El nombramiento de un magistrado de Cámara

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

El respeto a la Constitución es fundamental para la existencia de una sociedad civilizada, la institucionalidad y la seguridad jurídica. Cada vez que un funcionario público la viola, la sociedad entera está amenazada, y cuando el infractor es precisamente el organismo encargado de velar por el mismo orden constitucional, sabemos que el estado de derecho no existe, que nuestra vida, nuestra libertad, nuestra propiedad y demás derechos no dependen de un conjunto de normas claras establecidas por el legislador, sino del capricho de quienes las aplican.

El 20 de agosto pasado, la comunidad jurídica del país se conmocionó ante el comunicado publicado por el Consejo Nacional de la Judicatura en LA PRENSA GRÁFICA y en la que protestaba por el nombramiento del Lic. Calixto Zelaya Díaz para el cargo de Magistrado Propietario de la Cámara de Familia de la Sección de Oriente, con sede en San Miguel. Las evidentes implicaciones políticas del caso, que son ampliamente conocidas, y las peculiaridades del carácter del nombrado, que ha escandalizado a la ciudadanía migueleña, son detalles que pasan a segundo plano frente a la evidente violación constitucional que se ha cometido.

De conformidad con la Constitución de la República, el nombramiento y la remoción de los funcionarios judiciales corresponde a la Corte Suprema de Justicia, pero el art. 187 de la misma establece: “El Consejo Nacional de la Judicatura es una institución independiente, encargada de proponer candidatos para los cargos de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Magistrados de las Cámaras de Segunda Instancia, Jueces de Primera Instancia y Jueces de Paz”.

Esto significa que un funcionario judicial no puede ser nombrado para el cargo si no es propuesto a la Corte por el Consejo Nacional de la Judicatura y la ley de este organismo establece que debe presentar ternas para que de entre ellas, el tribunal seleccione al nombrado. Es un sano procedimiento para garantizar la adecuada integración de los cargos judiciales. El Consejo, con la información que tiene sobre los jueces, es el ente idóneo para proponer candidatos, pero la selección final la hace la Corte, en vista de la dificultad de influir indebidamente a dos organismos.

La pérdida de poder absoluto sobre los funcionarios judiciales ha sido resentida enormemente por muchos magistrados de la Corte, más preocupados por el poder que por la ley y la justicia y han usado toda una serie de “interpretaciones” de la ley para evadir la norma constitucional. Ya son varias decenas de jueces los nombrados sin intervención del Consejo, por razones que van de lo medianamente razonable, como el trasladar a un funcionario al lugar de su residencia, hasta las más oscuras y procaces.

El colmo han sido las declaraciones de un magistrado a este mismo periódico aduciendo que “la Corte es el intérprete supremo de la Constitución” y por eso no puede cuestionársele, e instando a los que estén en desacuerdo con el nombramiento a interponer un recurso de inconstitucionalidad ante los mismos que lo han hecho para que decidan su validez. Esto no es una cuestión de interpretación de una disposición constitucional que brilla por su claridad y el camino para resolverla no es un recurso de inconstitucionalidad. Es una situación que ameritaría un antejuicio por actos arbitrarios.

El nombramiento del Lic. Zelaya Díaz como Magistrado de Cámara ha sido hecho en contra de la ley y, por tanto, es nulo. También hay indicios que es la gota que derramó el vaso. El gremio judicial, que no se ha distinguido precisamente por oponerse a los abusos de la Corte, ni a los que los afecta, ha elevado protestas y algunos jueces han renunciado a comisiones de trabajo en que tienen que interactuar con magistrados de la Corte. Solamente la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador y la mayoría de sus integrantes continúan con su silencio de siempre.

Una masacre anunciada

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

El miércoles pasado, después de conocer la muerte accidental de más de cuarenta personas que se conducían a bordo de un autobús del transporte colectivo, la sociedad salvadoreña volvió a estremecerse con los hechos ocurridos en el centro penal La Esperanza en San Luis Mariona, en donde, producto de una riña entre reos comunes y pandilleros de la mara 18, resultaron treinta y un reos muertos y más de treinta heridos de gravedad, dos de los cuales fallecieron en el Hospital Rosales. Todos los medios han calificado ese suceso como una masacre jamás vivida en las últimas dos décadas.

Según las primeras investigaciones, el detonante de la riña fue el abuso cometido por un miembro de la mara 18 contra una jovencita que visitaba a su padre, lo que desencadenó la matanza, aprovechada por bandas rivales para cobrarse viejas deudas, dando como resultado el saldo apuntado.

Ese centro penal La Esperanza ha sido escenario de una cantidad de tragedias en los últimos dos años. Recordamos la muerte de dos policías durante una requisa efectuada por la PNC y en donde la intervención de la procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos generó un escándalo social y político de gran magnitud.

