Reformas penales y democracia

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

En el ámbito penal del Derecho, se trata del establecimiento de las regulaciones relativas a la prevención, averiguación y juzgamiento de las conductas delictivas, así como de la rehabilitación y reinserción a la sociedad de aquellos que fueron condenados a la privación de la libertad. Por consiguiente, es indiscutible el impacto que tales aspectos tienen en el desarrollo cotidiano de la vida de un país y en los esfuerzos por consolidar genuinos ambientes de seguridad y paz social.

Es trascendental que los gobiernos adopten políticas criminales que traten todos esos aspectos de una forma objetiva, con carácter científico y coherencia con la realidad social y económica y, por supuesto, sobre la base de un sentido de colaboración, integración y coordinación entre las instituciones del sector público y privado que se convierten en protagonistas de su implementación.

En nuestro país, pareciera que estamos lejos de alcanzar la adopción de una política criminal con tales características; más bien se advierte la ausencia de un contenido científico del tratamiento de los problemas y la falta de conocimiento —intencionado o espontáneo— de la realidad nacional. A veces hay tentación por afirmar que el sistema de justicia penal en El Salvador puede colapsar.

De un lado, en la última década la población penitenciaria no solo ha crecido significativamente, sino que además la cifra de reos sin condena a escala nacional sigue siendo preocupante.

La política criminal que se viene dando desde el Estado está constituida por reacciones aisladas frente a determinas conductas de grupos de la población, basadas en análisis particulares y no generales del fenómeno delincuencial, teniendo su máxima expresión en la promulgación de decretos legislativos que supuestamente crean nuevos tipos de delitos, pero lamentablemente con vicios de ambigüedad, enfatizando el aspecto puramente represivo aumentando las penas, sin cuidar el ámbito de la prevención, y pretendiendo ser encarado con la creación de tribunales especiales, que conocen de un modelo de juicio especial en el que las garantías básicas del procesado podrían ser desconocidas sistemáticamente.

En estas circunstancias, las modificaciones legales que sobre todo en el ámbito penal se han producido, ponen de manifiesto que nuestro país está careciendo de una política criminal, ya que tales modificaciones parecieran ser más de orden político, adoptando un simple modelo penal autoritario ya casi en abandono en el derecho penal, desde luego que únicamente se ha optado por el simple y puro aumento de las penas de varios delitos. De esta manera, hay preocupación en los hombres de leyes, que advierten una solitaria reacción ante las manifestaciones de inseguridad de la población expuestas por los medios de comunicación.

Como lo ha venido expresando este Centro de Estudios Jurídicos, es urgente que se propicie un adecuado debate sobre el problema delincuencial, aprovechando los importantes insumos recién dados a conocer por la Comisión de Seguridad y Paz Social.

Pero la pregunta es: ¿será suficiente una reforma legal para que la justicia penal salga de esta situación de colapso y cumpla sus encargos esenciales? La envergadura y las dimensiones del problema apuran una respuesta negativa. Pero además sugieren que en este ámbito de la justicia los cambios deben ser prioritarios, pero también reales y profundos.

Es nuestro sentir que en el estado actual de las cosas, con ausencia de meros intereses partidarios y electorales, resulta indispensable propiciar una revisión y reforma integral y completa de los códigos penal y procesal penal; siendo fundamental que el proceso de implementación sea planificado y coherente, evitando así que esta responda a iniciativas sin continuidad.

Los acontecimientos de Suchitoto

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

El día jueves de la semana pasada, la Cámara Especializada de San Salvador confirmó el enjuiciamiento por el delito de actos de terrorismo contra las trece personas capturadas en las afueras de Suchitoto, departamento de Cuscatlán, durante los disturbios callejeros acaecidos el pasado 2 de julio.

Diferentes opiniones se han vertido respecto de la competencia para el juzgamiento de tales hechos, poniendo en el tapete de las discusiones si los actos realizados por los trece imputados deben ser juzgados de acuerdo con lo tipificado en el artículo 5 de la Ley Antiterrorista, o por lo establecido en el artículo 348 del Código Penal.

Lo cierto es que, hoy por hoy, los magistrados de la Cámara Especializada han determinado que debe seguir aplicándose la tipificación establecida en el artículo 5 de la Ley Antiterrorista. Esta decisión, independiente de su mérito jurídico, debe ser respetada y acatada. Si la tipificación del delito cambia en el transcurso del proceso, pues tal decisión deberá acatarse también. En este contexto, el Fiscal General de la República lanzó un fuerte mensaje al Órgano Ejecutivo, al expresarle que lo mejor en este caso es que no opine sobre la tipificación del delito. Entrelíneas, lo que el Fiscal General de la República le manifestó al Órgano Ejecutivo es que este se limite a cumplir con su función, la cual es brindar seguridad a los ciudadanos y capturar a los delincuentes; es el Órgano Judicial el que debe valorar la naturaleza de los actos, así como valorar las pruebas que presente la Fiscalía General de la República, y los argumentos de la defensa de los imputados. Y es que así debe ser.

