A dos semanas de las elecciones de abogados

Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho

Nos acercamos al sábado 7 de marzo, que será la fecha en que todo abogado autorizado podrá ejercer el voto en las elecciones organizadas por la Federación de Asociaciones de Abogados (FEDAES) y elegir a los profesionales que considere más convenientes para el cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

Las paredes, puertas y ventanas de los diferentes centros judiciales del país están inundadas de afiches, fotografías y peticiones de voto por parte de los diferentes aspirantes a magistrados y magistradas. Algunos candidatos compiten con el tamaño de la fotografía, repartiendo obsequios y prometiendo beneficios personales, o asumen un carácter que no han mostrado en la práctica profesional y hacen promesas de hacer lo que siempre han despreciado.

Podríamos escribir una lista extensa de defectos de la elección de las asociaciones de abogados que administra la FEDAES, lo cual amerita futuras reformas; pero hay que resaltar lo positivo y es el hecho de que al menos se conoce públicamente a los que compiten, se pueden valor sus propuestas o falta de estas y el desarrollo del proceso es más o menos de carácter público.

No ocurre lo mismo con la elección que realiza el Consejo Nacional de la Judicatura plagado de secretismo y sospecha. No se sabe el nombre de las personas que compiten ni quiénes de los consejeros votan por determinados candidatos y cuál es el fundamento para hacerlo. La reserva en asuntos de interés público como son los procesos de propuesta y selección de candidatos a magistrado o magistrada a la Corte Suprema de Justicia resulta intolerable. Además en ocasiones anteriores se han dejado por fuera ciertos candidatos de reconocida trayectoria por su capacidad, independencia y honradez y se han colocado en la lista de los elegidos a candidatos relacionados con el mismo consejo o son personas que no se destacan por sus atributos profesionales.

Algunos sostienen que basta un buen proyecto de trabajo y que el candidato no importa. En realidad debe haber un equilibrio entre personas y proyectos. Si bien es importante que se tengan proyectos de trabajo que se ajusten a las necesidades más urgentes de la administración de justicia, el candidato agrega valores necesarios para orientar su actividad en un plano éticamente correcto, que influya positivamente y que comparta sus habilidades o capacidades con los demás, para obtener mejores resultados. El carácter y los atributos pesan. Precisamente hay condiciones materiales que empujan hacia ciertas conductas y la persona proporciona ingredientes para plegarse a lo positivo o negativo.

El cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia no requiere simple capacidad y moralidad, sino que un nivel destacado de dichos atributos. Mejor si el aspirante ha demostrado a través de casos concretos que no permite influencias de ninguna naturaleza, que tiene capacidad técnica para que las decisiones constituyan garantía de un mejor servicio público de la justicia y que contribuye tenazmente al combate a la corrupción.

La actual Corte Suprema y el Órgano Judicial tienen fortalezas, pero existen debilidades sobre las cuales se requiere trabajar más. Por ejemplo la independencia judicial, el ingreso y los ascensos de los jueces, magistrados y empleados, la reducción de los plazos, la descentralización, la disminución de la carga administrativa, la transparencia y la confianza nacional e internacional, deben ser prioridades. El futuro magistrado debe ser motor del compromiso y actividad de toda la institución para apoyar lo positivo que exista y aportar nuevos puntos de vista y modelos de trabajo Para ello se requiere algo más que sumarse como autómata a un plan positivo existente o creado por otros, debe ser destacado impulsor y participante en lo beneficioso para la administración de justicia y un creador y demandante de aquello que haga progresar la administración de justicia.