Entidades representativas de los abogados

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

Los Acuerdos de Paz crearon uno de los procedimientos más democráticos posibles para la selección de integrantes de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Nacional de la Judicatura, permitiendo que los gremios de juristas propongan a la Asamblea Legislativa candidatos para ocupar dichos cargos, los cuales son seleccionados en votación secreta de todos los abogados autorizados. El 23 de abril se efectuará por quinta vez la elección de candidatos del gremio de abogados para miembros del Consejo. La Federación de Asociaciones de Abogados, encargada de administrar la elección, aprobó el respectivo reglamento.

Según la Constitución, los candidatos deben ser propuestos por las “entidades” y la ley ha definido a estas como aquellas que tengan más de 100 miembros. Tal calificación era necesaria para asegurarse de que las propuestas provengan de instituciones serias y que gocen de credibilidad entre los electores y que los proponentes no sean grupos dudosos o formados con fines personales. Sin embargo, durante más de una década, y a pesar de que los actos electorales y los recuentos de votos se han llevado a cabo con toda honradez, la legitimidad de las asociaciones participantes ha sembrado una sombra de duda sobre las elecciones. Diciéndolo claramente, se ha permitido participar a entidades que no reúnen los requisitos legales de membresía que exige la ley.

Una triste realidad en la organización gremial de los abogados salvadoreños es que muchas de las asociaciones existentes son verdaderos “cascarones”. Subsisten porque una vez obtuvieron el reconocimiento de su personalidad jurídica y porque son mantenidas, por idealismo a veces, pero la mayor parte por intereses personales, por grupos diminutos de activistas, que en ocasiones es una sola persona no tienen membresía real ni realizan otra actividad que no sea conducente a participar en elecciones y promover a sus grupos directores. Llegado el momento de la elección, no cuesta mucho reunir 100 firmas de amistades, conocidos y empleados judiciales y presentarlas como libro de afiliados para comprobar su membresía. Y es una gran competencia: en la última década se han formado por lo menos 14 asociaciones de abogados o de jueces, la mayoría de las cuáles han desaparecido tras una elección. Estas organizaciones siempre participan en las elecciones gremiales y son las que más dudosos candidatos proponen.

Durante años se ha tratado de corregir esta situación en el seno de FEDAES; una seria propuesta se hizo el presente año, exigiendo que se establezca la comprobación de la membresía de las asociaciones por medio del examen de sus registros contables que comprueben el número de sus socios contribuyentes. El reglamento aprobado por mayoría, en cambio, estableció que las ocho asociaciones que son parte de la Federación pueden proponer candidatos sin más trámites, al fin, ya fueron “acreditadas” en elecciones anteriores; esto a pesar de que algunas tienen tan pocos miembros que no pueden pagar la cuota de afiliación de $25 mensuales y que no pueden ni siquiera comprobar su existencia legal, pues no han seguido el trámite de inscripción que existe en la ley sobre personas jurídicas que está vigente desde 1996. A las asociaciones no federadas, en cambio, se les exige el requisito de comprobar su personalidad jurídica de conformidad con dicha ley y presentar sus libros de afiliación o una nómina de sus afiliados que pueden ser tan ficticios como los de las asociaciones federadas.

El gremio de abogados tiene que comprender que el privilegio que ha recibido, de proponer candidatos para ocupar los más altos cargos judiciales y administrar las elecciones gremiales, no es una simple prebenda, sino una carga muy dura que debe ser ejercida con la mayor responsabilidad y honradez. Una institución que se corrompe de tal forma que no puede tener solución, debe desaparecer. Corremos el riesgo de perder un privilegio que el pueblo nos ha otorgado.