lunes, 27 de agosto de 2007

Los caminos tortuosos de la corrupción

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos


Que el país ha caído en garras de la corrupción es innegable. Hace algún tiempo, ante escandalosos casos que salieron a la luz pública el país reaccionó indignado pidiendo justicia, pero pronto fue cayendo en una especie de actitud pasmosa provocada por la larga espera de una acción eficaz de los encargados de hacer cumplir la ley.


Parecía entonces que frente a este mal social lo único que quedaba era resignarse ante la adversidad; sin embargo, los nuevos casos de corrupción conocidos en las últimas semanas, en que están involucrados varios alcaldes municipales, diputados y auditores fiscales, han impactado a la opinión pública y de nuevo se oyen voces pidiendo castigo para los culpables.


Hemos dicho anteriormente que la corrupción es un mal que afecta a la sociedad salvadoreña y es necesario ponerle coto de una vez por todas, y que a ese efecto las autoridades cuentan con instrumentos legales apropiados para hacerle frente y erradicarlo, actuando con la misma decisión y firmeza que se usa cuando se combate una epidemia.


También hemos dicho que combatir la delincuencia es una responsabilidad compartida por diversas instituciones estatales y en el caso particular de los delitos de corrupción, es evidente que deberían ser más enérgicas en su persecución, no solamente de funcionarios de baja jerarquía, sino también a los autores intelectuales y a los corruptores que se lucran desde el ámbito privado.


El castigo de los responsables en el caso de corrupción en ANDA es un buen comienzo a este respecto, pero falta mucho por hacer. Los casos abundan y las autoridades tienen la oportunidad de demostrar que realmente las anima una voluntad cierta de combatir esta lacra social.

En efecto, hay casos que ameritan una atención especial, como es el caso del MOP. Lo patético del reportaje que aparece en la revista Enfoques, de LA PRENSA GRÁFICA, correspondiente a la edición del domingo 19 de este mes de agosto, impresiona de tal manera que causa extrañeza que las autoridades no persigan denodadamente a los responsables de este caso de corrupción. Lo escandaloso de los “caminos torcidos de lujo” y demás hechos mencionados en el reportaje no solo estriba en los montos millonarios de dinero despilfarrado en las obras y los trabajos del MOP, sino en la burla de la ciudadanía que espera, confiada y conforme, tener condiciones adecuadas para una vida mejor.


Pero la corrupción, además, transita por caminos tortuosos que conducen a situaciones verdaderamente deplorables, como lo ejemplifica el caso de la disputa del fiscal general de la República con el presidente de la Corte de Cuentas, que se acusan mutuamente de acciones salpicadas de corrupción, disputa que inesperadamente salió a la luz pública y es demostrativa de lo dañino de este fenómeno, además de evidenciar con crudeza los males que genera la politización de las cuestiones públicas y el reparto inmoral de cargos entre los partidos políticos.

Las actuales circunstancias deberían generar más energía y nuevos ímpetus en la conciencia nacional para luchar contra la corrupción e impedir que esta avasalle a la sociedad entera.


Para empezar, debería hacerse una profunda reforma legal para impedir que los cargos de los funcionarios electos por la Asamblea Legislativa dejen de ser coto de caza de militantes partidarios y, dándole cabida a la sociedad civil, se institucionalicen, se despartidicen, se tecnifiquen y se conviertan en verdaderas entidades que representen los intereses de la nación.

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