Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos
Los inicios del año generalmente están marcados de buenos propósitos, y en el presente, estamos a pocos días de iniciar una campaña electoral para diputados y alcaldes, que sin comenzar, ya nos tiene cansados, por qué no decir, hastiados. La falta de sensatez no solo de los políticos, sino del propio Tribunal, integrado o detentado mayoritariamente por estos, les da el monopolio de las decisiones sobre la materia, lo cual se presta no solamente a la negociación, en el buen sentido de la palabra, sino en otro, que es el que usted, amable lector, está pensando. Vaya crisis de la institucionalidad.
Los candidatos a alcalde ofrecen toda suerte de mejoras a las comunidades, y no hacen otra cosa que volver más evidente el desorden causado por toda la suerte de yuxtaposición de competencias entre el gobierno local y el gobierno central. Por su parte, los candidatos a diputados ofrecen a sus electores la solución de problemas cuyo conocimiento, decisión y gestión corresponde al Ejecutivo. Desde ahí se puede concluir no otra cosa, que habrá más desistematización legislativa.
Nadie, candidato a ocupar un escaño en el Órgano Legislativo, ha ofrecido colaborar y exigir una verdadera sistematización de nuestro régimen legal, “limpiando” el sistema de regulaciones que no obedecen a lógica alguna, disposiciones contradictorias, competencias indeterminadas o multiplicidad de las mismas; y peor aún, doble competencia para la gestión del mismo asunto, indefinición de atribuciones, usurpación de las mismas entre Órganos del Estado, ni mucho menos hablar de la demagogia legislativa, o de los conflictos de intereses que se presentan a los legisladores en las propias comisiones de la Asamblea Legislativa, como es el caso del conocimiento de las prórrogas para el uso de “unidades antiguas” en clara amenaza a la vida de los salvadoreños, de parte de un conocido “busero” que alega no serlo. Esto es lo que les ha hecho perder la credibilidad, no la falta de leyes nuevas.
No es nuestro propósito mencionar solamente estos temas, de suyo interesantes para los salvadoreños, que padecen la incertidumbre jurídica generada por lo antes dicho, sino que como reza el título de este artículo, ¿con qué leyes nuevas saldrán nuestros diputados? Parece ser, que después del escándalo de una casa corredora de bolsa, en el cual todavía se siguen las investigaciones, pudiera presentarse otro caso similar. Es en este punto en el que conviene destacar que hay una serie de proyectos de ley, que por su carácter técnico a lo mejor no le interesan a los candidatos a legisladores, pero que al expresarles las consecuencias que se pueden prever, les resultará —esperamos— al menos atractivo escuchar de qué se trata.
Debe hacerse realidad el principio que el inversionista es el que corre con el riesgo de su inversión, en tal sentido, no tiene por qué asumir los riesgos del corredor, especialmente en aquellos casos que se dan en llamar “portafolio de inversión”, que debido a la ley vigente en la materia, se presta a que se manejen como una cuenta común. Ya existe un proyecto de lo que deberá ser una nueva Ley del Mercado de Valores, que entre otras cosas resuelve esta grave amenaza. Así se evitaría que nuestros futuros legisladores tengan que estar formando una nueva comisión investigadora del próximo escándalo financiero que se presente.
También hay un proyecto de ley que espera la aprobación legislativa y es el de la Ley de Fondos de Inversión. Y si el inversionista se siente atraído por los flujos que representa una actividad profusa en pagos, generados por una enorme cantidad de contratos, ahí está el proyecto de Ley de Titularización de Activos.
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