El arbitraje y las universidades salvadoreñas

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

Basta hacer un clic en algún buscador de internet con las palabras “Arbitraje en la República de El Salvador”, para encontrar decenas de documentos, que van desde la Constitución salvadoreña hasta convenios bilaterales de protección de inversión entre estados, todos con un denominador común: las divergencias entre particulares pasarán a ser resueltas, ya no por el Órgano Judicial, sino mediante un método alterno de solución de conflictos. Un tema antes de poca atracción es, desde hace algunos años, cotidiano, y de necesario abordaje por todo profesional del Derecho que pretenda vivir en un mundo globalizado.

Si bien, en el país no existe una cultura del uso de los métodos alternos a la solución de controversias, con la entrada en vigor de la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje, en agosto de 2002, y ante la supresión, cada día más frecuente, de trabas fronterizas, el país ha redoblado sus esfuerzos institucionales, para impulsarlos. La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador tiene un moderno centro de arbitraje; la Procuraduría General de la República tiene su centro de mediación; y el Ministerio de Trabajo examina también la posibilidad del suyo. Y es que, a pesar de no ser un tema novedoso, pues se contempla desde la primera Constitución salvadoreña, pasando por los códigos Civil y Procesal Civil del siglo XIX, hasta llegar al Código de Comercio y la Ley Procesal Mercantil de la pasada década de los setenta, actualmente es cuando más se necesitan los beneficios de dichos medios alternativos, tales como celeridad en la solución de disputas y especialidad de los miembros que la resuelven, entre otros.

La resolución alternativa de disputas no es una moda anglosajona, es toda una cultura que ha llegado para quedarse; desde México hasta la Argentina se ha latinizado, y cada día tendrá un mayor peso en el orbe jurídico, gestando poco a poco, lo que los tratadistas llaman el cambio de la cultura del litigio a la del diálogo.

No obstante, este es un tema pendiente de abordar por nuestras instituciones de educación superior. En El Salvador existen 26 universidades y 5 institutos especializados, de los cuales, 20 de aquellas y uno de estos imparten la carrera de Licenciatura en Ciencias Jurídicas, y actualmente solo tres incluyen en sus programas académicos la materia en mención. Con buen tino, dichas instituciones la sirven en períodos académicos avanzados, pues su estudio implica necesariamente una antesala jurídica, conocimientos sobre variedad de temas, como principios del proceso, de comercio, de administración pública, sobre ejecución de fallos en el exterior, entre otros. Con la excepción de una institución relativamente nueva, paradójicamente, ninguna de las universidades que la imparten es de las más reconocidas por su prestigio en la carrera de Derecho; y, si en principio esto no es censurable, deja entrever la necesidad de su pronta inclusión en el pénsum de las demás. En la revisión a sus programas académicos, nuestras universidades deberán incorporar esta materia e ir más allá, ya que dada su dinámica de oralidad, no solo deberá ser objeto de un estudio teórico-doctrinal, sino también aprenderse con la práctica.

Por ley, las instituciones de educación superior deben actualizar su programa de estudio, por lo menos, una vez al término de duración de la carrera, pudiendo incluir en sus próximas mejoras la materia de “Arbitraje” o brindarle al tema mayor preponderancia en cátedras de estrecha conexión, como Derecho Procesal, Mercantil, Internacional Privado, etc. Alguien dijo que el desarrollo de los métodos alternos será, durante los próximos años, el reto de mayor importancia en el foro salvadoreño. ¿Tomarán cartas en el asunto nuestras universidades? ¿Formarán profesionales capaces de adoptar la cultura del diálogo?