Bartolinas policiales, lugares de crimen

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

De todos es conocido que uno de los graves problemas que aquejan a los gobiernos en la lucha contra el crimen y la rehabilitación del delincuente lo constituyen los centros de internamiento. Hace pocos meses conocimos la noticia sobre la muerte de más de cien reclusos en un penal de un país centroamericano, que murieron en un incendio. En nuestro país se viene hablando desde hace ya largo tiempo de la necesidad de mejorar los centros penales y los lugares de detención, sin que a la fecha hayamos visto una política coherente y sistemática que vaya en esa dirección. Es cierto que se han construido, en los últimos años, dos centros de detención, como el de Ciudad Barrios, y más recientemente el de máxima seguridad, pero esos logros aún siguen siendo insuficientes.

Sabemos que en el interior de los penales situados a todo lo largo y ancho del país se cometen delitos de toda clase: homicidios, lesiones, violaciones, robos, amenazas, etc., hechos que ponen en juego la vida y condición humana de los reclusos, en forma cotidiana. Asimismo, conocemos que desde ahí se planifican y organizan toda clase de acciones preparatorias para la comisión de delitos, sin que las autoridades hayan puesto control y paro. Los funcionarios de gobierno responsables de la seguridad carcelaria justifican que sus presupuestos no les permiten resol ver estos males. La situación continúa igual o peor.

Otro de los problemas que han comenzado a salir del control de las autoridades es el de los centros de detención temporal de personas, en su mayoría en vías de investigación. Estos centros, resguardados por agentes de la Policía Nacional Civil, son lugares inadecuados para tales fines. Generalmente son pequeñas “casas” de alquiler, en donde en una parte de ellas tienen sus oficinas y recámaras los agentes, y otra habitación es utilizada como bartolina en donde se aloja a sospechosos de cometer crímenes. Estas bartolinas generalmente se encuentran en estado ruinoso, en condiciones de inmundicia, estrechez, etc., que permiten y fomentan, por su estado de hacinamiento, toda clase de vejaciones.

Varios casos ejemplifican lo anterior. Meses atrás, el caso “Daysi”, una niña de tan sólo trece años de edad fue confundida como pandillera juntamente con otra adolescente, quienes fueron encerradas por la PNC en una de esas bartolinas y durante dos días que permanecieron detenidas fueron brutalmente golpeadas y violadas por nueve individuos que también se encontraban detenidos. El caso pasó a conocimiento de la autoridad judicial y según tenemos entendido, fueron sentenciados cinco menores como responsables de los hechos.

Un segundo caso es el de un menorcito denunciado por sus padres por el delito de hurto, quienes para darle un escarmiento, según ellos, lo denunciaron a la Policía por haberse apropiado de cierta cantidad de dinero. El escarmiento que buscaban los padres fue peor. Mientras el niño estuvo detenido en una de esas bartolinas asquerosas, fue también brutalmente violado y golpeado por otros detenidos. No tenemos noticia si judicialmente fueron procesados los hechores.

Las lista de casos como los apuntados parece ser muchísimo más larga, sin que a la fecha ninguna institución en la defensa de los derechos humanos haya liderado iniciativas que contribuyan a mejorar el problema de las bartolinas y su incidencia delictual. La misma Policía poca o nula importancia da a esta clase de hechos delictivos que suceden bajo sus narices y con aparente complicidad de ciertos agentes policiales, puesto que los mismos continúan repitiéndose.

La principal tarea de un estado democrático de derecho es la defensa de los intereses de sus ciudadanos y el papel de las autoridades es el de hacerlos cumplir. Por ello, emplazamos a las autoridades de seguridad pública a iniciar cuanto antes una transformación del sistema de detenciones policiales a fin de que constituya una garantía y seguridad para los derechos de los detenidos.