A principios de este año, siete miembros de la mara 18 resultaron heridos en una riña en el mismo lugar. En el mes de marzo, uno de los principales miembros de esa clica fue asesinado dentro del penal.

Hechos como estos son también replicados en otros centros penales del interior del país. ¿Qué está sucediendo con el sistema penitenciario? ¿Qué sucede con los encargados de la administración de estos centros? El presidente de la república ha dicho que no pedirá la renuncia a ninguno de los funcionarios penitenciarios, porque el sistema no ha fallado, sino que el problema es de infraestructura, que no ha podido ser resuelto desde hace muchos años. Nos parecen muy simplistas las afirmaciones del presidente.

La resolución del problema penitenciario no se reduce a más y mejor infraestructura, la cual, desde luego, es básica para combatir el hacinamiento y la promiscuidad en que viven los reos, sino que pasa por una elemental clasificación y separación de reos condenados y en proceso de condena, y las clicas, que han ido cobrando beligerancia a nivel nacional e internacional, hasta un verdadero proceso de rehabilitación e inserción a la vida productiva. La excusa que continuamos recibiendo de parte de los funcionarios responsables es que no cuentan con el presupuesto adecuado para manejar el sistema penitenciario. Si ésta continúa siendo la excusa, con absoluta seguridad continuaremos siendo testigos de estas masacres y Dios no quiera de otras peores.

Un 60% de los reos en Mariona no han sido condenados, sus causas están a la orden de un juez y, producto de la mora judicial, continúan en una situación jurídica indefinible y en un estado de inseguridad. Los reos condenados, en su mayoría, invierten su tiempo en el ocio, inacción que los lleva a buscar formas impropias de desatar sus energías acumuladas. Es la conjunción de estos y otros factores los que los llevan a comportamientos como los aquí narrados.

La semana pasada, nuestra asociación señaló en este mismo espacio los graves problemas del sistema penitenciero y de los resguardos policiales, y demandó la toma de acciones inmediatas para precaver hechos lamentables. Estos ocurrieron muy pronto. Como señalamos, la principal tarea de un estado democrático de derecho es la defensa de los intereses de sus ciudadanos; y el papel de las autoridades, el de hacerlos valer. Por ello, emplazamos nuevamente a las autoridades a iniciar cuanto antes una transformación del sistema penitenciario y de resguardos policiales a fin de que constituya una garantía y seguridad a los derechos de los detenidos y que masacres como la suscitada el día miércoles nunca más se vuelvan a repetir, caso contrario sus funcionarios deben ser enjuiciados.

Títulos universitarios falsos con futuro

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

Parece que la investigación hecha por la Fiscalía General de la República sobre los títulos falsos de abogados está dando resultados... fuera del país.

Durante las últimas semanas, Honduras se ha conmovido por el inicio de un proceso penal contra la ex rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) Ana Belén Castillo de Rodríguez, el ex secretario de la institución, el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, otros funcionarios de la institución y varios abogados, por la emisión de títulos falsos.

La prensa hondureña se ha referido a la situación salvadoreña, y no cabe duda que ésta puso en alerta a la opinión pública sobre la posible ocurrencia del fenómeno en ese país. El caso está llevando también a un serio examen de la situación de la educación superior, su calidad y pertinencia.

Por otra parte, en Guatemala, las autoridades han empezado a mostrar interés por la situación de varios abogados de ese país que aparecen mencionados en el informe de la Fiscalía salvadoreña sobre los títulos falsos de abogados.

¿Qué pasa, en cambio, en El Salvador? Tres años después de que se diera a conocer el informe de la Fiscalía sobre los títulos falsos, una universidad que vendió títulos fue cerrada, pero a otra, que estaba sancionada desde antes por la misma razón, le fueron levantadas las sanciones, y se “revalidaron” sus títulos falsos sin mayor explicación y con tanta discreción que ni algunas autoridades, como el Consejo de Educación Superior, fueron informadas. ¿Quizás porque un político importante, que ha sonado mucho en estos días, estaba entre los graduados, y otro había expedido los títulos? La Fiscalía, antes de anunciar la suspensión de toda investigación y acción sobre los títulos falsos, inició procesos contra 13 “abogados”, de los cuales ocho fueron sobreseídos por los tribunales, tres fueron condenados a penas risiblemente benignas, ydos continúan pendientes.

La Corte Suprema de Justicia, para acallar las críticas de que no hacía nada sobre el asunto, nombró una comisión para investigar, no el problema, sino algunos casos ais- lados, y como no se ha dado a conocer su informe, si es que lo hubo, no se sabe con qué criterios fue hecha su labor; especialmente, no se sabe cómo exoneró de toda falta a algunos.