En nuestros artículos anteriores, hemos insistido en la necesidad inminente de que cada uno de los tres Órganos del Estado tome conciencia de su verdadero papel en la institucionalidad del país, desde luego que los obstáculos reprochables que ponen día a día al desarrollo institucional bloquean el avance de la democratización, la cultura productiva y la inclusión social. Si la Asamblea Legislativa decretó tanto el Código Penal como la Ley Antiterrorista, y el Órgano Ejecutivo los sancionó y los mandó a publicar, cumpliendo ambos órganos con sus funciones constitucionales, pues que dejen al Órgano Judicial cumplir también con su función, es decir, juzgar a los imputados aplicando la legislación existente, de acuerdo con la Constitución de la República. Deben ser los tribunales los que al final determinen qué delito se cometió o no; no deben ser ni los funcionarios del Ejecutivo ni los diputados de nuestro congreso, quienes apriorísticamente emitan opiniones que en nada contribuyen al juzgamiento de los hechos.

Insistimos una vez más: la República no es viable si sus instituciones no funcionan. Y esta tremenda verdad es la que debe privar en la conciencia de los funcionarios que han sido elegidos por el pueblo salvadoreño y en los cuales se ha depositado la confianza para el manejo de la cosa pública. Desde la firma de los Acuerdos de Paz, nuestro país ha avanzado muchísimo en el proceso de democratización. No debemos permitir que tanto esfuerzo y sacrificio sean simplemente olvidados y lanzados por la borda. A los tres órganos del Estado hacemos un vehemente llamado para que tomen conciencia de sus funciones constitucionales y respeten el orden establecido en nuestra Carta Magna. Si las estructuras en ella establecidas no son respetadas, la institucionalidad no tendrá cabida en nuestro país, con las consecuencias desastrosas que ello puede acarrear.

El respeto a la independencia de los poderes del Estado es hoy más que nunca indispensable para el funcionamiento de la institucionalidad; por lo que las expresiones de retórica meramente política o partidista es nada abonan a la conducción correcta de la cosa pública. Solamente el imperio de la ley y el respeto absoluto al principio de legalidad, especialmente en materia penal, permitirán el fortalecimiento de nuestras instituciones judiciales y democráticas, puesto que, como bien se ha dicho, esta práctica es lo que debe ser la “base de la estabilidad progresista y pacífica que nuestra sociedad tanto necesita y nuestro país tanto merece”.

La actividad gremial de los abogados

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

Sin duda alguna los gremios profesionales surgen, en general, con el propósito de organizar la defensa de los intereses de un sector profesional, cualquiera que sea; y, por supuesto como una forma de organización sectorial de la llamada sociedad civil. En tal sentido, es muy común ver que determinados profesionales desarrollan una serie de actividades tendientes a dar a conocer los beneficios que conlleva estar agremiados, así como proporcionar información de carácter científico de la rama que se trate, o llevar adelante programas culturales, tan necesarios en esta época de desarraigo cultural en que se encuentran casi todas las disciplinas del saber.

Esa orientación es la que debería inspirar el giro fundamental de las gremiales de abogados. En el área del Derecho, nuestro país está pasando por momentos muy críticos que demanda el más alto sentido de responsabilidad cívica de los abogados de esta nación. Debería verse a las gremiales de abogados preocupadas por los signos de deterioro de la institucionalidad; por el análisis de las leyes, cuyos fundamentos no obedecen a criterios de una verdadera política legislativa o que son el fruto de un manejo del orden jurídico con justificaciones partidistas; por la intromisión de entidades políticas, constitucionalmente representantes de la población, que se inmiscuyen en actividades que lindan los bordes de la ilegalidad. En fin, deberían las gremiales de abogados estar presentes en actividades con un contenido serio y contributivo frente a los grandes problemas del país. Esto es lo que nos dará prestigio, en el marco de una profesión que ha sufrido los embates de la deshonestidad y el mercantilismo exacerbado al comercializar y consumir títulos, no de dudoso origen, sino de una clara procedencia fraudulenta.

