Oscuro proceso en el CNJ

Centro de Estudios Jurídicos / Por el Imperio del Derecho

No cabe duda que el proceso previo a la elección de candidatos a magistrados a la Corte Suprema de Justicia debe someterse a una rigurosa revisión para que genere mayor credibilidad y procurar que desde el principio se ejerzan controles de calidad.

La primera y más urgente regulación es que en la elección organizada por la Federación de Asociaciones de Abogados (FEDAES) solo participen abogados y en la designación del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) sea exclusivo para jueces. Esto debe ser así en el caso de los juzgadores, porque la dignidad del cargo y su objetividad podrían verse afectados, realizando actos publicitarios excesivos o rayanos en la ridiculez o solicitando apoyos y votos. Además conviene que sea el CNJ porque esta es la institución que selecciona, capacita y evalúa a los jueces, por ende, es quien debería conocer de cerca el trabajo que ejercen dichos funcionarios judiciales.

En la actualidad se produce un contrasentido. En las últimas elecciones entre abogados, se eligió a trece jueces como candidatos a magistrados y solo dos abogados en libre ejercicio. Estamos esperando la lista proveniente del Consejo y si repetimos las experiencias pasadas, ahí encontraremos principalmente a los abogados que se han dedicado a la política o están relacionados con la misma y solo algunos jueces y magistrados. Lo cual haría pensar que el CNJ conoce más a estos abogados, que a los jueces que evalúa o que considera más adecuados para el cargo a los que están cerca de la política, que a los que se dedican a juzgar.

La separación de procesos desde luego no mejorara automáticamente la selección, pues habrá que mejorar las condiciones para que de cada elección sea transparente y adecuada para elegir a los mejores candidatos.

Hay que buscar los mecanismos para que las asociaciones de abogados asuman mayor responsabilidad en sus propuestas de precandidatos y crear un procedimiento que garantice de mejor forma el cumplimiento de requisitos de idoneidad, capacidad y objetividad. No se trata simplemente de preguntar a sus asociados quiénes quieren participar en el proceso, sino designar a los que tengan aquellas cualidades mediante un procedimiento responsable.

Hay que regular los tiempos y los modos para hacer proselitismo. El cargo de magistrado exige mucha capacidad técnica y esta solo puede medirse si los aspirantes se someten a debates, ponencias o escrutinio de la sociedad civil organizada, como las universidades, institutos de investigación, organismos no gubernamentales, iglesias u otros. Es importante conocer la visión que tiene el aspirante sobre la administración de justicia y en especial, su pensamiento jurídico.

En la recién pasada campaña de abogados, muchos se dedicaron a ofrecer mejoras salariales a los empleados del Órgano Judicial, aumentar las prestaciones a los miembros de la carrera judicial, a gestionar autorizaciones masivas del notariado y a ofrecer protecciones desde el máximo tribunal de justicia. Además la elección de abogados se realiza en condiciones desiguales y poco fiables, lo cual merecería una revisión completa del procedimiento.

En cuanto al proceso llevado adelante por el CNJ, es preocupante el hermetismo con que se maneja la selección de sus quince aspirantes a magistrados. Es inaceptable que al amparo de una disposición legal diseñada para reservar asuntos estrictamente internos y que no generen daño ni aprovechamientos indebidos de información del CNJ, se oculte a la sociedad los procedimientos de elección de dichos funcionarios que tienen una enorme responsabilidad para el país y que por lo tanto son actividades de transcendencia pública, para las que no se justifican secretismos. Se debe conocer quiénes presentan solicitudes, sus currículum de ejercicio profesional, quiénes son propuestos por el Consejo, por quiénes votan los concejales y las razones que expresan para hacerlo. Adicionalmente la elección de los concejales y los procedimientos de evaluación del CNJ deben mejorarse.