Una masacre anunciada

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

El miércoles pasado, después de conocer la muerte accidental de más de cuarenta personas que se conducían a bordo de un autobús del transporte colectivo, la sociedad salvadoreña volvió a estremecerse con los hechos ocurridos en el centro penal La Esperanza en San Luis Mariona, en donde, producto de una riña entre reos comunes y pandilleros de la mara 18, resultaron treinta y un reos muertos y más de treinta heridos de gravedad, dos de los cuales fallecieron en el Hospital Rosales. Todos los medios han calificado ese suceso como una masacre jamás vivida en las últimas dos décadas.

Según las primeras investigaciones, el detonante de la riña fue el abuso cometido por un miembro de la mara 18 contra una jovencita que visitaba a su padre, lo que desencadenó la matanza, aprovechada por bandas rivales para cobrarse viejas deudas, dando como resultado el saldo apuntado.

Ese centro penal La Esperanza ha sido escenario de una cantidad de tragedias en los últimos dos años. Recordamos la muerte de dos policías durante una requisa efectuada por la PNC y en donde la intervención de la procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos generó un escándalo social y político de gran magnitud.

A principios de este año, siete miembros de la mara 18 resultaron heridos en una riña en el mismo lugar. En el mes de marzo, uno de los principales miembros de esa clica fue asesinado dentro del penal.

Hechos como estos son también replicados en otros centros penales del interior del país. ¿Qué está sucediendo con el sistema penitenciario? ¿Qué sucede con los encargados de la administración de estos centros? El presidente de la república ha dicho que no pedirá la renuncia a ninguno de los funcionarios penitenciarios, porque el sistema no ha fallado, sino que el problema es de infraestructura, que no ha podido ser resuelto desde hace muchos años. Nos parecen muy simplistas las afirmaciones del presidente.

La resolución del problema penitenciario no se reduce a más y mejor infraestructura, la cual, desde luego, es básica para combatir el hacinamiento y la promiscuidad en que viven los reos, sino que pasa por una elemental clasificación y separación de reos condenados y en proceso de condena, y las clicas, que han ido cobrando beligerancia a nivel nacional e internacional, hasta un verdadero proceso de rehabilitación e inserción a la vida productiva. La excusa que continuamos recibiendo de parte de los funcionarios responsables es que no cuentan con el presupuesto adecuado para manejar el sistema penitenciario. Si ésta continúa siendo la excusa, con absoluta seguridad continuaremos siendo testigos de estas masacres y Dios no quiera de otras peores.

Un 60% de los reos en Mariona no han sido condenados, sus causas están a la orden de un juez y, producto de la mora judicial, continúan en una situación jurídica indefinible y en un estado de inseguridad. Los reos condenados, en su mayoría, invierten su tiempo en el ocio, inacción que los lleva a buscar formas impropias de desatar sus energías acumuladas. Es la conjunción de estos y otros factores los que los llevan a comportamientos como los aquí narrados.

La semana pasada, nuestra asociación señaló en este mismo espacio los graves problemas del sistema penitenciero y de los resguardos policiales, y demandó la toma de acciones inmediatas para precaver hechos lamentables. Estos ocurrieron muy pronto. Como señalamos, la principal tarea de un estado democrático de derecho es la defensa de los intereses de sus ciudadanos; y el papel de las autoridades, el de hacerlos valer. Por ello, emplazamos nuevamente a las autoridades a iniciar cuanto antes una transformación del sistema penitenciario y de resguardos policiales a fin de que constituya una garantía y seguridad a los derechos de los detenidos y que masacres como la suscitada el día miércoles nunca más se vuelvan a repetir, caso contrario sus funcionarios deben ser enjuiciados.