Responsabilidad institucional del juez

Por el Imperio del Derecho / Centro de Estudios Jurídicos

En los últimos años ha surgido una serie de ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales destinados a contrarrestar la grave crisis sobre la ética de los funcionarios que se desempeñan en la administración pública. Esa falta de ética puesta de manifiesto en innumerables casos ha conducido a la desconfianza generalizada de la sociedad sobre las actuaciones de los diputados, ministros, jueces, y en general, de todos los que ejercen cargos públicos. Muchos piden a la sociedad que cambie la percepción hacia ellos, pero sin que hagan esfuerzos por modificar sus actitudes.

El Código Iberoamericano de Ética Judicial impone a los jueces el deber de rechazar conductas del que llama “mal juez” y del “simplemente mediocre que se conforma con el mínimo jurídicamente exigido”. Aparte de los tradicionales principios éticos judiciales, como la independencia, imparcialidad, transparencia, honestidad y otros, surge el innovador principio de “responsabilidad institucional”, mediante el cual los jueces no deben conformarse con cumplir sus obligaciones individuales en los respectivos despachos, sino además, trabajar activamente por mejorar el funcionamiento del sistema en su conjunto.

Es necesario adquirir un compromiso con el sistema judicial al que pertenece. Ese dinamismo esperado, según el código en mención, requiere de cada juez que sea vigilante de las conductas de sus propios colegas y que señale aquellos incumplimientos graves de estos; así como también, que se produzcan promociones o ascensos a favor de quienes demuestran comportamientos irregulares en su desempeño.

Aunque de entrada este principio ético pueda parecer que persigue confrontación, en verdad busca rescatar el sistema judicial de las manos de la deshonestidad y la mediocridad. Cada juez está inmerso en el sistema judicial y por mucho que personalmente cumpla sus deberes oficiales, no puede eludir su responsabilidad frente a las calificaciones negativas. Es corriente escuchar que el sistema judicial salvadoreño es “corrupto y deficiente”; aunque muchísimos jueces con sus actuaciones han demostrado ser lo contrario, las críticas los incluyen porque se formulan a todo el sistema.

Es curioso observar que entre el colectivo judicial, cuando un juez o magistrado de cualquier nivel, incluyendo los de la Corte Suprema de Justicia, son cuestionados por conductas inapropiadas o irregulares, en vez de ser denunciados, sus propios colegas constituidos en asociaciones acuden a su respaldo mediante entrega de reconocimientos, placas o medallas al mérito.

Por eso, cuando vemos eventos destinados a resaltar una imagen falsa del galardonado, nos queda la sensación que ese reconocimiento persigue ocultar algo malo o busca promociones o ascensos inmerecidos. Llenan de publicidad los eventos, la Corte Suprema paga enormes espacios en los medios de comunicación, con los impuestos de los ciudadanos, y colman de fotografías a todo color las revistas institucionales, que exhiben al inmerecido laureado. Son escasas las condecoraciones a funcionarios judiciales que realmente lo merecen por su constante labor e integridad. Los reconocimientos públicos son la moda y el mecanismo más eficaz para cubrir con el manto de la hipocresía las infracciones a los deberes éticos.

Es de mal gusto cuando un magistrado de la Corte Suprema recibe un reconocimiento público de alguna asociación de jueces y semanas más tarde aparece aquel magistrado agasajando al juez promotor: pagando el favor. Ahora que se acercan también las elecciones de magistrados a la Corte Suprema, pronto comenzarán los eventos sociales y las exaltaciones de valores inexistentes a funcionarios que incluso han hecho mucho daño al sistema judicial, al país y han contribuido a la merecida desconfianza de la sociedad.

¡Jueces: Por el bien del sistema judicial y de la sociedad, cumplan su responsabilidad institucional!