La magia del decreto legislativo

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

En un artículo publicado en LA PRENSA GRÁFICA, del 19 de noviembre, leemos: “La derrota de la selección nacional de fútbol a manos de su similar de Panamá mantiene preocupados a los diputados, a tal punto de que quieren revisar una vez más la ley del fútbol nacional”.

En cualquier otra parte del mundo, un parlamentario estaría demandando por difamación al reportero, pero en El Salvador tenemos la horrible convicción de que la noticia es verídica y de que, además, el diputado lo dijo en serio. Es el tipo de cosas que nos hacen desesperar de que los problemas de este país tengan solución algún día.

Ahora resulta que para tener una buena selección de fútbol y para que no nos derroten en la cancha países que tradicionalmente han tenido una trayectoria deportiva peor que la nuestra hay que reformar una ley. En vez de tomar las acciones necesarias para corregir el problema, solucionémoslo al emitir una ley para decir que tenemos que tener buen fútbol y ¡todo solucionado!

No es una situación nueva. ¿No somos lo suficientemente cultos? En vez de tomar las acciones para elevar el nivel cultural de la población, sacamos una “ley de libro” y los salvadoreños ya somos cultos por decreto legislativo.

Si así fuera de fácil la cuestión, ¿por qué no emitimos leyes que ordenen acabar con la pobreza, que prohíba que haya terremotos o que se mueran por inadecuada atención los hipopótamos del zoológico?

Muchos de nuestros diputados, y desgraciadamente gran parte del pueblo salvadoreño, estimulado por algunas llamadas “organizaciones cívicas”, parecen creer que la ley tiene un poder mágico para solucionar los problemas del país. Si esto fuera así, sería muy diferente a lo que es. Nuestras leyes prohíben botar basura en las vías públicas, la mendicidad, los perros deambulando por las calles sin licencia municipal, pero esto no es lo que vemos en la vida cotidiana. En realidad, la ley no es nada más que un papel sin valor, si no se realizan las acciones materiales para cumplir las disposiciones que contiene; la ley no tiene la posibilidad de corregir nada, si no hay funcionarios que la apliquen. Nuestros diputados, en vez de interpelar al Órgano Ejecutivo para averiguar por qué no hace cumplir las leyes que emite, parecen creer que son magos que realizan los deseos de los demás con la emisión de una nueva ley.

Todo esto ha llevado a una degeneración total de las facultades legislativas. La Asamblea Legislativa ya no existe con la finalidad de regular la vida de los ciudadanos salvadoreños, sino con la de hacer propaganda a los partidos políticos. Los diputados compiten por proponer leyes que no se van a cumplir, con el objeto de hacer creer al pueblo que se preocupan por él.

La última manifestación de esto la vemos con las acciones de un partido político de “adelantarse” permanentemente al partido de gobierno. Se sabe que el Gobierno planea un reforma fiscal, pues ese partido se adelanta a proponer su propio paquete de reformas impositivas, indicando además el destino que se debe dar a los nuevos impuestos. El Gobierno convoca a un foro para discutir una nueva ley de protección al consumidor, pues un grupo de “organizaciones cívicas”, que, por supuesto, “no tienen nada que ver con el partido”, propone un nuevo proyecto de ley sobre la materia. Los proyectos siempre están mal redactados, contienen ridículas propuestas populistas imposibles de realizar y, para garantizar que no sean aprobadas, son deliberadamente inconstitucionales. El objeto no es que esas propuestas lleguen a ser leyes, ya que si ese partido estuviera en el poder no las propondría, sino que el objetivo es intentar engañar a los ciudadanos al decirles que ellos sí se preocupan verdaderamente por él y claman indignados cuando el Gobierno justamente rechaza sus “medidas a favor del pueblo”.

Reclamemos a nuestros diputados una actitud de verdaderos legisladores, en vez de la manifiesta demagogia que nos dan día a día.