Además, la Corte destituyó a 18 jueces (el tribunal asegura que son 38, pero no ha dado a conocer el nombre de 20 y parece que nadie sabe quiénes son) supuestamente señalados con título irregular por su comisión, pero éstos continúan ejerciendo como abogados. Los partidos políticos sólo se acuerdan del problema cuando afecta a sus opositores, o cuando prestan oído a los abogados con título cuestionado; en fecha reciente, se ha presentado a la Asamblea otro proyecto de ley, el quinto, para revalidar los títulos falsos. En el gremio de abogados, el problema ni se menciona.

Los funcionarios públicos del país parecen haber renunciado a toda acción al respecto; no sólo no intentan resolver las ilegalidades del pasado, sino que se niegan a actuar para corregir el problema en un futuro. El Ministerio de Educación, pese a toda la propaganda que da a la acreditación de las universidades, no ha dado ni un solo paso efectivo para garantizar la mejoría en la calidad de la educación universitaria, y ésta, especialmente en Derecho, tiende a disminuir hasta en las instituciones más serias.

La Corte Suprema de Justicia no ha insistido en la aprobación el proyecto de ley que exigiría un examen para obtener la autorización para el ejercicio de la abogacía; mientras tanto continúan más de 2 mil abogados con título cuestionado, y salen miles más sin preparación adecuada de las fábricas de títulos que denominamos universidades.

El problema de los títulos falsos es nada más un síntoma de la podredumbre moral en que vive el país. Éste no tiene futuro, si seguimos así. Los títulos falsos lo tienen

Bartolinas policiales, lugares de crimen

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

De todos es conocido que uno de los graves problemas que aquejan a los gobiernos en la lucha contra el crimen y la rehabilitación del delincuente lo constituyen los centros de internamiento. Hace pocos meses conocimos la noticia sobre la muerte de más de cien reclusos en un penal de un país centroamericano, que murieron en un incendio. En nuestro país se viene hablando desde hace ya largo tiempo de la necesidad de mejorar los centros penales y los lugares de detención, sin que a la fecha hayamos visto una política coherente y sistemática que vaya en esa dirección. Es cierto que se han construido, en los últimos años, dos centros de detención, como el de Ciudad Barrios, y más recientemente el de máxima seguridad, pero esos logros aún siguen siendo insuficientes.

Sabemos que en el interior de los penales situados a todo lo largo y ancho del país se cometen delitos de toda clase: homicidios, lesiones, violaciones, robos, amenazas, etc., hechos que ponen en juego la vida y condición humana de los reclusos, en forma cotidiana. Asimismo, conocemos que desde ahí se planifican y organizan toda clase de acciones preparatorias para la comisión de delitos, sin que las autoridades hayan puesto control y paro. Los funcionarios de gobierno responsables de la seguridad carcelaria justifican que sus presupuestos no les permiten resol ver estos males. La situación continúa igual o peor.

Otro de los problemas que han comenzado a salir del control de las autoridades es el de los centros de detención temporal de personas, en su mayoría en vías de investigación. Estos centros, resguardados por agentes de la Policía Nacional Civil, son lugares inadecuados para tales fines. Generalmente son pequeñas “casas” de alquiler, en donde en una parte de ellas tienen sus oficinas y recámaras los agentes, y otra habitación es utilizada como bartolina en donde se aloja a sospechosos de cometer crímenes. Estas bartolinas generalmente se encuentran en estado ruinoso, en condiciones de inmundicia, estrechez, etc., que permiten y fomentan, por su estado de hacinamiento, toda clase de vejaciones.

Varios casos ejemplifican lo anterior. Meses atrás, el caso “Daysi”, una niña de tan sólo trece años de edad fue confundida como pandillera juntamente con otra adolescente, quienes fueron encerradas por la PNC en una de esas bartolinas y durante dos días que permanecieron detenidas fueron brutalmente golpeadas y violadas por nueve individuos que también se encontraban detenidos. El caso pasó a conocimiento de la autoridad judicial y según tenemos entendido, fueron sentenciados cinco menores como responsables de los hechos.

Un segundo caso es el de un menorcito denunciado por sus padres por el delito de hurto, quienes para darle un escarmiento, según ellos, lo denunciaron a la Policía por haberse apropiado de cierta cantidad de dinero. El escarmiento que buscaban los padres fue peor. Mientras el niño estuvo detenido en una de esas bartolinas asquerosas, fue también brutalmente violado y golpeado por otros detenidos. No tenemos noticia si judicialmente fueron procesados los hechores.

