Títulos universitarios falsos con futuro

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

Parece que la investigación hecha por la Fiscalía General de la República sobre los títulos falsos de abogados está dando resultados... fuera del país.

Durante las últimas semanas, Honduras se ha conmovido por el inicio de un proceso penal contra la ex rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) Ana Belén Castillo de Rodríguez, el ex secretario de la institución, el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, otros funcionarios de la institución y varios abogados, por la emisión de títulos falsos.

La prensa hondureña se ha referido a la situación salvadoreña, y no cabe duda que ésta puso en alerta a la opinión pública sobre la posible ocurrencia del fenómeno en ese país. El caso está llevando también a un serio examen de la situación de la educación superior, su calidad y pertinencia.

Por otra parte, en Guatemala, las autoridades han empezado a mostrar interés por la situación de varios abogados de ese país que aparecen mencionados en el informe de la Fiscalía salvadoreña sobre los títulos falsos de abogados.

¿Qué pasa, en cambio, en El Salvador? Tres años después de que se diera a conocer el informe de la Fiscalía sobre los títulos falsos, una universidad que vendió títulos fue cerrada, pero a otra, que estaba sancionada desde antes por la misma razón, le fueron levantadas las sanciones, y se “revalidaron” sus títulos falsos sin mayor explicación y con tanta discreción que ni algunas autoridades, como el Consejo de Educación Superior, fueron informadas. ¿Quizás porque un político importante, que ha sonado mucho en estos días, estaba entre los graduados, y otro había expedido los títulos? La Fiscalía, antes de anunciar la suspensión de toda investigación y acción sobre los títulos falsos, inició procesos contra 13 “abogados”, de los cuales ocho fueron sobreseídos por los tribunales, tres fueron condenados a penas risiblemente benignas, ydos continúan pendientes.

La Corte Suprema de Justicia, para acallar las críticas de que no hacía nada sobre el asunto, nombró una comisión para investigar, no el problema, sino algunos casos ais- lados, y como no se ha dado a conocer su informe, si es que lo hubo, no se sabe con qué criterios fue hecha su labor; especialmente, no se sabe cómo exoneró de toda falta a algunos.

Además, la Corte destituyó a 18 jueces (el tribunal asegura que son 38, pero no ha dado a conocer el nombre de 20 y parece que nadie sabe quiénes son) supuestamente señalados con título irregular por su comisión, pero éstos continúan ejerciendo como abogados. Los partidos políticos sólo se acuerdan del problema cuando afecta a sus opositores, o cuando prestan oído a los abogados con título cuestionado; en fecha reciente, se ha presentado a la Asamblea otro proyecto de ley, el quinto, para revalidar los títulos falsos. En el gremio de abogados, el problema ni se menciona.

Los funcionarios públicos del país parecen haber renunciado a toda acción al respecto; no sólo no intentan resolver las ilegalidades del pasado, sino que se niegan a actuar para corregir el problema en un futuro. El Ministerio de Educación, pese a toda la propaganda que da a la acreditación de las universidades, no ha dado ni un solo paso efectivo para garantizar la mejoría en la calidad de la educación universitaria, y ésta, especialmente en Derecho, tiende a disminuir hasta en las instituciones más serias.

La Corte Suprema de Justicia no ha insistido en la aprobación el proyecto de ley que exigiría un examen para obtener la autorización para el ejercicio de la abogacía; mientras tanto continúan más de 2 mil abogados con título cuestionado, y salen miles más sin preparación adecuada de las fábricas de títulos que denominamos universidades.

El problema de los títulos falsos es nada más un síntoma de la podredumbre moral en que vive el país. Éste no tiene futuro, si seguimos así. Los títulos falsos lo tienen