El país necesita a los abogados organizados, pero no para verlos convertidos en grupúsculos afanados simplemente en alcanzar puestos de magistrados o concejales; no para cohonestar en forma servil intereses meramente partidarios; no para servir de plataforma formal para entrega de reconocimientos o distinciones, como forma de congraciarse o pagar favores recibidos; no para defender la incapacidad y la corrupción; ni tampoco, en fin, para servir de fachada a grupos privilegiados que no tienen entereza para expresar sus propias opiniones. No. El Salvador quiere que el gremio de abogados se prestigie; que haya miembros del foro de alto nivel académico y científico; que haya juristas cuya trayectoria de respeto y amor a la patria sean ejemplos para las futuras generaciones; que entre los hombres de leyes se destaquen aquellos dedicados, con abnegación y altos méritos, a la formación de los nuevos abogados que, con probidad y sabiduría, impartan pronta y cumplida justicia; doctores y licenciados que desde la palestra política haga sentir la razón, la prudencia y la equidad.

Los abogados debemos estar conscientes de que lo que demanda la patria en estos momentos no es ocuparse de trivialidades de estéril contribución al gremio y a la patria, sino de atender el llamado a jugar un relevante papel en el proceso de reconstrucción de nuestro país, ya sea en el correcto asesoramiento de los agentes que deben impulsarlo, o en la solución de controversias que dicho proceso genere, pero tomando en consideración, antes que nada, el imperio del derecho, el respeto de los derechos humanos y la vigencia de la democracia.

Por todas estas razones, los jóvenes abogados en el libre ejercicio de su profesión o desempeñando funciones públicas deben convertirse en la fuerza que puje por el rescate de la noble función del abogado, y juntamente con aquellos que ya han recorrido un buen trecho del camino profesional, determinen los nuevos senderos del derecho en El Salvador, para que en el futuro los hombres de leyes volvamos a ser y a ver, y a formar parte de un foro que prestigie a la nación. Por ello, los estatutos constitutivos de las gremiales de abogados no deben ser simples declaraciones de principios que se guardan, por cobardía o pusilanimidad, ante el llamado de la patria a atender las responsabilidad que verdaderamente corresponde.

Las libertades políticas y la institucionalidad

Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho

Hace dos semanas esta institución expresaba que en nuestro país se está desembocando en un ejercicio de la política sin prudencia, que puede ser la causa de futuras actitudes que provoquen un ambiente de ingobernabilidad e irrespeto institucional. Y por eso también expresábamos que hoy más que nunca el ejercicio de la política debe estar enmarcado en una actitud de elemental prudencia, exigiendo que la clase política, con responsabilidad patriótica, distinga lo que es bueno o malo para seguirlo o huir de ello; y que ejerzan sus poderes con templanza y moderación, discernimiento y cordura.

Pareciera ser que las anteriores reflexiones, así como la de muchas otras personas e instituciones, están destinadas a caer en un saco roto, de cara a las reacciones virulentas de todos lados que ha causado la captura del supuesto responsable de la muerte de dos agentes del cuerpo de seguridad del país. Precisamente, a finales del mes de julio del año pasado, el Centro de Estudios Jurídicos, estando recientes los acontecimientos del 5 de julio, señalaba: “En nuestro país, con aciertos y desaciertos, hemos dado pasos importantes en el camino de la democracia; y si bien recientemente se ha escuchado el ruido reprochable de las balas, y lamentado la pérdida de vidas humanas, también hemos visto a quienes todavía se obcecan en los métodos de guerra para obtener fines dizque populares, torcerse ante la presión de la sociedad civil, que ya no está dispuesta a tolerar semejantes desaguisados históricos. Pensamos que las etapas de la confrontación deben dar paso a la discusión transparente y de altura de los problemas de la vida nacional”.

Nosotros creemos que en el orden histórico de las cosas, El Salvador no puede dar un paso gigantesco hacia atrás; nadie concibe que sea posible volver a los tiempos de las confrontaciones armadas rurales o urbanas. Hoy, con las imperfecciones propias de un proceso democrático en desarrollo, existen los espacios para poder expresar y difundir las ideas y pensamientos que puedan sustentar posiciones de personas o entidades; y en la medida que ese espacio se amplía y se depura, se reduce al mínimo la maliciosa justificación de acciones de violencia y de agresión política totalmente inaceptables.

Sin embargo, con mucha preocupación se observa que sectores de la clase política, en vez de potenciar el funcionamiento de la institucionalidad y del estado de derecho, pretenden llevar a una arena política enturbiada, actividades propias de autoridades constitucionalmente establecidas. Hemos de suponer que es válido que instituciones políticas aprovechen cualquier acontecimiento que pueda darles alguna ventaja en la competencia meramente partidarista en función de futuros procesos eleccionarios; pero no es legítimo que se manipulen el orden jurídico y la institucionalidad, poniendo en peligro lo que, el pueblo —no las entidades políticas ni grupos armados— ha logrado alcanzar con una cuota grande de sacrificio personal y social.

