Una ley de ética gubernamental

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

Recientemente, en un artículo publicado en una revista de negocios, el embajador de Estados Unidos en El Salvador, señor Hugh Douglas Barclay, se refirió a la necesidad que tiene nuestro país de contar con una ley de ética gubernamental.

El diplomático expresa: “La competencia por la inversión internacional es fiera. El Salvador ofrece ya una excelente infraestructura, ubicación y fuerza de trabajo; pero esto lo ofrecen también otros países de la región y alrededor del mundo. ¿Cómo puede El Salvador diferenciarse entre ellos y continuar atrayendo la inversión que necesita para crear empleos y que la economía crezca?... una buena gobernabilidad —un gobierno que recolecte y utiliza sus recursos de una forma sabia— es clave... Es un hecho simple que cualquier inversionista, ya sea local o extranjero, no quiere tener que tratar con oficiales de gobierno que no sean éticos. Sin la existencia de un compromiso público con el imperio de la ley El Salvador no tendrá éxito en atraer nueva inversión por parte de aquellos que tienen sospechas estereotipadas de lo que es ‘normal en los negocios’ en América Latina.

La ética gubernamental es también importante para la continua consolidación de la democracia... Exponiéndolo de manera simple, el uso de una oficina pública para el lucro privado es inaceptable. Los servidores públicos deben emplear su tiempo y energía en la provisión de mejores servicios... El Salvador debe cambiar la percepción que tienen los inversionistas.

Es más probable que se invierta en El Salvador —creando nuevos empleos que la gente tanto necesita— si se tiene confianza en la probidad de los oficiales gubernamentales”.

Mayor claridad no es posible. ¿Por qué El Salvador atrae a empresarios extranjeros como Joaquín Alviz y algunos otros relacionados con el crimen organizado canadiense y no a multinacionales de reconocido prestigio?

Algo, indudablemente, está cambiando. Centroamérica se ha visto estremecida recientemente por una serie de escándalos de corrupción de funcionarios del más alto nivel. En Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y Panamá, ex presidentes están siendo procesados penalmente por sobornos y extracciones ilícitas del erario público. En nuestro país, aún cuando no se ha llegado a tan altos niveles, sí han salido a la luz pública graves escándalos como los de BFA, ANDA, Ministerio del Medio Ambiente, y otros, que han conmocionado a la opinión pública, pero la actuación de la Fiscalía y las autoridades judiciales, sobre todo, ha decepcionado enormemente al pueblo. La primera, según parece, está usando el perdón discrecional de los responsables de delitos de corrupción como sustituto de la investigación que debía hacer para esclarecerlos; en cuanto al segundo, ¿qué decir del hecho de que la primera condena por corrupción habida en el país desde hace 118 años terminó con el imputado en fuga e imponiendo condiciones al sistema de justicia para su entrega?

Las cosas cambiarán aún más porque El Salvador ha adquirido compromisos internacionales sobre el combate a la corrupción, y esto puede serle reclamado ante instancias internacionales. La Convención Interamericana contra la Corrupción y el Convenio de las Naciones Unidas contra la Corrupción son ley en nuestro país y de las mismas derivan obligaciones para el gobierno. En aplicación de la primera, durante el pasado período presidencial se redactó un proyecto de ley de ética para funcionarios públicos. Lo último que sabemos del mismo es que quedó en una gaveta del escritorio del presidente de la República. Es hora de que se explique por qué y que el proyecto pase a conocimiento público.

La emisión de una ley de ética, sin embargo, no es muy urgente. Nuestra legislación vigente es suficiente para el combate de la corrupción. El embajador estadounidense no nos recomienda una ley, que posiblemente no se cumpla, como tantas otras en nuestro país, sino acción para combatir el flagelo de la corrupción. Esto es lo que hará la diferencia.