Reformas penales y democracia

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

En el ámbito penal del Derecho, se trata del establecimiento de las regulaciones relativas a la prevención, averiguación y juzgamiento de las conductas delictivas, así como de la rehabilitación y reinserción a la sociedad de aquellos que fueron condenados a la privación de la libertad. Por consiguiente, es indiscutible el impacto que tales aspectos tienen en el desarrollo cotidiano de la vida de un país y en los esfuerzos por consolidar genuinos ambientes de seguridad y paz social.

Es trascendental que los gobiernos adopten políticas criminales que traten todos esos aspectos de una forma objetiva, con carácter científico y coherencia con la realidad social y económica y, por supuesto, sobre la base de un sentido de colaboración, integración y coordinación entre las instituciones del sector público y privado que se convierten en protagonistas de su implementación.

En nuestro país, pareciera que estamos lejos de alcanzar la adopción de una política criminal con tales características; más bien se advierte la ausencia de un contenido científico del tratamiento de los problemas y la falta de conocimiento —intencionado o espontáneo— de la realidad nacional. A veces hay tentación por afirmar que el sistema de justicia penal en El Salvador puede colapsar.

De un lado, en la última década la población penitenciaria no solo ha crecido significativamente, sino que además la cifra de reos sin condena a escala nacional sigue siendo preocupante.

La política criminal que se viene dando desde el Estado está constituida por reacciones aisladas frente a determinas conductas de grupos de la población, basadas en análisis particulares y no generales del fenómeno delincuencial, teniendo su máxima expresión en la promulgación de decretos legislativos que supuestamente crean nuevos tipos de delitos, pero lamentablemente con vicios de ambigüedad, enfatizando el aspecto puramente represivo aumentando las penas, sin cuidar el ámbito de la prevención, y pretendiendo ser encarado con la creación de tribunales especiales, que conocen de un modelo de juicio especial en el que las garantías básicas del procesado podrían ser desconocidas sistemáticamente.

En estas circunstancias, las modificaciones legales que sobre todo en el ámbito penal se han producido, ponen de manifiesto que nuestro país está careciendo de una política criminal, ya que tales modificaciones parecieran ser más de orden político, adoptando un simple modelo penal autoritario ya casi en abandono en el derecho penal, desde luego que únicamente se ha optado por el simple y puro aumento de las penas de varios delitos. De esta manera, hay preocupación en los hombres de leyes, que advierten una solitaria reacción ante las manifestaciones de inseguridad de la población expuestas por los medios de comunicación.

Como lo ha venido expresando este Centro de Estudios Jurídicos, es urgente que se propicie un adecuado debate sobre el problema delincuencial, aprovechando los importantes insumos recién dados a conocer por la Comisión de Seguridad y Paz Social.

Pero la pregunta es: ¿será suficiente una reforma legal para que la justicia penal salga de esta situación de colapso y cumpla sus encargos esenciales? La envergadura y las dimensiones del problema apuran una respuesta negativa. Pero además sugieren que en este ámbito de la justicia los cambios deben ser prioritarios, pero también reales y profundos.

Es nuestro sentir que en el estado actual de las cosas, con ausencia de meros intereses partidarios y electorales, resulta indispensable propiciar una revisión y reforma integral y completa de los códigos penal y procesal penal; siendo fundamental que el proceso de implementación sea planificado y coherente, evitando así que esta responda a iniciativas sin continuidad.