Las lista de casos como los apuntados parece ser muchísimo más larga, sin que a la fecha ninguna institución en la defensa de los derechos humanos haya liderado iniciativas que contribuyan a mejorar el problema de las bartolinas y su incidencia delictual. La misma Policía poca o nula importancia da a esta clase de hechos delictivos que suceden bajo sus narices y con aparente complicidad de ciertos agentes policiales, puesto que los mismos continúan repitiéndose.

La principal tarea de un estado democrático de derecho es la defensa de los intereses de sus ciudadanos y el papel de las autoridades es el de hacerlos cumplir. Por ello, emplazamos a las autoridades de seguridad pública a iniciar cuanto antes una transformación del sistema de detenciones policiales a fin de que constituya una garantía y seguridad para los derechos de los detenidos.

Del Real Intercontinental al Princess

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

Uno de nuestros asociados nos cuenta lo siguiente: “Hace pocos días atendí una delegación de ejecutivos de una compañía norteamericana que vino a conocer el país y explorar el clima de negocios con miras a establecer una base para la expansión de sus operaciones en la región, ante la inminencia del CAFTA, y me tocó escoltar a uno de sus ejecutivos desde el hotel Real Intercontinental a una cita de negocios al hotel Princess.

Cuando nos dirigíamos al estacionamiento a tomar mi vehículo, pasamos frente a un quiosco en el que estaba un vendedor de discos para DVD obviamente pirateados, puesto que ofrecía películas que aún están en las salas de cine y no han sido lanzadas en ese medio. ‘¿Nadie arresta a ese hombre?’, preguntó el ejecutivo.

El primer alto que hicimos fue ante una venta de objetos robados junto a un importante colegio privado y un vendedor se acercó a ofrecerme piezas de automóvil, que quizás me fueron robadas a mí mismo. ‘Hay mucho comercio informal, ¿no?’, comentó el extranjero, ‘¿No pagan impuestos? ¿Por qué esos productos industriales no vienen empacados?’

Hicimos un pequeño desvío para hacer un recado y al final de la calle Sisimiles encontramos un mendigo, un minusválido, sentado en medio de la calle con un rótulo por el que anunciaba su condición y pedía ayuda para comprar una silla de ruedas. Hace unos meses una iglesia evangélica se apiadó de él y le regaló una, pero nadie la ha visto desde entonces porque él sigue sentado en medio del tráfico pidiendo limosna para adquirirla. ‘La vida de ese hombre corre peligro’, comentó el inversionista, ‘y él es un peligro para el tráfico vehicular’.

En la cuadra de la alameda Juan Pablo II entre el bulevar Constitución y la 75.ª avenida norte, encontramos no uno, sino dos, embotellamientos de tráfico, debido a que conductores que salían de un pasaje y de un conocido supermercado con rumbo al oriente querían evitarse conducir un par de cuadras más y cruzaron ilegalmente a la derecha, sin importarles la ley ni el derecho de los demás conductores salvadoreños. ‘¿Permite la ley que uno cruce la línea amarilla de esa forma?’, preguntó el americano.

Al hacer alto al final de la cuadra fuimos abordados por un hombre que pedía limosna para la Cruz Verde, por otro que vendía calcomanías, diciendo que eran una cooperación para con un centro de rehabilitación de drogadictos y por unos vendedores de cargadores de teléfonos celulares, todos los cuales ocupaban también el medio de la calle y se movían entre el tráfico. Esta vez el gringo ya no comentó nada.

Antes de llegar al hotel Princess pasamos también frente a una obstrucción de acera y de parte de la calle por el ripio de una construcción, vendedores de lotería que abordaban los autos detenidos ante los semáforos, un tragador de fuego y un vendedor de fauna en peligro de extinción, sin contar que nos ahogó el humo de un autobús de varias décadas de antigüedad que todavía circula. Al llegar a nuestro destino lo oí comentar: ‘Se aprende mucho de un país aunque sea en unas pocas horas de visita’. ¿Por qué será que la mayor parte de la inversión extranjera en Centroamérica va a Costa Rica y no a los demás países?”

Sabemos de sobra por qué. El imperio de la ley. El simple y elemental cumplimiento de la ley. Unas horas en el país bastaron a un inversionista inteligente para darse cuenta de que no tenemos leyes o que nuestras autoridades no las hacen cumplir, pese a que esto genera desorden, inseguridad e incomodidad a los particulares. Igualmente, habrá deducido que, pese a toda la retórica de las autoridades, su inversión no está segura, tampoco su persona y su propiedad personal, que el mismo desorden e indiferencia ante la ley debe imperar en los tribunales de justicia, etc. A muchos les gusta hacer leyes como si fueran fórmulas mágicas para la resolución de los problemas del país. Las leyes son papeles sin valor si no se les hace cumplir.