000 afiliados para poder ser inscrito; nadie podrá hacerlo sino llenando sus libros con afiliaciones ficticias. Los verdaderos partidos políticos no son resultado de súbitos movimientos espontáneos de masas, sino que necesitan tiempo, décadas a veces, para crecer y consolidarse.

Otra reliquia de las dictaduras es la norma que obliga a la disolución de partidos que no obtengan un porcentaje de votos determinado. En la época de los gobiernos militares, la cancelación procedía cuando no obtenía el 1% de los votos emitidos en las elecciones nacionales; en la actualidad es el 3% y si existe una coalición se requiere la misma cantidad por cada partido coaligado. Esto no se da en ninguna verdadera democracia, pero en el país la ley lo contempla y la Sala de lo Constitucional lo ha declarado legítimo. La excesiva proliferación de partidos no es deseable, pero la supresión de las opciones populares para acceder al poder es la destrucción de la democracia.

La debacle que enfrentan los partidos que deben desaparecer según la ley es un mal que ellos han provocado. Se les advirtió qué pasaría si se daba una situación de extrema polarización como la que vivimos durante las pasadas elecciones, pero estaban tan interesados en impedir que otros compitieran con ellos por el poder, que no tuvieron la lucidez necesaria para ver lo que era totalmente predecible y no propugnaron las reformas legales necesarias para vivir una verdadera democracia.

Los partidos que desaparecen han merecido esta suerte y sus actuales dirigentes deberían pasar al olvido. Aunque podemos imaginarlos en estos momentos negociando, vendiendo hasta sus mismas almas con objeto de aprovechar hasta la última migaja de poder que les queda. Quién sabe si desaparecerán.