Elecciones transparentes en el CNJ

Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho

Cada vez que hay una elección nos encontramos rápidamente con los candidatos, la propaganda y el momento de votar. No sabemos en todos los casos cómo se construyó esa candidatura, quiénes compitieron, los atributos de todos los participantes ni si hubo espacio para que los militantes y mucho menos los ciudadanos revisaran el proceso y se pronunciaran.

Desgraciadamente se ocultan al ciudadano datos de las instituciones, de los actos de trascendencia pública y del país. Lo que conocemos es una parte: lo que quieren darnos y lo que nos da el esfuerzo de terceros, como los medios de comunicación. Es difícil tomar las decisiones adecuadas al momento de votar, cuando la información necesaria no está al alcance directo del ciudadano.

Lo mismo ocurre en las elecciones de segundo grado, como el de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Es un proceso teóricamente diseñado para aumentar la participación ciudadana y evitar que los diputados elijan arbitrariamente, teniendo que someterse a listas impuestas por otros.

Se pretendió que una institución como el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) formada por representantes de los jueces, universidades, asociaciones de abogados y entidades públicas, procediera a elegir candidatos con base en sus capacidades, independencia e idoneidad. Sin embargo esa institución, formada por siete funcionarios que son nombrados por la Asamblea Legislativa, ha dado muestras en otras ocasiones de seguir orientaciones políticas o responder a otros intereses cuando designa candidatos que no llenan las condiciones adecuadas. La causa proviene de la fuerte influencia y presiones que pueden ejercer los partidos representados en la Asamblea, sobre los miembros de este consejo y las aspiraciones personales de muchos de sus miembros que no desean entrar en conflicto con la institución que puede elegirlos para otros cargos.

Lo peor del proceso es que es llevado con extremo secretismo. Algunos miembros del CNJ se amparan en el artículo 83 de su ley que establece: “Toda la información que maneje el Consejo en sus actuaciones y registros, será reservada; pero podrá extender certificaciones en los casos autorizado por esta ley y por orden judicial”.

No obstante existen tratados internacionales que están por encima de tal legislación y en todo caso la interpretación correcta no impide conocer nombres de aspirantes, que las entrevistas sean públicas y que el proceso de elección sea transparente.

El proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia no solo debe ser público en la Asamblea Legislativa, sino también el proceso de elección de candidatos por el CNJ.

La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social ha pedido “transparentar y robustecer en todas las etapas” el proceso de selección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sosteniendo que debe ser un proceso público en el que se incluyan entrevistas con los candidatos conociendo su trayectoria en una línea de pensamiento jurídico.

Algunos diputados ante señalamientos de reparto de cuotas le echan la culpa a las instituciones proponentes; cuando en realidad los partidos políticos saben muy bien que la decisión del CNJ puede ser influida por los diputados y mucho antes de que lleguen los propuestos a la Asamblea.

Los aspirantes a la Presidencia de la República han sido más sinceros y reconocieron como práctica común la designación para estos cargos de personas que sin importar su desempeño profesional dan muestras de ciegas lealtades partidarias y aceptaron que sus partidos se han distribuido los puestos e incluso instituciones completas, de modo proporcional a la cuota de influencia que ejercen en el escenario político.

Si queremos cambios a favor de la institucionalidad lo primero que se requiere es seriedad y reconocer realidades. Después viene la transparencia.