Las libertades políticas y la institucionalidad

Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho

Hace dos semanas esta institución expresaba que en nuestro país se está desembocando en un ejercicio de la política sin prudencia, que puede ser la causa de futuras actitudes que provoquen un ambiente de ingobernabilidad e irrespeto institucional. Y por eso también expresábamos que hoy más que nunca el ejercicio de la política debe estar enmarcado en una actitud de elemental prudencia, exigiendo que la clase política, con responsabilidad patriótica, distinga lo que es bueno o malo para seguirlo o huir de ello; y que ejerzan sus poderes con templanza y moderación, discernimiento y cordura.

Pareciera ser que las anteriores reflexiones, así como la de muchas otras personas e instituciones, están destinadas a caer en un saco roto, de cara a las reacciones virulentas de todos lados que ha causado la captura del supuesto responsable de la muerte de dos agentes del cuerpo de seguridad del país. Precisamente, a finales del mes de julio del año pasado, el Centro de Estudios Jurídicos, estando recientes los acontecimientos del 5 de julio, señalaba: “En nuestro país, con aciertos y desaciertos, hemos dado pasos importantes en el camino de la democracia; y si bien recientemente se ha escuchado el ruido reprochable de las balas, y lamentado la pérdida de vidas humanas, también hemos visto a quienes todavía se obcecan en los métodos de guerra para obtener fines dizque populares, torcerse ante la presión de la sociedad civil, que ya no está dispuesta a tolerar semejantes desaguisados históricos. Pensamos que las etapas de la confrontación deben dar paso a la discusión transparente y de altura de los problemas de la vida nacional”.

Nosotros creemos que en el orden histórico de las cosas, El Salvador no puede dar un paso gigantesco hacia atrás; nadie concibe que sea posible volver a los tiempos de las confrontaciones armadas rurales o urbanas. Hoy, con las imperfecciones propias de un proceso democrático en desarrollo, existen los espacios para poder expresar y difundir las ideas y pensamientos que puedan sustentar posiciones de personas o entidades; y en la medida que ese espacio se amplía y se depura, se reduce al mínimo la maliciosa justificación de acciones de violencia y de agresión política totalmente inaceptables.

Sin embargo, con mucha preocupación se observa que sectores de la clase política, en vez de potenciar el funcionamiento de la institucionalidad y del estado de derecho, pretenden llevar a una arena política enturbiada, actividades propias de autoridades constitucionalmente establecidas. Hemos de suponer que es válido que instituciones políticas aprovechen cualquier acontecimiento que pueda darles alguna ventaja en la competencia meramente partidarista en función de futuros procesos eleccionarios; pero no es legítimo que se manipulen el orden jurídico y la institucionalidad, poniendo en peligro lo que, el pueblo —no las entidades políticas ni grupos armados— ha logrado alcanzar con una cuota grande de sacrificio personal y social.

Nuestra institución, fiel a sus principios y a las normas de sus estatutos, no se cansará de expresar que la única salida viable para El Salvador es que todos contribuyamos, desde donde nos corresponda, a consolidar el proceso democrático y el imperio del derecho. En ese sentido, siempre condenaremos todo acto de violencia de cualquier naturaleza que infrinja la ley; siempre exigiremos el cumplimiento del mandato legal y la imposición de la justa pena a los infractores; estaremos velando por una correcta administración de justicia; y atentos a denunciar la manipulación interesada de la institucionalidad.

Por lo tanto, demandamos de todos los sectores políticos, una vez más, mucha madurez y responsabilidad, generando no un ambiente de confrontación y agresión, sino de discusión, de debate fuerte, si se quiere, pero en el contexto de un correcto ejercicio de las libertades políticas y ciudadanas.