Otro examen de notariado

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

El pasado mes de diciembre se realizó otro examen masivo de aspirantes a ejercer la función pública del notariado. Se sometieron 3,175 abogados, de los cuales solo aprobaron 412 (menos del 13%). El promedio de notas de los examinados fue 4.5 y uno de ellos obtuvo la nota 0.0 en un examen de selección de opciones. Esto dice mucho de la situación de los gremios jurídicos en el país.

Por una parte, revela la mala formación universitaria de los abogados. La educación que reciben los estudiantes de Derecho no es buena, según se ha dicho muchas veces, y parece que empeorará en el futuro porque, según todos los indicios, nadie tiene la intención de tomar las medidas necesarias para resolver el problema.

Por otra parte, veamos el examen. Los examinados aseguran que contenía preguntas capciosas y mal redactadas. Su contenido, además, comprendía temas de derecho constitucional, civil, mercantil, penal, procesal y casi ninguna estrictamente sobre derecho notarial. En fin, era un examen para medir los conocimientos jurídicos generales del examinado, pero de ninguna manera puede medir la capacidad del mismo para ejercer el notariado. La razón que se dio para esto es que el notario debe tener conocimientos de todo el derecho; pero esto no es cierto: debe tener conocimiento de las materias sobre las que cartula, pero sobre todo, debe conocer la complicada y casuística legislación que rige su función. ¿De qué servirá a los nuevos notarios en el ejercicio de su función conocer las instituciones de carácter procesal constitucional, desarrolladas jurisprudencialmente y no en la ley, sobre las que fueron preguntados?

Hay una opinión generalizada, que no podemos afirmar que sea cierta, de que la Corte Suprema de Justicia pretende con este examen limitar el número de notarios. Según la última nómina publicada, existen 4,345 notarios autorizados, a los que se suman los que aprobaron el examen. Esto es casi el mismo número de notarios que existen en México, país con más de dos millones de kilómetros cuadrados y más de 100 millones de habitantes. Sin embargo, no es el número en sí lo importante, sino sus implicaciones.

Hace más de 100 años, los países centroamericanos dispusieron que todos los abogados podrían ser notarios y seguir ejerciendo su profesión a la vez, algo que no se da en ninguna otra parte del mundo. La razón era que el número de juristas no era suficiente para cubrir las necesidades de notarios que había. Con más de 10,500 abogados autorizados en el país, este ya no es el caso. El notario ejerce una función pública y debe ser un tercero imparcial e independiente de los particulares que actúan ante sus oficios, a cuyos actos inviste de la fe pública del estado. Por otra parte, el notariado se ejerce casi sin control alguno, aunque no debía ser así, y es la principal fuente de delitos en el ejercicio profesional. La Corte debería enfrentar este problema y reformar el sistema tomando en cuenta las realidades y necesidades del país; pero no limitar el número de notarios sin examinar siquiera la capacidad que tienen para ejercer la función, debiendo ser esto el único parámetro para decidir sobre la autorización para el ejercicio de dicha función pública.

Se ayudaría verdaderamente al mejoramiento de la educación universitaria de los abogados, al gremio y al país entero si el examen de conocimientos generales se trasladara al proceso de autorización de abogados, en sustitución de las inútiles prácticas judiciales que se exigen ahora, que no prueban ninguna capacidad y que no ayudan ni al aspirante a ejercer la abogacía ni a la administración de justicia, sino que solo constituyen una traba para aquel y una carga para la segunda. Garantizaría, por lo menos, que accedieran a la profesión sólo quienes tienen una formación académica digna de ese nombre.