Una facultad usurpada

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

Después de infinidad de estudios, recomendaciones y peticiones, cualquier ciudadano creería que por fin los salvadoreños elegiremos a los diputados en 2009.

Sin embargo todas las señales indican lo contrario. Cómo gritan los abundantes análisis políticos y jurídicos: “Estos ya fueron o serán nombrados por las cúpulas de los partidos políticos siguiendo el sistema de listas cerradas o bloqueadas, el principio de la democracia del reenganche y la condición de fidelidad y absoluta sumisión a las directrices que impone la misma cúpula partidaria. Actualmente los salvadoreños solo votamos al marcar sobre la bandera y el símbolo del partido y por la planilla elaborada por los más influyentes del instituto político”.

A los partidos políticos probablemente solo les interesa una virtud de los candidatos: la obediencia a la cúpula partidaria. Parece importar poco la instrucción notoria o la solvencia moral o si el candidato está relacionado o no con el narcotráfico, y por supuesto es irrelevante que en su cargo tengan acumulados quince años de estar calentando sus curules sin que hayan emitido ninguna opinión favorable a los intereses nacionales.

Pero lo más grave, es que de estas flamantes figuras depende la institucionalidad del país, porque ellos nombran después de “muchos enjuagues debajo de la mesa” a quienes ocupan los cargos de fiscal general de la República, presidente y magistrados de la Corte de Cuentas, procuradores y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, etc., reproduciendo esa obediencia y sumisión al partido. Si los diputados según la Constitución representan al pueblo entero y no están ligados por ningún mandato imperativo, otros funcionarios están obligados a actuar con independencia, sirviendo al pueblo y cumpliendo la Constitución.

El lamentable que se hayan desatendido las recomendaciones certeras y positivas de prestigiosos académicos, como el politólogo Dr. Manuel Alcántara Sáez, que en su obra “Las Instituciones Democráticas en El Salvador: Valoración de Rendimiento y Plan de Fortalecimiento”, encargada por FUSADES, con el apoyo de España, se refiere a las elecciones y el sistema electoral, sosteniendo: “En cuanto a la representación, el sistema electoral es mejorable en aquellos aspectos en los que refleja mayores niveles de ineficiencia, como es el caso de un exceso de verticalismo y poder de las cúpulas partidistas, que se encuentra entre uno de los determinantes posibles de la percepción de distanciamiento entre los representantes y los electores. La lista abierta se ha convertido en los últimos años en la panacea para la solución de buena parte de los problemas de la democracia en América Latina”.

También los diputados han visto con indiferencia los anteproyectos de ley presentados por la Concertación Democrática Nacional en febrero pasado, en los que solicitan la adopción del sistema de listas abiertas o desbloqueadas, para escoger o elegir diputados y efectuar de esta manera una auditoría sobre las actuaciones legislativas de los padres de la patria, así como la despartidización del Tribunal Supremo Electoral para que refleje trasparencia y credibilidad. No deben ser los partidos políticos sino los ciudadanos u otras instituciones los que garanticen la transparencia de las elecciones. Por ejemplo, en Guatemala se integra el Tribunal Supremo Electoral mediante listas de abogados que elaboran la Universidad de San Carlos, la Barra de Abogados, etc., que someten al Congreso para ser elegidos. Costa Rica y Uruguay integran su organismo electoral con magistrados no partidarios. En Panamá, se integra por tres abogados uno por cada órgano principal del Estado. En Brasil y Argentina, son jueces electorales que dependen del Poder Judicial.

Estas reformas son urgentes para mejorar nuestra débil institucionalidad. En el caso de las listas abiertas no se necesita reforma constitucional, sino que basta un simple acuerdo político de mayoría.