Nuestra institución, fiel a sus principios y a las normas de sus estatutos, no se cansará de expresar que la única salida viable para El Salvador es que todos contribuyamos, desde donde nos corresponda, a consolidar el proceso democrático y el imperio del derecho. En ese sentido, siempre condenaremos todo acto de violencia de cualquier naturaleza que infrinja la ley; siempre exigiremos el cumplimiento del mandato legal y la imposición de la justa pena a los infractores; estaremos velando por una correcta administración de justicia; y atentos a denunciar la manipulación interesada de la institucionalidad.

Por lo tanto, demandamos de todos los sectores políticos, una vez más, mucha madurez y responsabilidad, generando no un ambiente de confrontación y agresión, sino de discusión, de debate fuerte, si se quiere, pero en el contexto de un correcto ejercicio de las libertades políticas y ciudadanas.

El proyecto de Ley de Servicios Internacionales

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

Desde el año pasado El Salvador ha experimentado un crecimiento económico sostenido, siendo el sector de servicios uno de los más importantes en la obtención de estos resultados. Algunos de los factores que han incidido positivamente en este desempeño ha sido el incremento de las exportaciones. En las últimas dos décadas hemos transitado de la actividad mono-exportadora de café, la cual dependía de una oscilante variación de precios, a una estructura diversificada de exportaciones, tanto de productos tradicionales como de no tradicionales, haciendo énfasis en estos últimos. Por otra parte, hemos incrementado cuantitativamente nuestros socios comerciales y celebrado tratados de libre comercio con varios de ellos, como los Estados Unidos de América, México y Chile; se ha incrementado la integración económica con el resto de Centroamérica; se encuentra en proceso de negociación el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea y un tratado de libre comercio con Canadá.

Bajo este entorno es que se crea el proyecto de la Ley de Servicios Internacionales, que el presidente de la República ha presentado a la Asamblea Legislativa para su aprobación, con el que se pretende regular el establecimiento y funcionamiento de Parques y Centros de Servicio, así como los beneficios y responsabilidades de los titulares de empresas que desarrollen, administren o usen los mismos. La intención de este proyecto de ley es la creación de esquemas de incentivos similares a los que da la actual Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización, para el sector servicios, pues los inversionistas requieren certeza jurídica que les permita tomar la decisión de establecerse en el país.

Por lo antes señalado es que iniciativas como la promulgación de una Ley de Servicios Internacionales va en la dirección correcta para impulsar el crecimiento económico sostenible de El Salvador, pues es menester disponer de un nuevo marco legal que se adecue a las exigencias del comercio mundial en distribución y logística internacional. El objetivo es que El Salvador se convierta en un centro de servicios logísticos y distribución internacional dentro de un confiable esquema jurídico que responda a las tendencias del comercio internacional y a las exigencias de los Tratados de Libre Comercio, congruente con las prácticas y políticas reguladas por la Organización Mundial del Comercio (OMC), cuyos tratados exigen la adecuación de la legislación nacional al nuevo régimen imperante en el comercio internacional. Dicha ley permitirá una mayor agilidad, flexibilidad y seguridad en las operaciones de distribución internacional de mercancías destinadas al mundo, estimulando la inversión extranjera y ensanchando las posibilidades de exportaciones como las de desarrollo económico interno.

Algunas de las actividades que se verían beneficiadas con este proyecto de ley serían la distribución internacional, las operaciones internacionales de logística, los centros internacionales de llamadas, las tecnologías de la información, investigación y desarrollo, procesos empresariales, servicios de reparación y mantenimiento de embarcaciones marítimas y aeronaves, servicios médico-hospitalarios y servicios financieros internacionales, siempre que sus actividades sean para la exportación. No obstante lo anterior, si los mismos se destinan para el mercado nacional, se causaran todos los impuestos correspondientes.

El Salvador debe sacarle provecho a su ubicación geográfica y una forma es impulsando leyes que atraigan al inversionista extranjero para establecerse en el país, esperando además que a través del desarrollo que se logre en estas áreas geográficamente definidas se obtenga la transferencia tecnológica que propicie mayor competitividad de nuestras plantas productivas.

La nueva Ley de Servicios Internacionales sería una normativa beneficiosa que promovería el bienestar de miles de salvadoreños.